Autor: JOAQUÍN AGUILERA R.
Ajustes a contrataciones y en programas públicos liberarían espacio para recorte fiscal
Ajustes a contrataciones y en programas públicos liberarían espacio para recorte fiscal Recursos por cerca de US$ 3.000 millones:Sin mediar cambios legales, habría espacio disponible mediante ajustes administrativos para compensar el incumplimiento del déficit fiscal en 2024.
Eso plantea un análisis de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián, que detecta en torno a US$ 3.000 millones disponibles para recortar en el gasto público, equivalentes al 1% del PIB.
El ajuste se enfoca en cuatro grandes áreas, pero el decano de la facultad, Alejandro Weber, destaca que todas son políticamente factibles: “Es viable, porque no requiere iniciativas de ley y porque trabaja fundamentalmente con los flujos. Por ejemplo, es muy distinto tener que desvincular a 10.000 empleados fiscales versus cerrar la llave a nuevas contrataciones.
Lo mismo ocurre con el sinceramiento de la incapacidad del Estado para ejecutar inversiones”. Los ajustesEn las medidas cuantificadas, el mayor volumen de recursos disponibles estaría en distintos ajustes a las contrataciones en el sector público (ver infografía), dado el crecimiento de 57% que han tenido los asalariados del Gobierno Central en la última década.
En total, este estudio detecta US$ 911 millones que se podrían liberar tomando medidas como limitar a un 2% el crecimiento anual del empleo en esta categoría, así como también las contrataciones en los doce meses previos a un cambio de gobierno. El cálculo también incluye recortaren un 70% la cantidad de “asesores de confianza” que trabajan a honorarios en las distintas reparticiones, hasta un tope máximo de 300 cupos. También se suman acá las reducciones del gasto en personal relacionadas con horas extraordinarias, viáticos y en el reajuste del sector público. Una segunda línea de acción está en los programas gubernamentales, donde ven espacio para recortes por US$ 800 millones. Dada la complejidad de eliminar programas públicos mal evaluados, esta propuesta sugiere reducir en un 2% el presupuesto para aquellas iniciativas estatales que presenten “hallazgos” en su ejecución. Esto quiere decir que el monitoreo anual que realiza la Dipres haya constatado “áreas de mejora” en cuanto a su impacto esperado. También está la oferta “atomizada”, de bajo presupuesto y que usualmente presenta duplicidad de objetivos. Se propone suprimir 187 programas que cumplan con estas condiciones. Un tercer eje sugiere una rebaja del 5% en la compra de bienes y servicios extrapresupuestaria, y un límite a la contratación de estudios y asesorías. Ambos ítems liberarían unos US$ 380 millones, calculan. De ese total de poco más de US$ 2.000 millones, plantea el estudio, los US$ 3.000 millones se alcanzarían “sincerando” el presupuesto para la inversión pública. Desde 2020 a la fecha, en promedio se ha utilizado el 84,7% de los recursos asignados a estos fines. En 2024, la ejecución fue de 86%, dejando unos $1.700 millones sin ejecutar.. El análisis, de la USS, plantea que estas y otras medidas permitirían compensar la menor recaudación de 2024. Recursos por cerca de US$ 3.000 millones:
