SE ENCIENDE ALERTA ANTE AMENAZAS contra jueces y fiscales
SE ENCIENDE ALERTA ANTE AMENAZAS contra jueces y fiscales El caso Los Vilos encendió la luz roja. Un asistente de fiscal llega a una audiencia de revisión de medidas cautelares de cinco miembros del Tren de Aragua que estaban presos en la Cárcel de Alta Seguridad. El asistente no argumenta razones para mantener a los imputados tras las rejas y los acusados logran su objetivo: en vez de la cárcel, quedan bajo arresto domiciliario. Tres se escapan, dos de ellos requeridos también por Perú. La audiencia, que se registró el 3 de junio en el tribunal de Los Vilos, fue insólita. La jueza reprendió públicamente al representante de la fiscalía por no estar preparado.
Este ni siquiera apeló de la resolución en el momento, lo que habría mantenido a los imputados presos mientras la corte resolvía. ¿Fue solo falta de preparación del mismo? ¿ O actuó así porque podría haber sido amenazado? El asunto es tan delicado que hoy el representante de la fiscalía está bajo investigación administrativa y también penal. Es posible que si los imputados no hubieran sido vinculados al Tren de Aragua, la alerta no se hubiera encendido.
Es que las organizaciones criminales internacionales cambiaron la dimensión del crimen en Chile desde que se extendieron en la región en medio de la crisis migratoria. ¿Cuán cerca o cuán distantes estamos de convertirnos en un país más de aquellos donde se hizo costumbre atentar contra las vidas de investigadores y jueces? "AÚN NO ESTAMOS EN UN PUNTO DE NO RETORNO" En enero, en Ecuador asesinaron al fiscal César Suárez, que investigaba corrupción y crimen organizado. Llevaba la causa por la irrupción de un grupo armado en el canal TC Televisión, que había ocurrido la semana anterior. Recibió 20 balazos. Las autoridades ecuatorianas quedaron convencidas de que detrás estaba el crimen organizado transnacional, en medio de disputas entre bandas de narcotráfico por el control desde las cárceles. El proceso creció en el tiempo hasta llegar a ese momento. En mayo de 2022 en Colombia acribillaron al fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci. Ese mismo mes asesinaron a las fiscales Luz María Delgado en Ecuador y Karen Almendares en Honduras. "En Chile aún no estamos en un punto de no retorno. Creo que todavía estamos a tiempo de tomar varias medidas que nos permitan evitar justamente llegar a situaciones como esas", dice el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo. Él es también fundador de la Federación Latinoamericana de Fiscales, que integran 13 países de América Latina. Ahí, "el tema fundamental de la federación es la seguridad de los persecutores", asevera.
Cuenta que hicieron una encuesta en Chile: "Arrojó que más de un tercio de los fiscales ha sido amenazado en el ejercicio de sus funciones, incluso algunos han sido agredidos; 18 fiscales solicitaron el traslado de sus domicilios por razones de seguridad". La Fiscalía Nacional, a su vez, hizo un catastro-país, que indicó que más de 50 fiscales están en situación de riesgo alto. "Eso significó también implementar medidas concretas de protección hacia ellos: colocación de cámaras de seguridad en sus domicilios, blindaje de los vidrios de sus vehículos, brindarles chalecos antibalas. Parecieron medidas adecuadas, pero claramente hoy son insuficientes", asevera Bravo. Lo que ha encendido la alerta en el país, indica, es "todo lo que tiene que ver con el Tren de Aragua, el Tren del Coro, Los Gallegos. La práctica extendida de estas organizaciones criminales era inédita en Chile hace unos cinco años.
El sicariato, el secuestro y la extorsión eran delitos muy excepcionales". DESDE LA CÁRCEL Esta semana la fiscalía de Arica estuvo ocupada en dos juicios orales paralelos, contra integrantes de Los Gallegos (34 imputados) y del Tren del Coro (comenzó el lunes). El Tren del Coro lo integran descolgados de Los Gallegos --brazo del Tren de Aragua--, con quienes se disputan territorios en Arica para el tráfico de drogas. Fue el mismo Tren de Aragua el que llevó a la alerta que vino desde Gendarmería, por amenazas contra un miembro del Poder Judicial. Ocurrió después del hallazgo de tres cuerpos en Curacaví en abril de 2023, en un ducto de agua cerca del túnel Lo Prado. Dos de los tres cuerpos, que tenían una data de seis meses fallecidos, correspondían a personas que habían sido secuestradas por la organización venezolana en un caso donde ya había 17 detenidos. Mediante escuchas telefónicas y medidas de inteligencia, desde la cárcel advirtieron un posible atentado en conversaciones entre algunos reclusos. Se entendió que se trataba de un juez del 7 Juzgado de Garantía de Santiago. Se realizó la denuncia y 14 magistrados de ese tribunal se encuentran hoy con medidas de protección. También el fiscal que estaba llevando esa causa. No son los únicos bajo amenaza. BOTONES DE PÁNICO Y OTRAS MEDIDAS Magistrados de algunos tribunales, principalmente en el Centro de Justicia, cuentan hoy con botones de pánico, aunque no todos funcionan.
Y algunos han pedido reserva de su identidad, como ocurre con la jueza que lleva el caso del secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda. ¿Se verán jueces con capucha en Chile? "Espero que estemos a años luz de eso", responde la directora de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas, Mariela Hernández. Dice que la asociación lleva años trabajando en el tema de la seguridad y que esto partió en 2019, cuando incendiaron un tribunal durante el estallido.
Se dieron cuenta "El estado actual de la criminalidad organizada en Chile es suficientemente relevante como para que adoptemos una política nacional de Estado, de protección y de resguardo de quienes se encargan de la persecución de estos delitos". IGNACIO CASTILLO Director de la Unidad de Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional de que no existían protocolos internos ante amenazas de esa naturaleza... y luego tampoco para amedrentamientos del crimen organizado. "En los últimos meses, considerando ciertas situaciones que se han vivido, se ha pedido formalmente a la Corte Suprema la adopción de medidas y hemos tenido una muy buena acogida. Ellos han designado al ministro Manuel Antonio Valderrama como encargado de Seguridad. Nos hemos reunido de manera periódica para ver cómo se aborda esta situación al interior del Poder Judicial", afirma.
La Corte Suprema decidió mantener en reserva las identidades de los jueces que trabajan en la Región de Arica y Parinacota ante el juicio oral contra Los Gallegos, que ya está produciéndose. "Creemos que es la medida idónea y que, en definitiva, nos parece que debiera ser adoptada en general en cuanto a la publicidad de los jueces que toman causas de alta connotación", sostiene Hernández. En el Congreso está listo un proyecto de ley que modifica diversos cuerpos penales en materia de reincidencia y de delitos de connotación. El cuerpo legal faculta a los jueces para arbitrar medidas como la reserva de identidad de las víctimas, los testigos e incluso de los propios magistrados. Hace tres meses se firmó un convenio de seguridad entre las máximas autoridades del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública.
Establece que los fiscales y defensores tengan ingreso diferenciado del acceso público a los tribunales; que usen baños distintos a los del público, y que puedan acceder a estacionamientos de los tribunales para que no dejen sus vehículos en la calle exponiéndose a sufrir un atentado. También, la posibilidad de que audiencias de alto riesgo sean tomadas telemáticamente. Hay otros temas que, según el fiscal Francisco Bravo, deben observarse, como la identificación genérica --no individual-de los persecutores en causas de crimen organizado. Pero, más allá, Bravo y la jueza Hernández coinciden en la necesidad de una política de Estado que proteja a los funcionarios del sistema de justicia. CITA EN PALERMO POR ASESINATOS EN SICILIA Hace dos semanas, el director de la Unidad del Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, Ignacio Castillo, estuvo en Palermo. Asistió a los actos de conmemoración de los asesinatos en Sicilia de los magistrados Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, ejecutados por la Cosa Nostra en 1992. Participaron fiscales y autoridades de distintos países donde han sufrido atentados muy graves, incluso de homicidios. Iban todos escoltados con caravanas de policías. En las conversaciones reparó que en aquellos países, particularmente en Italia, se ha avanzado en políticas institucionalizadas de protección a los agentes que persiguen bandas articuladas.
Con esa experiencia, reflexiona: "El estado actual de la criminalidad organizada en Chile es suficientemente relevante como para que adoptemos una política nacional de Estado, de protección y de resguardo de quienes se encargan de la persecución de estos delitos.
Desde luego, partiendo por los fiscales regionales, que son los que muchas veces tienen la mayor visibilidad respecto de este tipo de persecuciones". Y afirma: "El peor error que el país podría cometer es esperar que efectivamente le pase algo a un fiscal, a un juez o a un agente que investiga delitos de crimen organizado para adoptar medidas.
Hay que hacerlo antes de que eso suceda". EL CASO DE LOS VILOS Sobre el caso de Los Vilos, donde mediante una extraña audiencia sacaron de la cárcel a miembros del Tren de Aragua acusados de secuestro, el presidente del gremio de los fiscales, Francisco Bravo, recuerda que ese hecho se dio en una fiscalía unipersonal. "El fiscal de Los Vilos estaba preparando tres juicios que tenía en esa semana en el tribunal oral de Ovalle, a 190 km de Los Vilos", dice explicando por qué envió a un asistente, pese a ser un caso de alto impacto. Pero ¿ habrán amenazado al asistente, que no hizo nada por conseguir que los reos siguieran en prisión? "No puedo descartarlo. Eso lo determinará la investigación administrativa y la penal", responde Bravo. De quien sí hay certeza de que fue amenazada es sobre la jueza de Los Vilos, que está con protección. El fiscal nacional Ángel Valencia no puede pronunciarse sobre ese caso en particular, que califica de "gravísimo", porque deberá resolver sobre la investigación administrativa que se abrió. Las razones del abogado asistente que falló en su desempeño van a tener que establecerse en esa instancia. Manifestó que una persona "puede ser víctima de amenazas, de distintas motivaciones para actuar de esa manera"; por lo tanto, pidió no prejuzgar. Hoy hay cinco causas activas donde se investigan amenazas a jueces y fiscales en el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), ocurridas en la Región Metropolitana y en Arica.
Es la distancia que existe con países donde el crimen organizado mezcla narcotraficantes, guerrilla y extremismo para atentar contra investigadores y sentenciadores, como está ocurriendo hoy en Ecuador y en otros países de Latinoamérica. n CEDIDA SE ENCIENDE ALERTA ANTE AMENAZAS contra jueces y fiscales CASO DE LOS VILOS CON EL TREN DE ARAGUA PRENDIÓ LA LUZ ROJA: En abril de 2023, tres cuerpos fueron encontrados en Curacaví. Ahora, 14 jueces del tribunal que observa el caso están bajo protección. CEDIDA Mariela Hernández, directora de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas. Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales. Detectores de metales en todas las puertas del Palacio de Tribunales, botones de pánico, reserva de identidad de magistrados y persecutores, baños diferenciados, audiencias telemáticas en casos de riesgo. Son todas medidas de protección que se comienzan a implementar para frenar posibles atentados del crimen organizado, como ha ocurrido en otros países de la región. LILIAN OLIVARES CEDIDA.