Editorial: La vieja hipótesis del "palo blanco"
Editorial: La vieja hipótesis del "palo blanco" 72 horas de que la Contraloría General de la República destapara cinco informes sobre irregularidades en la respuesta al megaincendio de 2024 en Valparaíso, el cuadro que emerge no es sólo administrativo: es moral. A Lo que está en cuestión no es un error de gestión, sino la probidad en el uso de recursos públicos destinados a una tragedia que arrasó barrios completos y dejó a miles sin hogar.
En el centro del escándalo aparece la Delegación Presidencial, bajo la administración de Sofia González, que suscribió contratos por $8.966 millones para arriendo de maquinaria pesada, de los cuales $6.725 millones fueron a parar a San Nicolás SpA. A ello se suman contratos con el MOP que elevan los ingresos de la firma a más de $8.200 millones. Sin embargo, la empresa registra apenas tres trabajadores y pagó sólo $3 millones en cotizaciones en más de dos años. El 100% de los servicios fue subcontratado. La arquitectura contractual descrita por la Contraloría revela un esquema de subcontratación en cadena: una empresa recibe recursos fiscales millonarios y encarga la ejecución a otra que, a su vez, vuelve a tercerizar. Cada eslabón retiene margen; el Estado asume el costo. No se trata de una práctica aislada, sino de un diseño que diluye responsabilidades y dificulta la trazabilidad del gasto. Más inquietante aún es el perfil societario. Los únicos accionistas de San Nicolás SpA serían jóvenes de 20 y 25 años, uno de los cuales firmó contratos por miles de millones a los 19.
Como advierte el exfiscal Claudio Uribe, "a los 19 años uno no anda firmando contratos de 8.000 millones". La vieja hipótesis del "palo blanco" no es retórica: es una línea investigativa plausible cuando confluyen empresas sin patrimonio, domicilios cuestionados y eventuales sobreprecios. En emergencias, el Estado opera bajo presión y con flexibilidad excepcional. Pero esa flexibilidad no puede convertirse en opacidad. La probidad administrativa exige controles ex ante y ex post, verificación de capacidades técnicas y solvencia real de los proveedores, y supervisión efectiva de la ejecución contractual. Si los recursos destinados a los damnificados terminaron alimentando estructuras societarias de papel, el daño trasciende lo financiero. Aquí no basta con sumarios internos ni con deslindar responsabilidades políticas.
Corresponde determinar eventuales delitos -fraude al Fisco, negociación incompatible o lo que resultey, sobre todo, revisar los mecanismos de contratación en situaciones de catástrofe.. El escándalo incluye contratos millonarios, empresas sin respaldo real y una cadena de subcontrataciones para llevarse "pasadas". E Editorial