CDE pide enviar antecedentes de causa de diputado Lavín al SII
Este tipo de requerimientos suelen ser realizados por la fiscalía, que confirmó que ya habían remitido la información.
GUSTAVO CABELLO Por el delito de malversación de caudales públicos se querelló el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra del diputado Joaquín Lavín León (ex-UDI), su exasesor Arnaldo Domínguez, además de Juan Silva, dueño de la empresa MMG SpA y Felipe Vásquez, propietario de Modo 74 SpA.
De acuerdo al organismo, los cuatro investigados habrían “perpetrado una serie de conductas que les permitieron desviar y obtener recursos directamente del Congreso Nacional”, dice el documento, y agrega que Vásquez y Silva, dueños de Modo 74 y la empresa MMG, habría efectuado “maniobras dolosas” para ello. El modus operandi, según el CDE, apuntaría a la elaboración de “facturas ideológicamente falsas”, las cuales “eran emitidas con conocimiento y a solicitud del diputado, mediante instrucciones directas a Arnaldo Domínguez”, dice la acción judicial.
Tales documentos fraudulentos serían un mecanismo de los involucrados “para ocultar el ilícito”, ya que “triangularon con las empresas involucradas” —por medio de las facturas—, para “disimular gastos de campañas, aparentando servicios de impresión inexistentes, o derechamente, sustraer recursos del Congreso”. Todo esto, con el objetivo de obtener “el reembolso de estos (gastos) sin corresponder al ejercicio de funciones propias del cargo de diputado”, se detalla en la querella. En paralelo, el CDE solicitó al Servicio de Impuestos Internos (SII) que remita todas las facturas de las empresas involucradas desde 2014.
Pero además el organismo querellante pidió que se oficie al SII para que “tome conocimiento de la presente investigación ante posibles ilícitos tributarios relacionados con la emisión de boletas y facturas falsas”. Pero, previo a la acción penal del órgano defensor del Estado, la Fiscalía Metropolitana Oriente ya había remitido los antecedentes a la entidad tributaria, y se encuentra esperando acciones por su parte.
Sobre lo anterior, el abogado penalista y académico de la Universidad Diego Portales, Cristian Riego, dice que “hay ciertos delitos tributarios que no pueden ser iniciados si no hay una querella del servicio”, por lo que es común “se remitan esos antecedentes”. En tanto, el exfiscal Marcelo Sanfeliú coincide con Riego, y agrega que “sin una quere- | lla del SII, la fiscalía no puede investigar este delito”. Procultura y solo una querellada En este escenario, han surgido diversos cuestionamientos de parte de algunos abogados respecto al actuar del CDE, quienes acusan incluso de “sesgo político” en el órgano, por su proceder en causas como la de Procultura —que involucra al oficialismo—, dado que no han ampliado su querella interpuesta contra la representante legal, Constanza Gómez, hacia uno de sus fundadores, Alberto Larraín, ante el conocimiento de diversos antecedentes de la causa.
Uno de ellos es el penalista Samuel Donoso, quien abordó el tema con Mi Radio de La Serena: “¿ Tendrá algo que ver esto con que haya consejeros como la señora Paulina Veloso, que es la madre del ministro Nicolás Grau (Economía), o que hay otro consejero que se llama Daniel Martorell, que es tío o tiene algún vínculo con una persona que recibió pagos de Procultura, no menores? El país merece una explicación”. Facturas darían cuenta de eventuales delitos tributarios: