COLUMNAS DE OPINIÓN: Transacciones en efectivo restringidas
COLUMNAS DE OPINIÓN: Transacciones en efectivo restringidas "L as operaciones de compra y venta que superen las cincuenta unidades de fomento o su equivalente en moneda extranjera deberán efectuarse siempre a través de medios de pagos electrónicos o cualquier otro medio de pago que permita la individualización del pagador". Esta indicación, presentada recientemente por el Gobierno a la discusión del proyecto de ley sobre cumplimiento de obligaciones tributarias, abre un debate no solo en lo concerniente a aspectos específicos de la política impositiva, sino también al combate contra el narcotráfico y, al final del día, a los márgenes de la libertad individual. Limitar las operaciones de compra y venta con circulante exclusivamente a montos situados algo por debajo de los dos millones de pesos parece excesivamente restrictivo. Es cierto que, en principio, evitar transacciones donde no quede registro permitiría impedir operaciones que, debiendo pagar impuestos, no lo hagan, o que sean abiertamente ilegales. Pero nada asegura que esta prohibición logre tales objetivos.
Desde luego, el cumplimiento de la responsabilidad de declarar una operación con implicancias tributarias ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) no está asegurado por el mero hecho de que esta se realice vía transferencia electrónica. A menos, claro, que los bancos estuviesen obligados a declarar todas y cada una de esas operaciones, lo que ciertamente no es deseable.
Es por ello que el cumplimiento tributario difícilmente se modificará con una restricción de este tipo, sino más bien a partir de incentivos a la formalización de los negocios y de una mayor eficacia del SII en el ejercicio de sus tareas. El combate al narcotráfico constituye, sin duda, uno de los desafíos más cruciales para el país, y el esfuerzo de perseguir el delito pasa, en parte, por el seguimiento de los flujos financieros. En esto, dotar de facultades algo más intrusivas a las instancias de fiscalización e investigación, sin que ello exponga arbitrariamente a las personas, puede ser necesario.
Pero, aunque parezca una obviedad, se debe tener en cuenta que el narcotráfico y las actividades ilegales no son particularmente propensos a cumplir con las exigencias de la ley, por lo que este tipo de limitaciones difícilmente modificarán su comportamiento si no van acompañadas de un esfuerzo mayor de persecución del narcotráfico, tanto en la dimensión policial como del lavado de activos. La limitación al uso de circulante parece inocua en proyectos de este tipo, pero genera un riesgo no desdeñable a la libertad individual, al comprometer la privacidad de los pagos.
Por ello, el legislador debe ser extremadamente cuidadoso de no introducir estas restricciones sin asegurar mecanismos para proteger a las personas de la intromisión indebida de agentes del Estado en sus cuentas y en su vida privada. Estas restricciones no deben introducirse sin incorporar mecanismos que protejan a las personas de intromisiones indebidas. Transacciones en efectivo restringidas.