Una retórica de la indignación
Una retórica de la indignación S egún un informe de la Defensoría de la Niñez publicado en enero, el año pasado murieron 38 menores de edad por impactos de armas de fuego; en las primeras semanas de 2024 se han sumado otros crímenes de niños, niñas o adolescentes.
La cantidad de decesos en 2023 fue inferior en 11 casos a 2022, año en que hubo 49 asesinatos de este tipo; en 2021 se registraron 29 muertes, 33 en 2020 y 27 en 2019. "La impunidad no solo es particularmente dolorosa para las familias; también afecta la confianza de la sociedad en la institucionalidad". Las cifras evidencian un incremento en los últimos cinco años asociado fundamentalmente con las nuevas formas de criminalidad organizada o más violenta.
De acuerdo con el director del Centro de Seguridad Pública de Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, Luis Toledo, en la mayoría de los episodios, los niños y niñas son "daños colaterales" en un contexto de aumento de la tasa de homicidios, narcotráfico, disputas territoriales, balas "locas", ajustes de cuentas y sicariato; de hecho, en las últimas horas la policía ha detenido al sospechoso de haber asesinado el 13 de enero a una niña de diez años en Maipú luego de, presuntamente, equivocarse de objetivo en un crimen por encargo.
Diversos expertos han advertido que, junto con el mayor poder de fuego en el espacio público, se ha producido un alza de los crímenes en la calle, fenómeno que multiplica la vulnerabilidad de los menores; a juicio del defensor de la Niñez, Anuar Quesille, los niños y niñas "están perdiendo sus entornos y barrios donde se sentían seguros". La tragedia que supone la muerte de casi de 200 menores de edad en cinco años tiene el rostro humano de familiares y cercanos a las víctimas; en estas páginas se han publicado testimonios que reflejan en ellos un sentimiento de abandono y frustración con la institucionalidad que no se condice con la retórica que muestra la autoridad cuando acontece el crimen y se hacen presentes los medios. Ayer un grupo de familias y cercanos a ellas protestó en La Moneda reclamando justicia.
Tras reunirse con el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, se anunció un paquete de medidas que incluyen asegurar la llegada del Programa de Atención a las Víctimas (PAV), y mejorar los canales de comunicación con los fiscales y la subsecretaría.
El sistema penal y el Ejecutivo, cada uno en su esfera de atribuciones, tienen la obligación de contribuir a resolver las muertes de menores y sancionar a los culpables; la impunidad no solo es particularmente dolorosa para las familias de las víctimas y sus entornos; también agrava la responsabilidad política de la autoridad y afecta la confianza de la sociedad en la institucionalidad. A cada muerte de un menor ha seguido la inmediata respuesta discursiva de la autoridad y la política; sin embargo, los resultados en materia de persecución parecen escasos comparados con la envergadura del desafío.
Los niños, niñas y adolescentes son víctimas de actos delictivos en los que no participan; por lo mismo, la percepción de impunidad no es tolerable para la certidumbre de la sociedad respecto de las capacidades de prevención, investigación y hacer justicia que competen a las instituciones. La resolución de las expresiones de violencia contra los menores de edad no puede consumirse en una retórica de la indignación.