Mucho más que cupos disponibles
Mucho más que cupos disponibles En 2015 se aprobó la Ley de Inclusión Escolar, que entre otras modificaciones incorporó restricciones para la creación de nuevos establecimientos particulares subvencionados.
Para poder acceder a la subvención, los nuevos establecimientos deben cumplir con al menos una de dos condiciones: satisfacer una demanda insatisfecha por matrícula o contar con un proyecto educativo diverso a los existentes en un determinado territorio. Además, en ambos casos deben ser dueños del inmueble quesirve de local escolar, una barrera económica quees casi insalvable.
Como resultado de estas restricciones, la oferta educacional se ha reducido significativamente en los últimos años, lo que ha motivado diversas iniciativas parlamentarias que buscan flexibilizarlas (Boletín 1569804 016743-04). Estas propuestas van en la dirección correcta. No podemos permitir que la oferta de nuevos colegios permanezca congelada cuando hay miles de estudiantes que no cuentan con vacantes y la calidad de la educación sigue estancada. La necesidad de flexibilizar la exigencia de propiedad del inmueble genera pocas dudas.
El requisito dela demanda insatisfecha es más complejo de abordar: El proyecto de ley más reciente establece que la existencia de demanda insatisfecha se debe acreditar con la firma de un grupo de apoderados interesados que representen al menos un 20% de la matrícula proyectada en el eventual nuevo establecimiento.
Al respecto, cabe preguntarse: ¿ basta con la voluntad de un grupo de apoderados para quesea razonable fundar un nuevo colegio o debiéramos procurar además que las nuevas alternativas que surjan sean siempre de mejor calidad que las existentes? Noes tolerable seguir sacrificando el derecho a la educación de generaciones enteras con el objetivo de controlar la oferta de manera estricta, pero tampoco volver a un sistema en que el surgimiento de opciones de mala calidad no tiene ningún control. Considerar el interés delas familias es un elemento importante, pero no debería ser el único criterio. Lo razonable sería generar una regulación exigente que promueva que las nuevas alternativas sean siempre mejores que la oferta existente, mediante estándares regulatorios altos. Conigual importancia, parece necesario y más eficaz promover que las mejores alternativas disponibles en la actualidad crezcan. El Estado debería poner todos los incentivos para quelos mejores sostenedores del país se interesen en administrar educación estatal, en colaboración con los SLEP. Solo así podremos garantizar que todos los estudiantes tengan accesoa una educación digna y dealta calidad, con la urgencia requerida, y no simplemente a nuevos cupos disponibles. José Manuel Astorga, Pivotes Pivotes.