Autor: Sandra Leiva Poveda Presidenta Consejo Regional Los Ríos del Colegio de Periodistas de Chile

Silenciosomaltrato de Ley Karin
E Chile promulgó la Ley Karin con la promesa deenfrentar el acoso laboral en los espacios de trabajo. Origen está en un caso que terminó con la muerte de una trabajadora, luego de haber denunciado situaciones de hostigamiento. La ley buscaba proteger la salud mental y establecer condiciones mínimas derespeto en las relaciones laborales. Pero en su aplicación, los resultados se han desviado de esa intencióninicial. Hay funcionarios y funcionarias que denuncian maltrato y, al hacerlo, se exponen a reacciones por parte del mismo sistema que debía respaldarlos. Se activan cambios en sus funciones, se aíslan sus cargos, se bloquean las redes de apoyo en su entorno laboral y lo más grave, seinstruyen sumarios que no cumplen con la normativa. El proceso que sigue a la denuncia sino La ley establece procedimientos, pero la ejecución de estos queda en manos de las propias autoridades involucradas o de quienes mantienen vinculos jerárquicos con ellas. Noexisten mecanismos que garanticen distancia entre la denuncia y quien debe investigar. Tampoco se han creado órganos externos que vigilen el proceso con autonomía. Así, la denuncia queda en unespacio frágil. A nivel institucional, esto revela una tensión entre la norma escrita y las prácticas diarias. La estructura mantiene hábitos de silencio, obediencia a la línea jerárquica y protección de los liderazgos. Laley, entonces, no logra transformar el funcionamiento interno de las instituciones. Lo que debería ser un instrumento de justicia seconvierte en un símbolo del fracaso institucional. La revictimización de los denunciantes es una forma de violencia estructural que atenta contra la ética pública. Mientras no se garantice una protección efectiva para quienes denuncian, la Ley Karin seguirá siendo más un gesto que una garantía.
Nuestro Consejo Regional Los Rios del Colegio de Periodistas de Chile, hace a las autoridades porque no basta con legislar: es urgente intervenir los marcos institucionales que normalizan el abuso, dotar deautonomía real alos organismos de control y, sobre todo, reconocer el valor cívicode quienseatrevea alzarla voz. Porque el silencio institucional no es neutral: es cómplice.