Autor: José Ignacio Hernández Investigador Facultad de Economía y Gobierno Universidad San Sebastián
SUELDO MÍNIMO
Señora directora: El 1 de julio, el ingreso mínimo mensual fue incrementado a 500 mil pesos. En nuestraregión, esteincremento impacta a 355 mil personas, lo que constituye más de la mitad de los trabajadores regulados por el código del trabajo en la zona. En este contexto, me permito dos reflexiones. En primer lugar, la forma en que se ha logrado esteincremento puedeser consideradoun ejemplo de desarrollo sostenible (ODS) enfondo y forma.
Por un lado, esteincrementoes una contribución queayuda a dela pobreza y dela desigualdad económica (ODS 1 y 10). Pero, además, esta política fue diseñada de manera progresiva, lo que es una contribución de forma a la manera en que estos incrementos se han realizado históricamente. Para laindustria, tener certeza de los cambios permite adaptarse y garantizar la viabilidad del negocio en el En otras palabras, ocuparse delas necesidades presentes sin comprometer las oportunidades de las generaciones futuras. Esto es precisamente desarrollo sostenible. Sin embargo, y, en segundo lugar, la discusión del sueldo mínimo nos puede hacer olvidar otra batalla pendiente: la informalidad laboral. Últimas mediciones, la informalidad laboral es de un 26,5 % en la región del Biobío.
En el trabajo informal, no corre legislación alguna sobre salario mínimo, jornadas laborales, protección de derechos o descanso legal, lo cual precariza la calidad del trabajo (ODS 8). Es más, en la última medición, la tasa de ocupación informal de las mujeres es 4% más alta que la de los hombres, evidenciando una brecha que alograrlaigualdad de género (ODS 5). Si queremos dar el siguiente paso como país y como región, debemos prestar atención no solo al mercado laboral que observar (y regular), sino que también a reducir la informalidad laboral.