“Efecto llamada”: Principal temor ante idea de regularizar a migrantes empadronados
“Efecto llamada”: Principal temor ante idea de regularizar a migrantes empadronados Fue a propósito de un encuentro del Proceso de Cartagena +40 en la Cepal, durante la tarde del jueves, cuando el subsecretario del Interior, Luis Cordero, se refirió a una idea que tiene el Ejecutivo de iniciar un proceso de regularización a un grupo de poco más de 180 mil extranjeros que hasta febrero de 2024 participaron del proceso de empadronamiento biométrico impulsado por el Gobierno. El subsecretario dijo que eran personas de las cuales el Estado no tenía información y que se acercaron de manera voluntaria y de "buena fe" al proceso.
Según Cordero, "el Estado de Chile está evaluando llevar a cabo un proceso de regularización acotado de personas que se encuentren en situación irregular y que cumplan con los requisitos y con los criterios de tener arraigo laboral o familiar". La idea de regularizar a migrantes que en su momento ingresaron por pasos no habilitados ha tenido enredado al Ejecutivo desde hace varios meses. Fue un tema que se tocó en la reunión que tuvo el Presidente Gabriel Boric con representantes de la oposición en Cerro Castillo. Allí, el Gobierno encontró en el senador Manuel José Ossandón (RN) un aliado inesperado, puesto que el parlamentario no se cerró a la idea, a diferencia de sus pares. A modo de fundamentar la idea de regularizar, Cordero dijo que hay un compromiso a nivel de Estado con la regularización. Y que aquello forma parte de una contraprestación hacia quienes hicieron el esfuerzo de ir y entregar sus datos al Gobierno central.
Asimismo, indicó que según estudios del Banco Mundial, no hay evidencia de que políticas de este tipo provoquen un "efecto llamada" para que más extranjeros lleguen a Chile con el pretexto de que después de un tiempo van a ser regularizados.
El tema fue abordado hace unos días en la comisión de Gobierno Interior del Senado, en donde la legisladora Luz Ebensperger (UDI) le consultó a la ministra Carolina Tohá por un rumor de que el próximo 15 de diciembre se realizaría una regularización masiva.
Ese día, Tohá contestó que desde hace tiempo el Gobierno dijo que la regularización se tenía que concentrar en personas empadronadas, "pero también dijimos que empadronarse no iba a ser requisito suficiente para regularizarse", sostuvo la secretaria de Estado, quien, a diferencia de Cordero, no habló de compromiso y dijo que no hay una definición de cómo va a ser ese proceso. Sobre ese punto, e l s u b s e c r e t a r i o Cordero dijo ayer que está en la misma posición que la ministra Tohá.
El Ejecutivo sustenta la idea de regularizar en el interés de importantes grupos empresariales, que estarían a favor de iniciar un proceso para beneficiar a personas que representan una fuerza de trabajo relevante para el país.
En el Ejecutivo se habla de personas con alta calificación y que llevan años en Chile. "Hay razones económicas y de seguridad para iniciar un estudio de un proceso de regularización", dijo el subsecretario del Interior.
Uno de los requisitos que mencionan en el Gobierno es el arraigo laboral, es decir, un contrato de trabajo, el vínculo familiar con chilenos, y otro requisito consiste en pedir los antecedentes de la persona tanto en Chile como en el país de origen. Cómo se pedirán los antecedentes a países como Venezuela, en donde no hay actualmente un embajador, es una tarea que el Gobierno no tiene resuelta. El debate de la regularización se dio en enero de este año. En ese momento, la ministra Tohá dijo que no se trata de un "perdonazo" generalizado y apuntó que la única práctica de ese tipo la ejerció el gobierno anterior, al realizar una regularización sin empadronamiento. Enojo oficialista En legisladores de la zona norte del país y que son del oficialismo no generó apoyo la idea que plantea La Moneda.
