Editorial: Bienes sociales en la encrucijada
Editorial: Bienes sociales en la encrucijada I proceso de desmunicipalización de la educación en Chile, que busca centralizar la administración de escuelas y liceos en los Servicios Locales de Educación Pública (Slep), ha tropezado con E un escollo jurídico y patrimonial de proporciones.
La normativa vigente, que establece el traspaso de los inmuebles educacionales "por el solo ministerio de la ley", no ha logrado distinguir con precisión entre las aulas y el equipamiento social que, por décadas, ha crecido al alero de los terrenos municipales. El problema radica en que muchos establecimientos educacionales comparten rol de propiedad con infraestructuras críticas para la vida comunitaria: sedes sociales, postas rurales, estaciones médico-rurales, pozos de agua potable (APR) e incluso compañías de Bomberos.
Al no haberse realizado las subdivisiones de terreno correspondientes antes de los plazos estipulados, estas construcciones -levantadas muchas veces con recursos propios de las comunascorren el riesgo de pasar a manos del Ministerio de Educación de forma gratuita en 2029. Este escenario no es una hipótesis, sino una realidad que ya ha generado conflictos judiciales en comunas como La Serena, donde se ordenó el desalojo de hogares de menores, o en Valparaíso y Punta Arenas.
La rigidez de la ley ha ignorado la naturaleza multifuncional de los terrenos municipales en zonas rurales y periféricas, donde la escuela suele ser el núcleo en torno al cual se articula toda la red de protección y encuentro social. En la provincia de Osorno, donde el traspaso se concretará finalmente en 2029, el tiempo juega a favor si se actúa con celeridad. Los municipios ya han comenzado el catastro de estos bienes, buscando realizar subdivisiones que salvaguarden el patrimonio local.
Sin embargo, la preocupación de los alcaldes es legítima: la improvisación en el diseño de la ley y la falta de consideración por la inversión municipal previa representan un eventual perjuicio económico y social difícil de reparar. Resulta imperativo que el Ejecutivo y el Congreso habiliten vías administrativas o normativas transitorias que permitan destrabar este nudo.
No se trata sólo de proteger ladrillos y cemento, sino de asegurar que servicios básicos.. La transferencia de inmuebles a los Slep amenaza con arrastrar infraestructura comunitaria que no tiene fines pedagógicos, generando un daño a las municipalidades. E Editorial