Autor: MATÍAS BAKIT R.
SEGURIDAD, LA DEUDA de la instalación del Gobierno y lo que se prepara para saldarla
SEGURIDAD, LA DEUDA de la instalación del Gobierno y lo que se prepara para saldarla En los últimos días, entre los expertos en materia de seguridad y también en el Congreso, se está haciendo una comparación recurrente: entre el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y la titular de Seguridad, Trinidad Steinert. Varios dicen que, guste o no su estilo, el jefe de la billetera gubernamental tiene totalmente copada la agenda a través del Plan de Reconstrucción y sus intervenciones permanentes. “No hay ningún ministerio que no esté preocupado de los recortes que pueden venir”, dice un personero de la centroderecha. Así, la prioridad de la emergencia económica se mantiene arriba en la agenda.
Es algo que, para muchos, marca un gran contraste con la otra gran promesa del Gobierno, la seguridad, que hasta ahora marcha sin grandes anuncios e incluso, de acuerdo con algunos expertos, sin un liderazgo político y estratégico claro.
Un caso que grafica esto, dicen, es que la agenda del tema ha tenido una multiplicidad de voceros, algo que no conversa con el rol coordinador y multisectorial para el que se creó el Ministerio de Seguridad.
Por ejemplo, el titular del MOP, Martín Arrau, se ha referido a los planes para crear nuevas cárceles; el de Defensa, Fernando Barros, a la posibilidad de “retirar poco a poco a las FF.AA. de la macrozona sur”, y el subsecretario del Interior, Max Pavez, es el rostro más visible en el tema de la migración irregular. Son todos temas en los que se considera que la primera bajada debiera venir de Seguridad. “Hay más improvisación que emergencia”, dice un experto. Asimismo, se critica que la agenda de Steinert ha estado dominada principalmente por acompañar diversos operativos policiales, mostrando una línea “persecutoria”, pero poco política y de gestión.
Igualmente, su imagen se ha visto afectada por diversas polémicas, como la supuesta presión que ejerció para remover a la exsubdirectora de Inteligencia de la PDI y la sociedad que nunca finiquitó con su exesposo, quien está en la lista de abogados que han defendido a narcotraficantes. Todo esto preocupa al Gobierno, sobre todo cuando queda menos de un mes para la primera Cuenta Pública de La Moneda, en la que se espera haya cosas que mostrar en la materia.
En respuesta a esto es que el Ejecutivo decidió reforzar al equipo de la exfiscal con algunos nuevos asesores, como el exdiputado Darío Paya y el abogado Mauricio Fernández, quien asumió como jefe del área legislativa. Este refuerzo también incluye la preparación de una batería de medidas siguiendo el estilo de lo que se hizo en Hacienda, que sería anunciada por el Presidente Kast en las próximas semanas. De hecho, la idea ya se insinuó el lunes, en el Día del Carabinero, algo que fue interpretado como un intento del mandatario de retomar el control de la agenda en el tema. EL PLAN QUE VIENE “Veo a un gobierno que sigue atrapado en la lógica de la campaña. Ya pasó el primer mes, se acabó la luna de miel y la instalación ha sido lenta. Han sido muy buenos para dar titulares rimbombantes desde los patios de La Moneda, pero la bajada legislativa es débil.
La seguridad no se soluciona con discursos ni buenas intenciones; se soluciona con proyectos de ley que vengan con financiamiento real de la Dirección de Presupuestos”, dice el senador Karim Bianchi, presidente de la comisión de Seguridad de la Cámara Alta. Mientras que el exsubsecretario del Interior Felipe Harboe opina que “no se observa un plan definido en materia de seguridad.
A mi entender, falta que se nos exponga un camino, una ruta con medidas concretas y medibles que nos permita decir que habrá un esfuerzo interinstitucional en torno a un objetivo común”. En materia legislativa, de los siete proyectos de ley que ha presentado el Gobierno, tres han sido relacionados con seguridad. Sin embargo, dos de ellos fueron motivados por la contingencia tras el asesinato de una inspectora en Calama.