Uno de ellos es el diputado Jaime Araya (ind. -PPD), quien aseguró "personalmente, no estoy de acuerdo con una medida de este tipo, espero que puedan existir espacios de conversación para poder expresar mi desacuerdo con una regularización, aunque sea acotada; seguramente va a producir efectos perversos que quisiera plantear antes de que se tome una decisión de esta naturaleza". El diputado Luis Malla (PL) añadió que "la obligación del Gobierno es expulsar a quienes se encuentren en Chile de manera irregular y no darles más facilidades", dijo el legislador por Arica, quien añadió que "el giro del ministro no es lo que se acordó en el Congreso". En el resto del oficialismo también hubo distancia con la medida. El diputado Marcos Ilabaca (PS) señaló que le gustaría conversar con el subsecretario Cordero respecto de qué significa una regularización acotada. Y su par Tomás de Rementería opinó que evitaría hacer alguna promesa a alguien que entró por un paso clandestino.
Ayer, el senador RN Manuel José Ossandón volvió a reiterar su postura a favor de la regularización de un grupo de migrantes. "Yo, al contrario de lo que cree mi sector, no pienso que debamos expulsar a todos los migrantes. Primero, porque es imposible hacerlo y nadie ha podido explicarme cómo lograrlo. Segundo, porque hay muchas personas trabajadoras que contribuyen positivamente al país. A esas personas debemos darles una oportunidad.
Lo que está haciendo el Gobierno es correcto, pero debe complementarse con medidas para fortalecer el control de nuestras fronteras". El excanciller Hernán Felipe Errázuriz afirma que regularizar no es intrínsecamente malo, pero uno de los problemas que se pueden presentar es el "efecto llamada", dada la situación de países como Venezuela. Además, afirma que respecto de ese país sería complejo acceder a antecedentes de quienes hayan cometido delitos. "Tienen que tomarse las medidas adecuadas para garantizar que no se está regularizando a delincuentes. En el caso de Venezuela, donde no tenemos al embajador allá y con la situación de ese país, se hace complejo acceder a documentación fehaciente", afirma. La Moneda reiteró que se está evaluando cómo implementar el proceso "Efecto llamada": Principal temor ante idea de regularizar a migrantes empadronados J. SOTO Y J. P. GUZMÁN Diputados oficialistas del norte advierten que medida podría atraer más problemas a sus zonas. Uno de los requisitos que pediría el Gobierno son los antecedentes en el país de origen. El subsecretario del Interior, Luis Cordero, y la ministra del Interior, Carolina Tohá, se han tenido que pronunciar ante las críticas al proceso.
JONATHAN MANCILLA EMPADRONADOS Alcanzaron las 182 mil personas y se evalúan criterios laborales, de vínculo familiar y de antecedentes. n Roberto Méndez: "Hay un consenso en la sociedad chilena de que el número de migrantes en Chile es excesivo" El profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y experto en encuestas, Roberto Méndez, explica que la percepción de los chilenos sobre la migración ha ido variando con los años. "En la Encuesta Bicentenario hemos seguido el tema de la migración desde el punto de vista de la opinión pública. Hay que decir que este es un tema nuevo para la sociedad chilena. Antes de 2016, prácticamente no existía. Hoy hay un cierto consenso en la población chilena de que el número de migrantes es excesivo.
La encuesta Bicentenario de este año (que está por publicarse) llega a un récord histórico, en el que casi el 90 por ciento de la población opina que el número de migrantes viviendo en Chile es excesivo.
Esto es transversal en diferentes niveles socioeconómicos, incluso en distintas zonas del país, no solo en las que se concentran los migrantes". El experto, de todos modos, enfatiza en que actualmente el número de migrantes es tan grande que la relación con ellos en Chile es compleja y variada. "La encuesta muestra que porcentajes importantes de la población trabajan o estudian con personas migrantes, o bien tienen vecinos, amigos. Incluso un 16 por ciento dice que tiene lazos familiares.
Eso muestra una señal positiva de que los grupos migrantes se están integrando". Sin embargo, por otro lado, Méndez afirma que "ha habido un área que ha sido muy conflictiva, que se produjo sobre todo pospandemia, y que es la asociación del aumento de migrantes con el incremento de la delincuencia". Finalmente, afirma que para una eventual regularización masiva, el Gobierno debería previamente detectar quiénes tienen antecedentes, quiénes forman parte de bandas, para evitar que esa eventual regularización masiva sea perjudicial.
