Parlamentarios defienden en el TC ley de delitos económicos ante arremetida de la CPC
no ti cias b "Esta ley es una respuesta ideológica que instrumentaliza el Derecho Penal". cPc "Protege la libre competencia, a los que cumplen, y castiga a los que se enriquecen". matías walker Senador de Demócratas.
CIFRA 4 categorías de delito económico crea la ley, y cinco nuevos, como violación del secreto comercial y fraude de remuneración. ¿Cuál es el motivo económico para este rechazo del empresariado? Les preocupan los mensajes políticos detrás esta ley, porque en el contexto económico actual, de bajo crecimiento y donde recién estamos empezando a controlar la inflación, se necesitan mensajes políticos que fomenten la generación de inversión extranjera, de nuevos negocios y empleos y minimice la percepción de riesgo país.
Está ley no llega en un buen momento. ¿Qué impacto podría tener en la inversión? Cuantificar eso es difícil, pero no es el momento adecuado para enviar un mensaje político al exterior con este tipo de leyes que dejan algunos aspectos subjetivos de cara a la intervención política que pueda existir en algún tipo de proceso judicial.
Lejos de dar tranquilidad al sector productivo, deja incertidumbre frente al criterio que se utilizará. ¿Qué aspecto positivo tiene el proyecto? Siempre es positivo penalizar cualquier delito, y necesitamos enviar mensajes optimistas, por lo que, hay que esperar que esta ley sea disuasiva ante la corrupción y abusos de poder, sin que existan casos donde la política influya en los procesos judiciales de nuestro empresariado, que son el motor del desarrollo de las naciones. --D. H. trEs PrEguNtas a.. . k Pablo Targarona "Ley no da tranquilidad al sector productivo, deja incertidumbre" 1 3 2 Director Escuela de Administración y Negocios de la U. Bernardo O'Higgins. Parlamentarios defienden en el TC ley de delitos económicos ante arremetida de la CPC Diego Hermosilla P.
Después de pasar todos los procedimientos legislativos, la ley que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medioambiente y aumenta la responsabilidad de las personas jurídicas para los delitos de cuello y corbata, está a un trámite de ser promulgada: el necesario chequeo que hace el Tribunal Constitucional para que la norma no vaya en contra de la Carta Fundamental.
Hasta esas oficinas han llegado varios documentos en los últimos días, con peticiones que no son vinculantes, ni siquiera es obligación que los integrantes las lean, pero como vienen de importantes instituciones, seguramente esos sobres serán abiertos. Algunas de las misivas se contraponen. Eso, porque la primera la ingresó la Confederación para la Producción y el Comercio (CPC), es decir, los empresarios, en un intento por detener la normativa que, según señalan, perjudica la actividad. La contrapartida llegó ayer de parte de los propios parlamentarios que ya aprobaron la norma, apoyando nuevamente su articulado. Por un lado, los diputados socialistas y por otro, senadores de un amplio espectro, desde el oficialista PS hasta de Renovación Nacional. Lo que llevaron hasta el TC los senadores fue un Téngase Presente, igual que la CPC, hace un par de días, desechando la idea de vicios de inconsCríticas. Los empresarios consideran que vulnera la igualdad ante la ley y está ideologizada. Apoyos.
Congresistas desde el Ps a rN y el Ejecutivo quieren que la norma se promulgue. el tribunal constitucional es el último paso antes de que la ley se promulgue. / AGENCIAUNO titucionalidad que habían señalado desde el empresariado.
Los senadores Alfonso de Urresti (PS); Francisco Huenchumilla (DC); Matías Walker y Ximena Rincón (Dem. ); Paulina Núñez (RN) y Pedro Araya (Ind. ) fueron los que llegaron al TC a defender un trabajo que les costó, al Legislativo y el Ejecutivo, cuatro años de trabajo. "El proyecto busca proteger la libre competencia, proteger a los que cumplen con las reglas del juego y castiga a los que hacen trampa en los negocios y se enriquecen ilegítimamente", explicó el senador Walker.
Los diputados PS, en tanto, ingresaron también un documento que apoya la norma aprobada. "El gremio que agrupa a los empresarios más grandes está intentando bloquear una ley que lo único que hace es castigar con más severidad, con mejores penas, con cárcel a las personas que cometen crímenes, contra la economía, los mercados, contra el mercado bursátil y millones de consumidores", expuso el parlamentario Leonardo Soto. El jefe de bancada, Daniel Manouchehri, enfatizó que "cuando los empresarios se coluden para subir los precios es un portonazo a 17 millones de chilenos.
No podemos permitir que este tipo de delitos terminen con clases de ética". La CPC había ingresado un texto que aseguraba que la ley atenta contra "el propio orden público económico al seleccionar a un determinado grupo de personas que trabajan en ciertas organizaciones, para aplicar un régimen punitivo distinto y más gravoso que el general". La ley indica "un sistema especial de determinación de la pena, de sustitución de penas, de determinación y cuantía de la multa y de inhabilitaciones especiales". Las penas mayores para altos ejecutivos de empresas se aprobaron en el entendido de una postura de privilegio ante, por ejemplo, consumidores, si se toma el caso de las colusiones. Además, es "una respuesta ideológica que instrumentaliza el Derecho Penal en lugar de contribuir a un efectivo y racional reproche de estos delitos", de acuerdo a la CPC. Antes, desde el Gobierno han criticado que los reclamos desde el empresariado lleguen ahora y no cuando se estaba discutiendo la ley y las puertas de las comisiones del Congreso estaban abiertas a recibirlos.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, había señalado que el proyecto "ha tenido una amplísima discusión, ha contado con los mejores especialistas en la asesoría, tanto en la Cámara como en el Senado, ha tenido la oportunidad de que todo el mundo opine. Sin embargo, el sector privado pareciera que solo se enteró al final". El ministro de Hacienda, Mario Marcel, indicó ayer que "este es un proyecto que fue aprobado por una abrumadora mayoría en el Congreso. Me impresionó el consenso que generó en el proceso legislativo.
Así que creo que en la medida que es una iniciativa que tiene ese grado de apoyo y ese grado de consenso, es importante que cualquier duda sobre su aplicación se pueda despejar lo antes posible". Parlamentarios defienden en el TC ley de delitos económicos ante arremetida de la CPC.