Columnas de Opinión: Se aprueba Ley de Envejecimiento Positivo: punto de partida, no de llegada
Columnas de Opinión: Se aprueba Ley de Envejecimiento Positivo: punto de partida, no de llegada Anoche se aprobó la Ley para promover el envejecimiento positivo, el cuidado integral de las personas mayores y el fortalecimiento de la institucionalidad del Senama. Sin duda, es un avance relevante en un país que envejece rápido y de manera profundamente desigual.
No porque resuelva las carencias estructurales que enfrentan las personas mayores más pobres de Chile -no lo hace-, sino porque instala, por primera vez con mayor claridad, un marco de derechos, deberes y responsabilidades públicas frente a una realidad que ha sido abordada de forma fragmentada, asistencial y tardía. Para las personas mayores en situación de pobreza, fragilidad o dependencia, la ley tiene un valor político y práctico concreto: deja de tratarlas solo como beneficiarias de programas y las reconoce como sujetos de derechos. Esto significa dotarlas de dignidad, autonomía y voz, incluso cuando esa autonomía está limitada por la dependencia, la enfermedad o el abandono. Este cambio no es retórico. La ley explicita derechos clave para quienes viven en mayor vulnerabilidad.
Estos son el derecho a una vida libre de violencia y abandono; a un trato digno y preferente; a la participación comunitaria; al acceso a la justicia; y a medidas de protección efectivas cuando su integridad física o psíquica está en riesgo.
Las regiones del Maule y de Ñuble tienen un 7,4% cada una de personas mayores en pobreza, lo que las convierte en la segunda (Maule con 17.563 ) y la tercera (Nuble con 8.014) con mayor proporción de población mayor pobre del país. Muchos de ellos viven solos, aislados o con redes familiares frágiles, por lo que el reconocimiento del abandono social como una forma de vulneración que amerita intervención judicial es un avance sustantivo, aunque todavía insuficiente. La creación de una Política Nacional de Envejecimiento y el fortalecimiento del Senama contribuyen a superar la lógica de iniciativas dispersas y de corto plazo.
Para el Hogar de Cristo, que trabaja diariamente con personas mayores dependientes, frágiles o excluidas, esto abre la posibilidad de una mayor coherencia entre programas domiciliarios, centros diurnos y residencias, y de una mejor coordinación con el Estado a nivel territorial. Sin embargo, es un error presentar esta ley como Por Mauricio Zorondo, un punto de llegada. Sus ausencias son tan imporjefe de operación social tantes como sus avances, especialmente para las perHogar de Cristo Maule Sur y Nuble sonas mayores más empobrecidas. La normativa no consagra el derecho a los cuidados de largo plazo, justamente el eje más crítico para quienes viven con dependencia severa sin apoyo familiar ni recursos. Tampoco establece al Estado como garante efectivo de los derechos que enumera, sino principalmente como promotor, trasladando gran parte de la carga a las familias y comunidades, que muchas veces ya están sobrepasadas.
A ello se suma un vacío institucional relevante: el rechazo del rol del Instituto Nacional de Derechos Humanos en la promoción y protección de los derechos de las personas mayores reduce las posibilidades de exigibilidad real. En contextos de pobreza extrema, donde la vulneración no siempre es visible ni denunciada, sin un actor con mandato claro de defensa, los derechos corren el riesgo de quedarse en el papel. En síntesis, esta ley no transforma por sí sola la vejez pobre en Chile, pero sí cambia el marco desde el cual el Estado y la sociedad están obligados a mirarla. Reconoce que el envejecimiento digno no es un asunto individual ni familiar, sino un desafío colectivo que requiere corresponsabilidad y políticas públicas sostenidas.
Para Hogar de Cristo, el desafío que sigue es claro: empujar para que este marco se traduzca en garantías reales, financiamiento suficiente y, sobre todo, en un sistema de cuidados que esté a la altura de la vida y la dignidad de las personas mayores más excluidas del país..