Autor: Francisco Corvalán y Joaquín Barrientos

Ministra Wulf recorta un 2,24% de su presupuesto y descarta que ajuste implique retroceso en derechos sociales
Ministra Wulf recorta un 2,24% de su presupuesto y descarta que ajuste implique retroceso en derechos sociales El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, liderado por la socióloga María Jesús Wulf, salió al paso de las numerosas críticas que se generaron luego de que se diera a conocer que resolvió aplicar un ajuste de 36,6 millones de dólares sobre un presupuesto total de US$ 1.635 millones. Esto equivale al 1,8% del gasto nacional y representa una disminución del 2,24%, por debajo del 3% de referencia fijado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. La definición, según defiende la cartera, busca resguardar la política social y evitar impactos en prestaciones críticas. El recorte teórico del 3% habría implicado una reducción de US$ 49,1 millones, escenario que finalmente fue acotado. El diseño del ajuste, que el propio Presidente José Antonio Kast tuvo que salir a defender durante la jornada, se construyó sobre cuatro criterios técnicos. El primero apunta a corregir programas cuyos recursos asignados superan sistemáticamente su capacidad de ejecución. El segundo considera la reducción de ineficiencias administrativas en bienes, servicios, asesorías y componentes de gestión. El tercero se enfoca en la racionalización de fondos concursables y transferencias con bajo respaldo de impacto. El cuarto criterio corresponde a la adecuación de presupuestos a cambios en la demanda efectiva o en diagnósticos programáticos. En paralelo, Midesof incorporó un eje de reestructuración institucional, focalizado en servicios con duplicidades, baja incidencia o alta concentración del gasto en su propia estructura. Este componente explica parte importante de los recortes más significativos incluidos en la propuesta. "En un contexto de estrechez fiscal, nuestra prioridad es clara: no vamos a tocar los beneficios sociales. Estamos ordenando el gasto para que el Estado llegue mejor, más rápido y con mayor impacto a las personas", señaló al respecto el subsecretario de Servicio Sociales, Alejandro Fernández. Uno de los ajustes más relevantes se concentra en el programa de Diagnóstico Clínico Especializado y Pericia del Servicio Nacional de Protección, donde la rebaja asciende a $ 12.748 millones, equivalente al 23,64% del total. La decisión responde a un aumento significativo de recursos entre 2025 y 2026 que no se condice con su ejecución efectiva.
Los antecedentes del ministerio indican que las derivaciones judiciales disminuyeron en un 42% entre 2024 y 2026, mientras que las atenciones registraron una caída acumulada de 10.763 prestaciones entre enero de 2025 y marzo de 2026. A ello se suman proyecciones que anticipan una reducción adicional cercana al 12% anual, lo que profundiza el desalineamiento entre presupuesto y demanda. En la práctica, los tribunales han privilegiado la realización de pericias por sobre diagnósticos clínicos, modificando la composición de la demanda del programa. El ajuste, sostienen en la cartera, apunta a corregir ese desfase sin alterar la protección especializada dirigida a niños, niñas y adolescentes.
Otro de los recortes se ubica en el Programa de Apoyo al Recién Nacido, conocido como "Ajuar", con una disminución del 10,5%. Esta fue quizás la decisión más bullada de todas, por la buena valoración ciudadana de la iniciativa. Pero en el ministerio defienden que la rebaja se concentra en el stock de emergencia, manteniendo intacta la oferta regular y la cobertura a las familias. El diagnóstico interno identifica un sobredimensionamiento de inventarios que, de no corregirse, habría derivado en subejecución y devolución de recursos.
En el caso de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), la reducción se focaliza en el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, con un ajuste de $ 7.634 millones, equivalente al 8,21% de esa línea. El criterio aplicado responde a la subejecución histórica del programa, que no ha logrado utilizar la totalidad de los recursos asignados en años anteriores. La propuesta mantiene montos en niveles similares a los efectivamente ejecutados, bajo un enfoque de continuidad presupuestaria. El ajuste más significativo se concentra en el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), que enfrentará una rebaja de $ 3.859 millones, equivalente al 47,69% de su presupuesto. La decisión se basa en un diagnóstico estructural sobre el alcance y la efectividad del servicio. En 2025, los programas del instituto llegaron a 30.084 jóvenes, lo que representa un 0,7% de la población joven del país, estimada en más de cuatro millones de personas. La composición del gasto también incide en la evaluación. Para 2026, el presupuesto del Injuv asciende a $ 8.093 millones, de los cuales cerca del 75% se destina a personal, un 15% a gastos de operación y solo un 10% a gasto programático. Esta distribución limita la capacidad del servicio para incidir directamente en la población objetivo.
La rebaja se distribuye mayoritariamente en gasto en personal (80%), seguido de transferencias programáticas (16%) y gastos operacionales (4%). En paralelo, la Ley de Presupuestos 2026 mandató al ministerio y a la Dirección de Presupuestos a presentar, antes de junio, una propuesta de rediseño institucional para el Injuv. El proceso en curso considera transformar al instituto en una entidad de carácter técnico, con foco en la generación de evidencia, la coordinación intersectorial y la emisión de recomendaciones en políticas públicas dirigidas a jóvenes. Bajo este esquema, comentan que algunos programas podrían ser trasladados a otros servicios con mayor capacidad de ejecución sectorial. Mientras se define ese rediseño, el ministerio plantea mantener la continuidad de las funciones legales y compromisos programáticos vigentes. Eso sí, ajustando el gasto a niveles consistentes con su operación actual. Autor: Francisco Corvalán y Joaquín Barrientos. En medio de las críticas, el Ministerio de Desarrollo Social entregó los lineamientos de su reducción presupuestaria, bajo los objetivos de austeridad del gobierno, de cara al próximo ajuste fiscal del Presupuesto 2027. La cartera de la ministra María Jesús Wulf incorporó un eje de reestructuración institucional.