COLUMNAS DE OPINIÓN: Complejidades en alimentación escolar
COLUMNAS DE OPINIÓN: Complejidades en alimentación escolar U n examen complementario a una auditoría previa realizada por la Contraloría al proceso de pagos de las licitaciones públicas ejecutadas en el marco del programa de alimentación escolar (PAE) ha arrojado situaciones que requieren una atención mayor de las autoridades educacionales. Cabe recordar que este es un programa ejecutado por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) e involucra un desembolso superior a los mil millones de dólares. Las irregularidades o gestiones equivocadas, entonces, pueden significar varios miles de millones de pesos del erario nacional malgastados. La auditoría inicial había detectado, entre otras fallas, falta de aplicación de multas, ausencia de ajustes correspondientes a los pagos realizados a proveedores y modificaciones contractuales no sometidas al trámite de razón. Este examen se realizó en respuesta a una denuncia efectuada por un exdirector de la Junaeb, sobre irregularidades precisamente en el proceso de pagos. Estas apuntaban a una manipulación arbitraria de los porcentajes correspondientes a los componentes fijos y variables de las licitaciones y del número de raciones fijas para cada proveedor. Asimismo, se denunciaba un gasto excesivo, de más de $3 mil 500 millones, en un número pequeño de raciones alimenticias en la Región de O'Higgins.
La Contraloría advierte, en su examen, que la modificación contractual de agosto de 2022, que alteró las proporciones entre pagos fijos y variables mensuales y la periodicidad del reajuste de precios, y que creó un mecanismo excepcional de estabilidad operacional, redefinió las bases de la licitación vigente. Atendido este hecho, correspondía que tales modificaciones fueran sometidas a un nuevo trámite de razón, algo que no sucedió. No se pronuncia, sin embargo, respecto de si este hecho constituyó una manipulación arbitraria del proceso de pagos.
En cuanto al impacto económico de la modificación de los componentes fijos (pasaron de un 40 a un 60 por ciento) y variables mensuales, además del cambio en la reajustabilidad de precios, la Contraloría --sobre la base de antecedentes aportados por la Junaeb-estima un pago adicional, de cerca de $4 mil 641 millones, para el período de agosto a diciembre de 2022. La modificación, en rigor, rige también para 2023 y 2024, por lo que el impacto total del cambio contractual cuestionado sería mayor.
También se critica que no se haya realizado apropiadamente la certificación de las raciones alimenticias entregadas y los ajustes en los dineros desembolsados por anticipado (se pagan cuotas mensuales estimadas entre marzo y diciembre, y luego se ajustan los remanentes). Sobre el pago excesivo por un número pequeño de onces básicas (284) en la Región de O'Higgins, la Contraloría no vislumbra una irregularidad propiamente tal, porque el pago abordaría la parte fija de las licitaciones, independiente del número de raciones entregadas. Sin embargo, advierte que las bases permiten modificar la programación referencial de productos alimenticios y le llama la atención que no se haya aprovechado esta cláusula. Asimismo, cuestiona que se haya aumentado en 118 por ciento esa programación referencial en la región, sin antecedentes que permitan explicar tal decisión. Sobre todo, si a ello se suma que se trata del proveedor con el precio base más alto. Este solo hecho puede haber significado en 2023 un gasto de $4 mil 424 millones adicionales a los de 2022.
Por cierto, este preinforme es parte de un proceso que aún tiene carácter de reservado y donde, por lo mismo, se desconocen las respuestas de la Junaeb a las distintas observaciones, faltando además el pronunciamiento final de Contraloría. Con todo, a la luz de las situaciones que están siendo investigadas, cabe lamentar la facilidad con la que podrían estar "quemándose" recursos públicos.
Los grandes beneficios que pueden traer para los proveedores cambios, aparentemente menores, en parámetros definidos al interior de la Junaeb y el presupuesto que gestiona, la convierten en una institución sensible a la presión de intereses. Es curioso que frente a esta realidad no se haya pensado mejor cuál debiera ser el diseño más apropiado para un servicio que, a menudo, ha sido tratado como un botín político. Una reflexión y una experiencia piloto de cómo organizar un Estado profesional y moderno podría partir precisamente por este servicio público, quizás con apoyo de un organismo internacional como la OCDE. Dados los montos que maneja y su exposición a la presión de intereses, resulta clave evaluar un mejor diseño para la Junaeb. Complejidades en alimentación escolar.