Fracaso del resguardo patrimonial
A paralización —al parecer definitiva— de la construcción del nuevo Centro Interdisciplinario de Neurociencia en Valparaíso, da cuenta nuevamente del atraso cada vez menos explicable de la actualización de la ley de Monumentos.
Por varios motivos dicho proyecto concitaba un alto interés: se proponía restaurar el edificio Severín —inmueble histórico donde sesionó la comisión constituyente que elaboró la Constitución de 1828— ubicado por detrás de la iglesia de La Matriz, un sector largamente postergado en el puerto.
Según el rector de la Universidad de Valparaíso —de quién depende el centro— la decisión de abortar el proyecto se produjo por los requerimientos del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), ante el hallazgo de restos arqueológicos y la necesidad de desarrollar obras anexas de resguardo a los muros del edificio. Todo aquello, no solo retrasó el proyecto original, sino que elevó exponencialmente su costo: el presupuesto pasó de $10 mil a $20 mil millones.
Una vez más se hace evidente que las atribuciones que entrega la actual ley de Mo'numentos Nacionales son insuficientes para “En el contexto de una ley absolutamente obsoleta y en exceso centralista, parece cada vez más urgente una rápida tramitación a las mejoras de la legislación patrimonial”. Dar cuenta de los desafíos de descentrali ción, gestión y protección integral del patrimonio en el país. En ese contexto, uno de los nudos que ha contribuido a la excesiva burocratización del resguardo patrimonial son los hallazgos arqueológicos. Diversas obras de impacto social —como el nuevo hospital Salvador o el de Buin-Paine, entre otras— han debido paralizar sus trabajos por esta razón aumentando plazos y costos. Según el expresidente de Metro, Louis de Grange, las líneas 3 y 6 de Metro tuvieron sobrecostos por US$ 56 millones debido a las exigencias del CMN y atrasos por más de 18 meses.
En el contexto de una ley absolutamente obsoleta (data de 1970) y en exceso centralista (es el pleno del CMN en Santiago quien autoriza los trabajos en zonas o inmuebles protegidos de todo el país), parece cada vez más urgente una rápida tramitación a las mejoras a la actual legislación.
En mayo, la comisión de Cultura de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley del Patrimonio Cultural, que busca actualizar la Ley de Monumentos, y se espera que a más tardar en agosto el Gobierno ingrese indicaciones al proyecto que hoy está en el Senado.
Es de esperar que las indicaciones y el debate en la Cámara Alta, no alteren los consensos que especialistas, exautoridades y parlamentarios han acordado en estos años de discusión: la descentrali de muchas de las funciones del Consejo de Monumentos, otorgar mayores atribuciones a las regiones, generación de mejores herramientas de financiamiento y gestión, actualización de categorías de protección y aumento de los mecanismos de fiscalización. Resguardar el adecuado cuidado de la riqueza patrimonial de las ciudades requiere de la mayor urgencia. Aquello, por cierto, implica un equilibrio donde la puesta en valor y salvaguarda del patrimonio no entorpezca (injustificadamente) proyectos de inversión, especialmente aquellos de gran impacto social como el Centro de Neurociencia de Valparaíso.