El restante es una modificación al Código Procesal Penal, que busca “permitir la dictación de sentencia definitiva ante la incomparecencia injustificada del acusado”. Asimismo, en el Gobierno destacan que “de las más de 50 urgencias legislativas vigentes en el Congreso a la última semana legislativa, más de 20 proyectos son de seguridad”. Al interior de La Moneda, en cambio, descartan que los planes del área avancen lento.
Por el contrario, aseguran que el Ejecutivo simplemente está evitando “mostrar sus cartas”. En concreto, cuentan que desde hace semanas se viene preparando un anuncio tal El tercer punto estaría dedicado a disposiciones para “recuperar” el control de las calles y las cárceles, como la implementación del traspaso de las funciones de Gendarmería al Ministerio de Seguridad. cual como se hizo en el caso del Plan de Reconstrucción, en el que se darían a conocer varias medidas. Este que se llevaría a cabo en dos semanas más giraría en torno a tres ejes. El primero constaría de varias iniciativas para fortalecer a las policías, algo que ya insinuó el Presidente Kast el lunes pasado.
En esta materia se incluiría un aumento en la paga que reciben los postulantes que ingresan a la Escuela de Carabineros, un bono trimestral para desincentivar el ausentismo la“6.300 DETENIDOS” Fuentes de la cartera reconocen que “el rodaje ha costado”, en parte por un proceso de adaptación de las nuevas autoridades, como también por la inclusión de nuevos parlamentarios al Congreso, lo que hizo que las comisiones tardaran en conformarse. Sin embargo, acotan que “aunque no se note, se está trabajando”. En lo legislativo, por ejemplo, se ha estado negociando con los diversos sectores políticos para “apuntalar” una serie de iniciativas vigentes.
De hecho, el lunes se enviaría una indicación para dotar de más herramientas al control fronterizo para la revisión de vestuarios y equipajes, y otra que autoriza el uso de agentes encubiertos en internet para la persecución de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Asimismo, también se presentará el proyecto de ley sobre incivilidades, actos vandálicos y Registro Único de Incivilidades y Actos Vandálicos, junto con el Ministerio del Interior.
También se prepara un plan para que el Estado pueda eliminar de manera más eficiente los bienes autos, tragamonedas, oficinas que decomisa y que luego boral en las policías producto de las licencias médicas, fortalecer la red de protección a las familias de funcionarios que han fallecido o quedado con secuelas en acciones de servicio y buscar fórmulas para mejorar el armamento y la tecnología. Un segundo eje incluiría medidas en torno a la persecución y sanción de diversos delitos, sobre todo relacionados con el crimen organizado. El principal foco de estas medidas estaría en la macrozona norte y en los puertos y fronteras marítimas. “El crimen opera como red; el Estado opera como silos” Ministerio del Interior, fiscalías, municipios, aduanas, SII, UAF, que comparten muy poca información entre sí, en tiempo real. El crimen opera como red; el Estado opera como silos.
