Autor: Mauricio Bravo Vicedecano Facultad de Educación UDD

¿Es necesario avanzar en medidas de control para proteger a las comunidades escolares?
¿ Es necesario avanzar en medidas de control para proteger a las comunidades escolares? L Frente a frente Hacia una respuesta coherente a la violencia escolar a violencia escolar en Chile cambió de naturaleza y ya no se trata solo de problemas de convivencia o conflictos entre estudiantes. Hoy enfrentamos un fenómeno más complejo, donde el ingreso de armas -especialmente armas blancasha ido en aumento. Un informe de la Superintendencia de Educación muestra que las expulsiones y cancelaciones de matrícula pasaron de 741 casos en 2016 a 2.423 en 2024, triplicándose en menos de una década. Más aún, las expulsiones por uso de armas pasaron de solo 9 casos en 2016 a 219 en 2024. Frente a este escenario, el debate sobre detectores de metales y revisiones de mochila ha tendido a polarizarse. Sin embargo, desde la economía del comportamiento, estas medidas no deben entenderse únicamente como mecanismos de control, sino también como herramientas de disuasión. Al aumentar la probabilidad de detección, operan incentivos y cambios de comportamientos, que reducen la probabilidad de conductas de riesgo. La propuesta del gobierno de Kast busca establecer un marco regulatorio más flexible que la recientemente publicada Ley de Convivencia Escolar, permitiendo a los establecimientos implementar -con menores barreras operativasmedidas de control en los accesos. Asimismo, contempla el fortalecimiento de la autoridad de directivos y docentes como parte de la estrategia para prevenir el ingreso de armas y mejorar la seguridad escolar. Estas medidas no están orientadas únicamente a enfrentar episodios de alta gravedad, sino también a prevenir situaciones de menor escala, reduciendo la probabilidad de que escalen hacia hechos más complejos.
En este contexto, darle mayores facultades a los directivos para que decidan sus planes de acción es positivo porque en ambientes complejos y heterogéneos como el sistema escolar, los niveles de riesgo varían significativamente entre establecimientos, por tanto, la solución es contextual y en estos casos es mucho más eficiente habilitar marcos de acción. Esto significa establecer reglas claras, resguardar derechos y permitir que los equipos directivos, en función de su realidad, puedan decidir si requieren medidas disuasivas. Por su parte, sería un error pensar que estas medidas constituyen una solución suficiente. La evidencia muestra que la violencia escolar responde a múltiples factores, por lo que su abordaje requiere una estrategia integral. Por tanto, esto implica fortalecer la atención de salud mental para estudiantes y docentes, implementar mecanismos efectivos de mediación y resolución de conflictos, y desarrollar programas preventivos. Sin embargo, una propuesta integral no es contradictoria con el fortalecimiento del control en los accesos a los establecimientos escolares. Plantearlo como una disyuntiva es una falsa dicotomía, ya que ambas dimensiones pueden ser complementarias. Promover la salud mental y la convivencia requiere, al mismo tiempo, condiciones mínimas de seguridad y certeza normativa.
De lo contrario, se incurre en una falla en el diseño de políticas públicas porque se reconoce el problema y sus múltiples formas de abordaje, pero no se despliega un conjunto coherente de instrumentos para enfrentarlo. En consecuencia, el desafío para la política pública no es optar entre enfoques, sino diseñar un marco coherente que articule prevención, control y apoyo psicosocial. Esto implica avanzar hacia regulaciones que habiliten decisiones informadas a nivel local, establezcan estándares claros de implementación y permitan evaluar sistemáticamente sus efectos. Solo así será posible transitar desde respuestas reactivas hacia una gestión preventiva del riesgo, alineando los instrumentos disponibles con la complejidad real del problema. L Carmen Gloria Zúñiga G.
Académica, Facultad de Educación UC Investigadora CELITED Los detectores de metales no son la respuesta a tragedia de Calama ha desencadenado respuestas que, aunque comprensibles en su urgencia, actúan sobre la superficie visible del problema sin interrogar sus raíces. La más extendida es la instalación de detectores de metales y la revisión de mochilas en los establecimientos escolares. Es una medida que puede generar una falsa sensación de seguridad y que no tiene efectos en la prevención. En el caso de Calama, el imputado publicó contenido explícitamente amenazante en redes sociales antes del ataque. Esa era la ventana de intervención real. Los detectores operan en el umbral físico del establecimiento, cuando ya se ha fallado en todas las etapas anteriores. Una política de prevención seria debe desplazar la atención hacia los entornos digitales, donde las señales precursoras son visibles y accionables con anticipación. Casi ninguna escuela en Chile tiene protocolos estructurados para detectar y procesar esas señales. Instalar arcos detectores sin cerrar esa brecha es seguridad de vitrina, es decir, visible y tranquilizadora para la opinión pública, pero estructuralmente irrelevante. Hay además un costo simbólico que no puede ignorarse. Revisar mochilas transforma el establecimiento en un espacio de sospecha sistemática, con consecuencias directas sobre el clima escolar. Los estudiantes que más necesitan sentir que pertenecen a una comunidad -aquellos con mayor vulnerabilidad emocionalson precisamente los que más resienten ese mensaje institucional de desconfianza. Los datos PISA indican que el porcentaje de jóvenes de 15 años que declaran sentirse solos en el colegio creció de 9% en 2012 a 27% en 2022, triplicando su valor en una década. Ese es el terreno en que germina la violencia extrema. Ningún detector ve a ese adolescente. Un docente con tiempo, formación y presencia emocional disponible, sí puede hacerlo. Para que ese docente pueda cumplir ese rol, necesita condiciones que hoy no existen.
Un estudio de bienestar docente publicado en 2025 indicó que más del 56% de los docentes en Chile presenta signos de agotamiento psicológico severo y casi el 30% nunca ha recibido apoyo para gestionar situaciones complejas en el aula.
Si los adultos que habitan la escuela están al límite del burnout, ¿cómo se les puede pedir que vean y atiendan a un estudiante en crisis? Añadirles funciones de vigilancia física profundiza ese deterioro y erosiona precisamente el vínculo pedagógico que podría haber marcado la diferencia. En este cuadro, preocupa también que una reciente declaración presidencial haya apuntado a los padres como responsables de lo ocurrido. Cuando el sistema falla, la tentación es depositar la carga sobre actores individuales. Pero un adolescente que crece bajo presión académica intensa, en contextos de segregación escolar y sin acceso oportuno a salud mental, no es simplemente el producto de una crianza deficiente. Responsabilizar a las familias libera al Estado de actuar estructuralmente e instala la idea de que el problema es moral, no político. Los detectores de metales y la responsabilización parental comparten esa misma lógica: una apunta al objeto, la otra al individuo. Ninguna pregunta por qué el sistema no detectó las señales a tiempo. Suecia, tras una matanza en un liceo de adultos jóvenes, evaluó los detectores y los descartó. Optó por reforzar los vínculos con adolescentes solitarios. Lo que necesitamos no es una escuela que detecte objetos, sino una que vea realmente a las personas que acoge. Autor: Mauricio Bravo Vicedecano Facultad de Educación UDD.
Tras lo ocurrido en el liceo en Calama -que significó la muerte de una inspectoray la promulgación de la Ley de Convivencia Escolar, se vuelve a plantear el debate sobre la necesidad de implementar medidas de control en los establecimientos educacionales con el objeto de garantizar la seguridad de quienes se educan y trabajan en ellos.