COLUMNAS DE OPINIÓN: Dos velocidades
COLUMNAS DE OPINIÓN: Dos velocidades Por Oscar Contardo eo dos notas aparecidas el mismo día.
La primera es un reportaje de Mala Espina, el medio de constatación de hechos, sobre "la industria del secuestro en Chile". El artículo explica que mientras en 2012 los secuestros reportados en el país fueron 343, diez años después la cifra alcanzó los 826, un alza acompañada por el aumento de homicidios.
El crecimiento del secuestro extorsivo, según cuenta un especialista citado por el medio, está vinculado a la presencia de bandas extranjeras principalmente venezolanas y colombianas que usan ese método como ajuste de cuentas, venganza o forma de castigo para integrantes que se salten las reglas internas. El dinero recaudado por esta vía sirve para "acumular capital y consolidar operaciones", puntualiza un informe de la Fiscalía.
La nota ofrece como ejemplo el secuestro de un ciudadano extranjero a cargo de una barbería en Conchalí, que fue capturado el 6 de febrero de este año y mantenido en una "zona de cautiverio" durante dos días, hasta que sus familiares pagaron desde Estados Unidos un rescate de 20 mil dólares. El pago fue hecho a través de criptomonedas. El reportaje añade, sin revelar identidad ni fechas, que "hace pocas semanas" se supo que un narcotraficante chileno pagó 500 millones a una banda que mantenía secuestrado a su hijo.
Una de las mayores dificultades que tiene la Fiscalía es seguir la ruta de ese dinero por los métodos cada vez más sofisticados para disimular los ingresos de origen criminal a través de las herramientas formales. Como ejemplo, el hallazgo del uso de tarjetas de cuenta Rut usadas para girar dinero fuera de Chile.
El reportaje de Mala Espina describe un paisaje de organizaciones delictivas que se reproducen, adaptan y mutan, se enquistan en barrios, crecen, se disputan territorios, dominan plazas, esquinas y vecindarios, trafican variedades de drogas en comercios de fachada, compran y venden armas, controlan personas para el comercio sexual, arriendan inmuebles que usan como lugares de reunión, acopio o cautiverio, y reportan a cabecillas en el extranjero y a líderes que operan desde la cárcel. Todo eso viene ocurriendo desde hace ya varios años, y aunque las instituciones han reaccionado y conseguido algunos logros, nada indica que el fenómeno esté retrocediendo. La segunda nota que leo es una contracara de la primera. Es una declaración de funcionarios de la Subsecretaría de Seguridad Públinarios de la Subsecretaría de Seguridad Pública, el brazo técnico del ministerio del mismo nombre. El comunicado indica que no tienen oficinas, ni estructura orgánica de funcionamiento para cumplir la misión para la que fue creada dicha repartición: articular políticas de prevención del delito, análisis de datos y coordinación territorial. La situación en regiones es aún peor.
La declaración de los funcionarios fue una respuesta a otra nota publicada en La Segunda, en la que se dieron a conocer los sueldos de 12 jefaturas de la subsecretaría: ninguna de ellas cobra menos de ocho millones de pesos mensuales. El dato provocó malestar interno.
Tras el reclamo, las autoridades a cargo anunciaron que estaban en "diálogo permanente" con los funcionarios de la subsecretaría y recordaron, como una forma de justificación, que la repartición fue creada hace tan solo tres meses sin marcha blanca. La realidad del fenómeno del crimen organizado avanza a una velocidad, y la respuesta del Estado a través de sus instituciones, a otra muchísimo más baja. Este desfase se constata una y otra vez. En el plazo de un mes, dos ejemplos de relevancia nacional. El primero fue el caso de los funcionarios de la FACH que trasladaban droga en un avión militar. Los responsables fueron sorprendidos el jueves 3 de julio, pero la fiscalía regional solo fue informada al día siguiente.
El inicio de la investigación fue demorado entonces por una disputa de competencia entre la justicia militar y la civil, que fue resuelta más de una semana después de ocurridos los hechos, brindando tiempo para borrar evidencia.
El segundo caso fue la excarcelación del sicario que remató en el suelo al empresario José Reyes, conocido como "el rey de Meiggs". Tras ser enviado a prisión preventiva y por un error burocrático entre tribunales y Gendarmería, el sicario quedó libre. La policía descubrió luego que el nombre con el que había sido imputado era una identidad falsa. Para cuando estaba claro por fin de quién se trataba, el sicario habría salido del país. En ambos ejemplos los atascos aparecen sin que el factor corrupción sea considerado, al menos, de momento.
Si las instituciones funcionan lento respecto de este tema es porque la política lo hace aún peor, con representantes obsesionados por la pelea pequeña y mezquina, los debates desinformados y la manipulación de los acontecimientos para sacarles provecho inmediato. Las soluciones simples para enfrentar el crimen organizado solo funcionan para calmar la ansiedad que provocan, pero no para detenerlo, y quien las ofrezca como único remedio está faltando a la verdad.
Lo que sí existe es la posibilidad de abordar el fenómeno de cara a los hechos tal como son y asumir la responsabilidad que significa enfrentarlos acudiendo a la información local y a la experiencia internacional disponible: no sirve involucrar a los militares en las operaciones contra el narcotráfico, no sirve empoderar a zares contra el crimen como si se tratara de una película de superhéroes, y sí sirve facilitar herramientas para seguir la ruta del dinero del crimen organizado, que dicho sea de paso, es más amplio que el narco.
De momento, nuestras instituciones están respondiendo al desafío como un albañil solitario que intenta disimular la humedad del muro de una represa, mientras del otro lado la presión del agua la fractura desde la corona hasta sus cimientos..