Roberto Méndez Crítico del anuncio del subsecretario del Interior, Luis Cordero, de una "regularización acotada" a extranjeros que hayan ingresado de forma irregular al país, pero tengan "arraigo laboral o familiar", se mostró el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones y actual consejero regional, Álvaro Bellolio (UDI). Entre los motivos que esgrime hay argumentos tanto de forma como de fondo.
Y es que, por un lado, acusa de un "uso estratégico" del fin del año para dar a conocer una medida que, a su juicio, generará efectos negativos. "El anuncio de regularizaciones masivas en fechas festivas recuerda los indultos navideños: una agenda ideológica que aprovecha momentos de distracción para tomar decisiones que impactan negativamente al país", asevera.
Con ello hace referencia al anuncio realizado por el Presidente Gabriel Boric el 30 de diciembre de 2022 de indultar a 13 personas condenadas por delitos en el marco del estallido, además de al exfrentista Jorge Mateluna.
En cuanto a las consecuencias de lo que desde sectores opositores denominan como un "perdonazo" a migrantes irregulares, el actual consejero regional de la RM comenta que podría generar un incentivo a que lleguen más personas en esta condición. "El Gobierno sigue incentivando el ingreso clandestino de extranjeros, generando un círculo vicioso donde se premia a quienes ingresan ilegalmente.
Desde 2022, más de 120 mil personas han entrado de manera irregular al país, dejando claro que el descontrol migratorio es la norma". Además, advierte que regularizar a aquellos que trabajan sin autorización legal, "perpetúa abusos laborales y debilita los derechos de los trabajadores legales". A su juicio, ante un posible nuevo éxodo migratorio de venezolanos en enero --mes en que su Presidente Nicolás Maduro asumirá un nuevo período pese a los cuestionamientos internacionales a la validez de los últimos comicios--, Bellolio estima que se deben priorizar políticas migratorias "firmes" para "evitar un colapso en sus sistemas públicos y fomentar la migración legal". Menciona a Australia como un buen ejemplo de control fronterizo estricto y de sanción a empleadores que "desincentivan el ingreso ilegal". "Chile debe aprender de estas experiencias en lugar de premiar la ilegalidad", enfatiza Exdirector de Migraciones compara forma del anuncio con indultos de 2022 n Alcaldes de la RM critican plan Calles Sin Violencia Durante la mañana del jueves se llevó a cabo en la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) el segundo Consejo Regional de Seguridad Pública. Esta vez fue encabezado por la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, y el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán. A la actividad llegaron participantes de 44 municipios. Algunos de los alcaldes asistentes fueron el edil de Santiago, Mario Desbordes (RN); Karina Delfino (PS), de Quinta Normal, y Christopher White (PS), de San Bernardo.
El delegado presidencial aseguró tras la reunión que han "aprovechado de hacer una caracterización de la situación de los homicidios en la Región Metropolitana, y adicionalmente dado cuenta de los avances, de los alcances y de los desafíos en los que estamos trabajando activamente con el propósito de determinar la situación del Plan Calles Sin Violencia en la RM". Asimismo, Leitao planteó que "es necesario focalizar en el tema de la Región Metropolitana, porque tenemos delitos muy violentos focalizados en algunos sectores, barrios de algunas comunas, y por ello el trabajo tiene que ser muy específico respecto de cómo abordamos y cómo se caracteriza cada uno de estos delitos". Pese a la preocupación manifiesta de las autoridades, algunos alcaldes cuestionaron tanto el Plan Calles Sin Violencia como la distribución de los funcionarios de Carabineros. El alcalde White, por ejemplo, aseguró en La Tercera que "en la tasa de homicidios ha quedado develado que el Plan Calles Sin Violencia, en el caso de San Bernardo, no ha tenido resultados. Solicitamos un plan especial y nuevo para abordar esta delincuencia que no solamente es de una comuna determinada"..