Autor: PATRICIA SAN JUAN

La ANP y gremios de creadores reclaman por indicación sobre propiedad intelectual
La ANP y gremios de creadores reclaman por indicación sobre propiedad intelectual -La Asociación Nacional de la Prensa de Chile (ANP) y organizaciones de creadores audiovisuales y fonográficos manifestaron su rechazo a las modificaciones realizadas por el gobierno al artículo que regula la propiedad intelectual contenido en el proyecto de megarreforma. El gobierno incluyó en su megarreforma, en el artículo 8, un artículo idéntico a otro presentado por el gobierno de Gabriel Boric, el que fue rechazado en la Cámara de Diputados.
El artículo original sostenía lo siguiente: "Es lícito, sin remunerar ni obtener autorización del titular, todo acto de reproducción, adaptación, distribución o comunicación al público, de una obra lícitamente publicada, cuando dicho acto se realice exclusivamente para la extracción, comparación, clasificación o cualquier otro análisis estadístico de datos de lenguaje, sonido o imagen, o de otros elementos de los que se componen un gran número de obras o un gran volumen de datos, siempre que dicha utilización no constituya una explotación encubierta de la obra o de las obras protegidas". La propuesta ya había generado la protesta de diversas organizaciones, entre ellas la ANP, por "la amplitud injustificada de la excepción al derecho de autor, en la ausencia de mecanismos de reserva de derechos en favor de los titulares y en la falta de coherencia del proyecto con el objeto declarado, que era la mejora económica del país". El gobierno se había abierto a introducir modificaciones.
Sin embargo, la indicación ingresada este lunes, que modificó la redacción de ese artículo e incorporó un fondo de protección para la propiedad intelectual, aumentó la molestia gremial. "La indicación sustitutiva no corrige los vicios denunciados en nuestra primera declaración, sino que precisamente los agrava", acusó la ANP, que acusa que la nueva redacción amplía expresamente la excepción y "deja a las plataformas de inteligencia artificial en una posición todavía más favorable que la del texto originalmente objetado". Ello porque la indicación sustitutiva incorpora, en términos explícitos, los actos de "entrenamiento, desarrollo o despliegue de modelos de inteligencia artificial". Así, según la ANP, lo que en el texto anterior podía discutirse interpretativamente si el entrenamiento de un sistema de inteligencia artificial generativa cabía dentro de la noción de "análisis estadístico"queda ahora resuelto por habilitación legal expresa en favor del desarrollador. "La discusión interpretativa se cierra, y queda con claridad el perjuicio del titular del derecho", dice el gremio que reúne a la prensa.
Además, la ANP repara en otra modificación: si la redacción inicial autorizaba el uso de obras de terceros cuando "no constituya una explotación encubierta", la indicación permite hacerlo cuando "no entre en conflicto con la explotación normal de la obra". "La omisión no es menor, porque priva al titular del estándar más protector reconocido por el derecho internacional convencional vigente en Chile y eleva el umbral probatorio que deberá satisfacer quien alegue la ilicitud del uso", dice la asociación.
El gobierno propone ahora, además, la creación de un Fondo administrado por un comité interministerial, dotado de un mínimo equivalente a 70.000 Unidades Tributarias Mensuales anuales, financiado con activos del Tesoro Público, recursos de la Ley de Presupuestos, donaciones y aportes a cualquier título, y cuya entrada en vigencia se condiciona al mes siguiente a aquel en que las empresas que desarrollen las actividades del artículo 71 T "comiencen a generar ingresos brutos de su giro". Según la ANP, este nuevo instrumento no es una compensación, sino "un fondo de 'reflexión con dirección estatal' tras la expropiación regulatoria que incorpora el gobierno en su propuesta". Entre otras cosas, protesta porque los recursos del fondo no se destinarán a indemnizar a los titulares cuyas obras fueron utilizadas, sino a financiar actividades genéricas de difusión, fomento cultural, registro y estudios; su comité administrador se integra exclusivamente por representantes de cuatro ministerios y no contempla participación alguna de los titulares de derechos cuyo patrimonio resulta afectado; y genera la duda sobre futuros criterios de asignación dirigidos por el poder de turno.
OTRAS ORGANIZACIONES En paralelo, la Federación Internacional de Productores de Fonogramas (IFPI Chile), la Asociación de Productores de Cine y Televisión (APCT), la agrupación de Industria Musical Independiente (IMI Chile), la Academia de Cine de Chile, y la Entidad de Gestión Colectiva de Derechos de Autor (Egeda Chile) también rechazaron la propuesta del Ejecutivo.
Mediante una declaración conjunta señalaron que "las organizaciones abajo firmantes, provenientes del mundo del arte y la cultura, la prensa, el cine, la música y otros, manifestamos públicamente nuestro total rechazo respecto de las propuestas presentadas por el gobierno (. .. ) relacionadas con una grave afectación a la protección de la propiedad Intelectual". Al respecto recordaron que el proyecto original del Ejecutivo incluyó, sin explicación ni fundamento, la norma de excepción al derecho de autor que permitía a las empresas tecnológicas utilizar contenidos generados por otros y protegidos por el derecho de propiedad intelectual, sin requerir ninguna autorización y sin exigir ningún pago de retribuciones.
Las organizaciones reclaman que el "Ejecutivo no sólo no ha corregido esta grave afectación, sino que ha propuesto una excepción al derecho de autor ahora incluso más amplia, profundizando, entonces, la grave destrucción de las bases del derecho de propiedad en nuestro país, todo ello, sin justificación ética, jurídica ni económica.
Resulta paradojal que, como medida de compensación al despojo anterior, se ha propuesto crear un Fondo de Promoción y Protección de la Propiedad Intelectual, a financiarse principalmente con recursos públicos, y administrado exclusivamente por funcionarios ministeriales del respectivo gobierno de turno para decidir a quién o quiénes se beneficiarán con los mismos", agrega la declaración.
Así, sostiene "la propuesta del gobierno no solo destruye el derecho de propiedad intelectual, sino que genera más gasto público y burocracia gubernamental, con total exclusión de la participación de los titulares afectados y de la sociedad civil", dijeron. @ Autor: PATRICIA SAN JUAN.
La Asociación Nacional de la Prensa y asociaciones ligadas al arte, la música, el cine y la cultura reclaman que el gobierno amplió la excepción al derecho a la propiedad intelectual para favorecer a las plataformas de Inteligencia Artificial. La ANP acusa incluso "expropiación regulatoria".