EDITORIAL: PERMISOLOGÍA SIN FIN
EDITORIAL: PERMISOLOGÍA SIN FIN a ley que agiliza los permisos sectoriales -recién despachada por el Congreso ha devenido en una paradoja burocrática: un esfuerzo por racionalizar trámites está atrapado en nuevas barreras políticas y jurídicas.
Que 42 diputados oficialistas -el 60% de ese sector hayan decidido impugnarlo ante el Tribunal Constitucional (TC) no solo revela fracturas en la coalición de Gobierno, sino que lanza una señal contradictoria y desalentadora para la inversión. Actúan, en los hechos, contra un proyecto que les debiera ser propio, erosionando con ello certezas regulatorias, en un momento donde el crecimiento económico requiere con urgencia contar con ellas. Existe amplio consenso técnico y político sobre el peso que la permisología impone al crecimiento: tiempos excesivos, alta discrecionalidad y fragmentación institucional afectan negativamente el desarrollo de proyectos de inversión en sectores estratégicos.
En un país con un PIB potencial estancado en torno al 2%, una tasa de desempleo persistentemente sobre el 8% y una alta informalidad laboral, facilitar la ejecución de proyectos sin menoscabar estándares es urgente, no es un capricho neoliberal, es una necesidad estructural. La nueva ley no resuelve todo, tal como han advertido expertos y académicos. Quedan pendientes reformas al sistema de evaluación ambiental y al Consejo de Monumentos Nacionales, entre otros.
Sin embargo, es un avance que moPERMISOLOGÍA SIN FIN ¿ Qué certeza ofrece al sector privado un sistema en que, tras una tramitación legislativa completa, el propio oficialismo lo torpedea? reduce los espacios de arbitrariedad y aumenta la estabilidad normativa.
Sin embargo, los cuestionamientos presentados ante el TC atacan el corazón del proyecto -la declaración jurada como mecanismo sustitutivo en ciertos permisos alegando una supuesta regresión ambiental y una renuncia ilegítima del Estado a su rol protector. ¿Qué certeza ofrece al sector privado un sistema en que, tras una tramitación legislativa completa, el propio oficialismo activa una retroexcavadora jurídica? Chile no puede permitirse este tipo de ambigiedades. Países como Brasil, donde se han asentado inversiones chilenas relevantes, no ofrecen regulaciones más laxas, sino procesos con reglas claras, cuya previsibilidad es hoy una ventaja competitiva. En este escenario, sería valioso que el Gobierno y la candidata oficialista y militante del PC, Jeannette Jara, expliciten su posición. La gobernabilidad también se mide por la capacidad de sostener una agenda propia. Paradójicamente, ha sido la postulante de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien, ante los cuestionamientos a un proyecto de Gobierno, ha dicho que no es momento para cálculos, sino para construir certezas. La acción ante el TC trasluce, en el fondo, nuevas desconfianzas hacia el sector privado.
Aunque se declara la intención de modernizar al Estado, se torpedea una herramienta eficaz para hacerlo, recurriendo a una concepción maximalista del principio precautorio, incompatible con las condiciones habilitantes que requiere el país para retomar un crecimiento habilitantes que requiere el país para retomar un crecimiento difica más de 40 cuerpos legales, establece plazos máximos, difica más de 40 cuerpos legales, establece plazos máximos, sostenido..