Editorial: La licencia médica no es pasaporte, es recuperación
Editorial: La licencia médica no es pasaporte, es recuperación Los recientes fallos de la Corte de Apelaciones de Coyhaique y de la Corte Suprema han puesto bajo la lupa una práctica que, lamentablemente, parece haberse normalizado en los pasillos de la administración pública: el uso de licencias médicas como un "permiso extendido" para viajes internacionales.
El caso del funcionario de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Coyhaique, destituido tras ser detectado en Argentina mientras debía cumplir reposo total, es apenas la punta de un iceberg que erosiona la confianza en nuestras instituciones. La justicia ha sido tajante al señalar que el reposo no es un beneficio de tiempo libre, sino una obligación legal orientada estrictamente a la recuperación de la salud.
Cuando un servidor público, que percibe sus remuneraciones del erario nacional, decide cruzar la frontera para fines de turismo o asuntos personales sin respaldo documental, no solo vulnera su deber de honestidad, sino que incurre en un descrédito público profundo. En este caso, el tribunal desestimó las "razones de salud familiar" alegadas por el ex trabajador al carecer de antecedentes objetivos que las respaldaran. Este fenómeno no es aislado.
Un informe de la Contraloría General de la República reveló que en la región de Aysén se registraron 980 licencias médicas mal utilizadas para salir del país, situando a nuestra región en el séptimo lugar a nivel nacional. A nivel país, la cifra escala a más de 15.000 casos, evidenciando un aprovechamiento sistémico. Solo en la Municipalidad de Coyhaique, ya se han instruido doce sumarios, resultando en tres destituciones definitivas hasta la fecha.
Aquí surge la interrogante ética y social: ¿ Cuánto descanso necesitamos realmente o estamos frente a un aprovechamiento desmedido? Si bien el agotamiento laboral es una realidad, utilizar un instrumento de seguridad social para financiar vacaciones o traslados internacionales es, lisa y llanamente, una falta a la probidad administrativa. La discrecionalidad del alcalde para sancionar estas conductas ha sido validada por el máximo tribunal, reafirmando que el empleador municipal debe exigir lealtad institucional. La recuperación de la salud es un derecho, pero su mal uso para fines ajenos a los sanitarios legitima plenamente la expulsión del servicio. No podemos permitir que el sistema de salud se convierta en un financista de viajes al extranjero mientras el servicio público se ve menoscabado por la ausencia de quienes deben servir a la comunidad. La probidad no es opcional; es la base de la función pública..