Dos condenas y una querella: la trama judicial que vuelve a poner a la directora del Servicio de Salud Magallanes contra las cuerdas
Dos condenas y una querella: la trama judicial que vuelve a poner a la directora del Servicio de Salud Magallanes contra las cuerdas L a directora del Servicio de Salud Magallanes, Verónica Yáñez, enfrenta un nuevo revés judicial por actuaciones dirigidas contra una misma funcionaria: a pesar de una primera condena por vulneración de derechos fundamentales -que ordenó disculpas por escrito, capacitaciones obligatorias para la jefatura y el pago de $12.500.000 por daño moral no terminó con las vulneraciones.
Por el contrario, las actuaciones posteriores dieron pie a una segunda demanda, en la que se reprochó que Verónica Yáñez, nuevamente en su calidad de directora del servicio no asumió su responsabilidad ni cesó la conducta vulneratoria, a pesar de lo ordenado por el Tribunal, terminando nuevamente condenada al pago de $15.000.000. La Corte de Apelaciones mantuvo el fallo al rechazar el recurso de nulidad, mientras en paralelo avanza una querella por prevaricación contra la directora, ya declarada admisible y remitida al Ministerio Público. La "pos sentencia" que encendió la segunda tutela La primera condena no cerró el capítulo.
Por el contrario, según la segunda demanda, lo que vino después fue una seguidilla de decisiones y omisiones administrativas que mantuvieron a la funcionaria bajo presión, incertidumbre y exposición, como si el fallo no hubiese cumplido su efecto más elemental: poner fin al hostigamiento.
El punto de quiebre fue su destinación definitiva al Hospital Clínico, adoptada sin una reunión previa ni un contacto directo acorde a la gravedad del contexto: se trataba del mismo conflicto por el que el Servicio ya había sido condenado. La denuncia sostiene que no fue una medida de gestión neutral, sino una represalia vinculada a la primera condena, que volvió a instalarla en un escenario de vulnerabilidad laboral.
Y añade un dato estremecedor: mientras se encontraba con reposo por enfermedad profesional, la funcionaria intentó quitarse la vida tras conocerse que sería destinada al Hospital Clínico de Magallanes -donde, según la propia demanda, se desempeñaban varios de los involucrados en los hechos anterioresy, además, "sin cargo ni funciones definidas". El tribunal recogió el episodio crítico El segundo fallo no pasó por alto la alegación del episodio depresivo mayor y el intento suicida como parte de su análisis. La sentencia consigna que la actora atribuyó ese episodio a la dictación de una resolución exenta de destinación de diciembre de 2024, instalando el hecho como un punto de inflexión en el caso. En términos simples: no se trató de un conflicto "administrativo" menor.
La Gobierno de Chile Servicio de Salud Magallanes saludmagallanes. cl discusión judicial volvió a rozar -de forma directalos límites entre la potestad de dirección y el deber del Estado de no vulnerar los derechos fundamentales, particularmente cuando ya existía una condena previa que alertaba sobre el daño y el patrón seguido por el Servicio de Salud.. PROCESOS JUDICIALES QUE MARCAN PRECEDENTE EN LA GESTIÓN DE VERÓNICA YÁÑEZ Dos condenas y una querella: la trama judicial que vuelve a poner a la directora del Servicio de Salud Magallanes contra las cuerdas La confirmación en segunda instancia: el Servicio volvió a perder La Corte de Apelaciones de Punta Arenas, con fecha 29 de enero de 2026, revisó el recurso de nulidad interpuesto contra la sentencia dictada en noviembre de 2025 y decidió rechazar el intento del Servicio por revertir una condena por daño moral derivada de la segunda tutela laboral.
Con ello, el resultado es contundente: en dos oportunidades, el Servicio de Salud Magallanes terminó condenado en sede laboral por actuaciones que la judicatura consideró incompatibles con estándares básicos de respeto a garantías fundamentales en la relación de trabajo.
El factor Verónica Yáñez: poder jerárquico y foco de cuestionamientos En el segundo juicio, Verónica Yáñez González reconoció ejercer el cargo de directora del Servicio desde febrero de 2023 y afirmó que el director del Hospital Clínico, Ricardo Contreras, está bajo su línea jerárquica (quien estaba a cargo como director subrogante del Servicio de Salud, cuando ocurrieron los hechos de la primera vulneración). Y ese dato no es accesorio.
Porque el debate de fondo era si la Dirección del Servicio internalizó (o no) el mensaje de la primera sentencia: que su gestión no es un espacio sin controles, y que las decisiones "de administración" tienen límites cuando se vuelven instrumentos de castigo, presión o exposición. El sumario como capítulo de persecución: del conflicto laboral al flanco penal y contralor Tras la primera condena, la tensión no se agotó en los tribunales laborales.
Según consta en la querella presentada por la propia funcionaria, el conflicto escaló a sede penal contra la Directora, imputándole prevaricación administrativa (art. 228 del Código Penal), a propósito de un oficio ordinario mediante el cual se habría rechazado abrir investigación disciplinaria frente a una denuncia administrativa formulada por la funcionaria en contra de un trabajador del círculo de la directora, que había faltado a la verdad en el primer juicio. Esa querella fue declarada admisible por el Juzgado de Garantía de Punta Arenas en septiembre de 2025 y se ordenó remitir antecedentes al Ministerio Público. En paralelo, la propia demanda laboral da cuenta de que, ante irregularidades que -según la actorapersistían, decidió ingresar una solicitud de investigación sumaria por falta a la probidad.
A eso se suma lo que hoy está instalado como un frente adicional: el equipo jurídico del bufete Defensa Magallanes, a cargo de la defensa de la funcionaria, sostiene que la persecución continuó incluso después de interpuesta la segunda demanda, con el uso de procedimientos disciplinarios (sumarios) y actuaciones posteriores que -según se denunciaadolecerían de falta de imparcialidad, materia que, de acuerdo con lo indicado, se encuentra además bajo revisión en sede contralora, ante la serie de irregularidades en su tramitación, como la inhabilidad tardía de la directora del servicio, la actuación en el sumario de funcionarios del círculo de la misma, quienes incluso habían declarado en contra de la funcionaria en los dos juicios que perdieron y la aplicación de medidas disciplinarias, por personal directamente involucrado en los procesos de hostigamiento, restando toda imparcialidad en la tramitación del sumario..