Voté, pero parece que no me acuerdo
Voté, pero parece que no me acuerdo Opinión En las redes Voté, pero parece que no me acuerdo Tomás Duval Varas Licenciado en Historia, Magíster en Ciencia Política H ace poco, el Ministerio Público -a través del fiscal nacionalsalió a reclamar públicamente por el recorte de $ 700 millones que según la ley presupuestos 2025 aprobada por el Congreso Nacional le corresponderían a esta institución. Según esta, ello afectaría la persecución penal, lo que por consecuencia incidiría directamente a la seguridad ciudadana. Cabe tener en cuenta que la delincuencia ha permanecido por años como la principal preocupación de la ciudadanía según todos los estudios de opinión pública.
Por su parte, el pleno de la Corte Suprema emitió un comunicado en el cual manifestó su preocupación por la rebaja de más de 17 mil millones: "afectará seriamente el funcionamiento de los tribunales y el acceso a la justicia". Estos recortes en los presupuestos de estas instituciones son consecuencia directa del ajuste de $544 mil millones acordado entre el gobierno y el congreso en noviembre del año pasado, en el marco de la tramitación de la Ley de Presupuesto 2025 que tenía como objeto disminuir la expansión del gasto público.
En este escenario han salido, ahora en enero de 2025, diputados y senadores de diversos sectores políticos, como el diputado oficialista Raúl Leiva, a decir que "me parece importante revisar esa materia". El diputado republicano Cristian Araya dijo que es "inaceptable quitar presupuesto al Ministerio Público". A su vez, el diputado de Renovación Nacional Andrés Longton calificó el hecho de "inaudito, un golpe directo a la lucha contra crimen organizado". Mas aún, diputados oficialistas concurrieron a la Moneda a entregar una carta al presidente Boric para que se revierta el recorte presupuestario del ministerio público, ylos senadores Pedro Araya y José Luis Castro han señalado que se sienten "engañados". Un reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) aseguró que el 44 % de los adultos chilenos tienen competencias insuficientes tanto en comprensión de textos como en matemáticas, así como en resolución dinámica de problemas, cuestión que podría ser una suerte de una muy mala explicación.
Más grave todavía es que políticos de distintos partidos opositores y oficialistas desconozcan una ley que fue votada por ellos mismos, desconociendo también las consecuencias que esta producen en las instituciones democráticas y en la ciudadanía.
En este sentido, solo hay que recordar los sucedido hace ya algunos meses atrás con ocasión de la denominada ley corta de Isapres, que entre otros aspectos implicaba la devolución a los cotizantes de los cobros excesivos realizados por estas aseguradoras de salud. Los senadores integrantes comisión de salud del Senado aseguraron que los pagos irrisorios a los afiliados no era culpa del Congreso, sino del Gobier. La responsabilidad política es importante para el funcionamiento de las democracias, ya que asegura que los funcionarios públicos y quienes gobiernan y legislan actúen de manera ética, transparente y en beneficio para la ciudadanía.
Según indica el artículo 8 del Código Civil, nadie puede alegar desconocimiento de una ley, por lo que resulta incomprehensible que los miembros del Congreso Nacional desconozcan los efectos y consecuencias que producen las leyes aprobadas por ellos mismo..