EDITORIAL: Crisis en control migratorio
EDITORIAL: Crisis en control migratorio L a cuestión migratoria sigue generando fuerte preocupación ciudadana y controversia política, en un contexto donde los problemas distan de hallar cauces de solución. Persisten, en efecto, el descontrol fronterizo y los ingresos ilegales de migrantes, mientras disminuyen sus expulsiones. Todo, al tiempo que aumentan las críticas por la reciente incorporación de restricciones administrativas para la devolución inmediata de extranjeros que ingresen ilegalmente desde países vecinos.
Un detallado informe del Instituto Libertad y Desarrollo muestra desafíos y falencias del ordenamiento jurídico nacional para la seguridad de la frontera, indispensable para controlar el comercio ilegal transfronterizo, el narcotráfico, las bandas internacionales del crimen organizado y la trata de personas, junto con permitir el ingreso ordenado, regular y seguro de migrantes. El estudio registra superposición, precariedades y falta de una instancia centralizada coordinadora de siete instituciones públicas encargadas del control de la frontera, los puertos y aeropuertos.
El ingreso irregular de sobre 17.000 migrantes ilegales entre enero y julio de este año confirma la inoperancia de estos controles, abonada por el humillante episodio del ataque por migrantes y apropiación del fusil descargado de un militar, poniendo en duda su efectividad y las precarias atribuciones para el uso de la fuerza y cumplimiento de su cometido. En la categoría de las expulsiones, la situación es también inquietante. En los últimos 30 meses, se han realizado solo 691 expulsiones administrativas y 1.930 judiciales.
La significativa disminución de estas deportaciones, del orden del 40% de lo registrado entre 2018 y 2021, impacta negativamente en la irregularidad, la criminalidad y también en el hacinamiento carcelario: cerca de 8.481 extranjeros se encuentran privados de libertad, más del doble que a comienzos de 2022, con sostenido aumento de decomisos de cocaína y de victimarios extranjeros de homicidios y delitos graves.
En cuanto a las reconducciones de extranjeros sorprendidos ingresando ilegalmente al país, surgen críticas de parlamentarios y alcaldes independientes, oficialistas y de oposición, por las nuevas instrucciones, mediante decreto exento, que en la práctica constituyen una renuncia a la devolución inmediata en los casos de ingresos irregulares de extranjeros de otra nacionalidad a la del país vecino de procedencia, sustituyendo la reconducción por el inicio de un proceso de expulsión, de duración indefinida, en la práctica inconsecuentes.
La ley, en cambio, es imperativa en ordenar la reconducción inmediata, independientemente de la conformidad del país vecino, bastando con informar al país colindante al paso fronterizo por el cual se intentó ingresar en forma clandestina, con documentación adulterada o de otra persona. La modificación normativa excede a la ley vigente, intentando legitimar y extender la prohibición de reconducir el ingreso irregular de extranjeros desde Bolivia.
Constatadas estas deficiencias, resultan aún más sorprendentes los reclamos que, por otra parte, se formulan respecto de demoras y falta de pronunciamiento sobre solicitudes de visas regulares, lo que desincentiva y ahuyenta a estudiantes, trabajadores, profesionales y empresarios extranjeros de valioso aporte para el desarrollo nacional. Estas alarmantes realidades no parecen ser compartidas o asumidas por autoridades de gobierno.
El ministro de Relaciones Exteriores, en contraposición a las inquietudes de los gobiernos del continente, descartó adelantarse en esperar un aumento de migración venezolana por la fraudulenta reelección de Nicolás Maduro, mientras el director nacional de Migraciones declaró que se está recuperando el control fronterizo. Es indispensable que las autoridades aborden con realismo las deficiencias de su gestión migratoria, con importantes repercusiones en la seguridad fronteriza y de la población, obligación del Gobierno y prioritaria demanda ciudadana. La modificación excede a la ley y en la práctica implica una renuncia a la devolución inmediata de personas de otra nacionalidad a la del país vecino de procedencia. Crisis en control migratorio.