Autor: Por Dante Castillo" y Mario Torres”*
Las ataduras de la universidad pública
Piie - UTEM Ntre las principales ideas que se han naturalizado sobre el funcionamiento de las universidades públicas, está aquella que sostiene que las instituciones estatales son menos eficientes para gestionar proyectos que las universidades privadas. En realidad, es una constatación que cot dianamente se expresa en el discurso de cualquier institución o profesional que debe vincularse laboralmente con las universidades públicas del país.
Por lo tanto, estas entidades universitarias operan con el karma inicial de una gestión burocrática, con casi ninguna capacidad para responder en tiempos pertinentes Esta condición inicial se refleja tanto en el diseño, instalación y evaluación de cualquier iniciativa Lo anteriormente descrito queda de manifiesto cuando las universidades pú blicas son contratadas para prestar servi cios, al propio Estado o a las diferentes tipologías de instituciones privadas.
Es así como, en las opiniones, declaraciones y percepciones de cualquier profesional o funcionario que ha tratado con las universidades públicas, señalará que es más fácil tratar con las universidades privadas y por añadidura se crea la convicción que las entidades privadas son más eficientes y preferibles, a la hora de solicitar cualquier tipo de servicios, Pero, ¿qué de cierto hay en todo esto?. ¿Es posible que las universidades privadas sean intrinsecamente más eficientes para gestionar servicios a la sociedad que las públicas?. La tentación de confirmar lo anterior es grande, pero pese a los múltiples ejemplos que se pongan, no es posible confirmar que las entidades privadas sean mejores y por añadidura, preferibles. No obstante, el marco legal y administrativo que Chile ha generado para la gobernanza y la administración de las universidades públicas, ha mutilado su capacidad de gestión. Las universidades de públicas han sido conscientemente amordazadas y enclaustradas para evitar que respondan oportunamente a las necesidades y servicios que demanda nuestra sociedad. Aunque parezca majadero volver arepetirlo, el modelo de desarrollo neoliberal que sigue operando en nuestro país, prescinde de las instituciones de educación superior públicas.
Por lo tanto, pese innovaciones y a la creatividad con la que algunas universidades públi tentan mejorar su desempeño, estos es fuerzos no son suficientes para defenderse de las mordazas del marco legal y jurídico neoliberal Pese a los discursos y a algunas acciones de apoyo, el Estado y los diferentes gobiernos de turno, no han abordado d rectamente la inequidad en la que se encuentran las universidades públicas. Las ataduras que limitan estructuralmente la gestión de las entidades públicas, no se resuelve con bonos o más recursos.
Por lo mismo, es imperativo que el marco de la discusión por una nueva Constitu sines de vital importancia que el Estado coa y repare el daño que han recibido las instituciones públicas, luego de estos más de treinta años de políticas educat vas mercantile: La supuesta ineficiencia en la gestión de los servicios, asistencias técnicas y consultorías que prestan las entidades públicas está tan internalizada en el con: ciente colectivo, que incluso los funciona rios de aquellos gobiernos que se declaran defensores de la educación pública, predican sobre la ineptitud de las univers dades estatales y las virtudes innatas de las universidades privadas. Estos funcionarios públicos, muchos de ellos jefes de unidades o de divisiones de los diferentes ministerios, operan segados por la ideología dominante.
Para decirlo de forma sencilla, la ausencia de una reflexión crítica ha hecho que buena parte de los y las funcionarias que se vinculan con las universidades públicas, lo hagan desde la de: confianza y desde una posición sesgada. Al mismo tiempo, las autoridades gubernamentales que se declaran a favor del fortalecimiento de las instituciones educativas públicas, nunca han desarrollado acciones para abordar las creencias y estigmas con los que operan sus propios subalternos. Es por esta misma razón que los y las propias funcionarias del Estado operan desde el sesgo y el prejuicio hacia las universidades estatales.
