Nuevo financiamiento estudiantil
Antes de que se envíe al Congreso el Presupuesto de 2025 es decir, antes del 30 de septiembre, el Gobierno debe presentar una propuesta de nuevo crédito para los estudiantes que cursan la educación superior.
Adicionalmente, debe dar cuenta de su propuesta de condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE). Respecto de esta, el Ejecutivo ha advertido que será acotada y que no dejará de reconocer a quienes han cumplido con sus pagos. La situación fiscal es estrecha y no permite grandes desembolsos. Además, es una política de escaso valor social. Sin embargo, el problema que enfrenta el Gobierno es que el solo anuncio de esta iniciativa, en plena campaña electoral, elevó la morosidad. Y, por cierto, es difícil defender beneficios relevantes para quienes se mantienen en el incumplimiento. Hay aquí una primera tensión. Una adicional emerge del hecho de que la política que se siga inevitablemente influirá en la discusión del nuevo sistema de financiamiento.
Así, las condiciones que se definan para los deudores del CAE pueden llevar, dependiendo de cómo se conduzca el debate, a definir un umbral para el nuevo crédito que se propondrá y que reemplazará al vigente. Y mientras más beneficios se consideren, más onerosa resultará la nueva política. Hasta ahora, se conocen pocos detalles de esta. Se ha anunciado que ya no estarán los bancos y que los recursos provendrán del erario nacional. Ahora bien, el diseño del nuevo crédito no tiene grandes espacios para in-novar y seguramente estará en línea con los sistemas que se han propuesto en Chile antes, similares a los vigentes en otras latitudes. Es decir, será contingente al ingreso, con tasa de interés real positiva y plazos largos de pago. El subsidio implícito quedará definido por parámetros como estos.
La mayor complejidad, sin embargo, estará en que la agenda modernizadora de la educación superior que ha divulgado el Gobierno postula extender la regulación de aranceles y vacantes que definió la política de gratuidad ahora a todo el sistema de educación superior.
El nuevo crédito es propicio para este propósito (hay que recordar que el CAE se concede hasta por el arancel de referencia, pero no acota el valor que la institución puede cobrarle al estudiante). Los rectores de las universidades acogidas a gratuidad han sido críticos del efecto que esta po-lítica ha tenido en sus universidades. La extensión propuesta agravaría la situación y la ampliaría a aquellas instituciones que no se han acogido a gratuidad. Esto, pensando además que los nuevos anuncios de financiamiento de la investigación son muy preliminares y los recursos, de materializarse, llegarán en plazos muy largos. La calidad del sistema, entonces, sufriría. Dicha agenda, además, contempla un plan de crecimiento de la matrícula “con sentido estratégico y de pertinencia”, que, en un mundo tan dinámico como el actual, es difícil de dimensionar y anticipar. Si este objetivo se intenta materializar en el nuevo sistema de financiamiento estudiantil, el debate solo se complicará. Si se pretende usar esta política para regular aranceles y matrículas, el debate de la propuesta solo se complicará..