Ahora bien, es cierto que las ataduras legales explican el paso cansino de la gestión de las universidades del Estado, especialmente cuando prestan servicio a la propia institucionalidad pública o a la privada, pero esta condición inicial, no lo explica todo.
Luego de más de tres decenios de administraciones y políticas neoliberales, las y los funcionarios y académicos que forman parte de las universidades públicas, también han naturalizado prácticas y creencias que le ponen trabas ala gestión de prestación de servicios y al tratamiento de procedimientos administrativos.
Por lo mismo, es muy frecuente apreciar la forma en que estos profesionales realizan comparaciones que no consideran la condición de inequidad en la que se encuentra la universidad pública En todas las universidades públicas tanto el cuerpo académico como las y los funcionarios, operan con un desproporcionado apego a la normativa y con un terror casi irracional a los sumarios administrativos. Muy ligado a lo anterior, la infinidad de procedimientos que operan pala transparencia y la probidad en las gestiones finaliza entorpeciendo la velocidad de respuesta, en la toma de deadministrativas y de gobernanza.
A la burocracia necesaria, se le recarga y apiñan protocolos y una infinidad de autorizaciones intermedias que se van sumando para respaldar y resguardar cada decisión que se requiere para implementar hasta la más mínima actividad Luego de transcurridas más de tres décadas, desde la instalación de las políticas que sistemáticamente han buscado jib: rizar el rol de la universidad pública, en la cultura institucional y en las prácticas de las y los funcionarios y académicos, se instaló una actitud de “pequeña contraloría”. Dicho en términos simples, los equipos técnicos y profesionales, también se vinculan con quienes se atreven a prestar servicios a la sociedad y a sus instituciones, no solo con el propósito de controlar las operaciones, sino que también con la actitud de ubicar el error en alguna parte de la cadena de protocolos de gestión, o bien para aterrorizar a un profesional u académico que participa en licitaciones y se adjudica proyectos de asistencia técnica o de cualquier tipo de asesoría. Al poco andar, esta actitud de “pequeña contr loría” finaliza, en la mayoría de los casos, mermando y apagando el inter: nes se atreven a prestar servicios titucionalidad estatal o privada.
Como una forma alternativa para poder operar, la mayoría de las universidades públicas se han visto empujadas a crear, en el marco de la ley, empresas o unidades que funcionen con un estatuto privado y con un RUT diferente. De esta manera, es posible encontrar buenos ejemplos en varias universidades del El tado, con especial énfasis en las prestaciones de servicios tecnológicos y con menos éxito en las ciencias sociales, humanísti cas y educacionales. Pero más temprano que tarde incluso estas experiencias e: tosas son averiadas por las trabas que se le imponen a la gestión pública.
Es por ello que, muchas veces, las i ciativas de asistencia técnica o de prestación de servicios o asesorías encabezadas por las universidades del Estado, no pue= den concluir un proyecto, deben devolver recursos financieros no ejecutados, demoran hasta más de seis meses para cancelar honorarios o técnicos o profesionales contratados por obras o no tienen tiempo para responder oportunamente a las licitaciones que constantemente publican las entidades públicas y privadas En el contexto de la discusión por la nueva Constitución política del país, el apoyo más efectivo que el Estado y el gobierno le pueden entregar asus univer: dades consiste en la implementación de una política que restituya la capacidad de las instituciones de educación superior públicas, para abordar en igualdad de condiciones su vinculación y colaboración con la sociedad.
Sin perjuicio de lo anterior, es urgente que al menos el gobierno actual y sus representantes sectoriales, reconozcan las mordazas y cadenas que se le han puesto a la gobernanza y a la gestión pública y al mismo tiempo se instruya a los jefes de unidades y de divi siones para articular procedimientos que corrijan la inequidad que está a la base de la gestión de las universidades públicas. La gestión de las universidades del Estado puede ser eficiente o incompetente, pero en Chile este resultado está de do por el propio sistema educacional que nos rige. PUE “Académico UTEM.