Esa asimetría es el problema central”. Exespecialista de seguridad del Manhattan Institute, ex director nacional de Seguridad Pública en la primera administración del presidente Piñera, el empresario Jorge Nazer CEO y fundador del Grupo Alto es voz autorizada en el tema. Consultado por “El Mercurio”, explica que hay tres fenómenos que definen el momento de la seguridad en Chile. “Primero, la profesionalización del crimen organizado. Las bandas que operan en Chile hoy (Tren de Aragua, estructuras ligadas al Cartel de Sinaloa) están lejos de ser simples pandillas. Son organizaciones con inteligencia operacional, división de roles, capacidad de corrupción institucional y presencia transfronteriza. Enfrentarlas con las herramientas del siglo XX es estructuralmente insuficiente. Segundo, la economía criminal se digitalizó. Hoy estamos viendo una evolución del delito hacia entornos digitales, donde herramientas como internet y las criptomonedas facilitan nuevas formas de operación, muchas veces más difíciles de rastrear y sancionar. Tercero, la fragmentación institucional. Chile tiene más de 15 instituciones con algún rol en seguridad: PDI, Carabineros, La escasez de personas (efectivos policiales, fiscales, jueces) es real. Chile tiene aproximadamente 8 a 9 carabineros por cada mil habitantes, lo que está por debajo del promedio OCDE. Eso es un hecho. Pero agregar personas sin cambiar la arquitectura de cómo trabajan esas personas produce retornos marginales decrecientes muy rápido. El problema más urgente es la escasez de capacidad analítica. Hoy el sistema procesa casos de forma reactiva, manual y lenta. Un analista que tarda tres semanas en vincular un caso de lavado de activos con una estructura criminal más amplia, con las herramientas correctas puede hacerlo en horas o minutos. Eso no requiere más personas, requiere mejores herramientas y personas capacitadas para usarlas. El diagnóstico parece claro, pero ¿ cómo se puede avanzar a una solución? El primer paso es crear una arquitectura de base de datos compartida entre las instituciones clave: PDI, Carabineros, Fiscalía, SII, UAF, Aduanas. Esto implica habilitar mecanismos seguros, trazables y con resguardo de la privacidad que permitan el cruce oportuno de información para investigaciones en curso. Pero los datos por sí solos no constituyen inteligencia. Chile necesita construir capacidad analítica de Estado, además de capacidad operativa. Es en este paso que Chile necesita no solo entender qué pasó, sino definir qué hacer, cuándo y dónde. va en terreno. También es relevante avanzar en mayores niveles de especialización.
Entonces, ¿hay que reforzar a Carabineros? ¿ O reorganizar sus dotaciones? ¿ Cómo ha visto la estructuración de una nueva institucionalidad de seguridad pública? ¿ Qué hay y qué falta? Hay que potenciar el tiempo operativo de Carabineros, apoyándose en tecnología, automatización y colaboración interinstitucional para simplificar tareas administrativas y fortalecer la presencia preventiChile ha avanzado en los últimos años, la creación del Estado Mayor Conjunto de Seguridad Interior, el fortalecimiento de la UAF, la agenda de modernización de la Hay escasez de recursos y de personas. ¿Cómo solucionar este problema? está obligado a mantener. Además, se harían cambios a la reforma que busca dotar de más autonomía a las policías para investigar ciertos tipos de delitos. Igualmente, se presentaría una para la incorporación de una nueva institucionalidad de extinción de dominio, que busca declarar judicialmente la pérdida de dominio sobre bienes cuyo origen o destino esté vinculado a actividades ilícitas.
Según dicen en el Gobierno, la idea es que el ministerio “desarrolle un sello de promover normativas que tengan el objetivo de apurar las cosas y profundizar las capacidades investigativas”. Agregan, además, que la idea es que “sea el Ministerio de Seguridad el que marque la estrategia”. Desde la cartera destacan también que en los diversos operativos realizados, “se han logrado más de 6.300 detenidos, más de 113.300 controles, con un despliegue de más de 7.450 funcionarios”. Agregan que se está “levantando información e iniciando gestiones para identificar terrenos habitados de forma irregular”, como el caso del Cerro Chuño, en Arica. Destacan, además, que se están gestionando recursos por $4.800 millones a Carabineros.
En el ministerio tienen claro, eso sí, que en mayo habrá que acelerar la marcha con miras a un 1 de junio, donde lo que se anuncie en materia de seguridad podría marcar el primer año de gobierno. n PDI. Eso es real y hay que reconocerlo. “Sin embargo, hay tres brechas estructurales que todavía no se han cerrado. Primero, no existe una arquitectura de inteligencia criminal integrada. PDI, Carabineros y la Fiscalía procesan información en paralelo, con intercambios formales que son lentos y a veces inexistentes en tiempo real. Segundo, ausencia de capacidad analítica. Hay unidades de análisis, sí, pero no hay una masa crítica de analistas especializados en inteligencia criminal con herramientas modernas. Es como tener un hospital sin radiólogos. Tercero: la dimensión financiera del crimen está subinstitucionalmente atendida. El crimen organizado es, fundamentalmente, un negocio. Su punto de mayor vulnerabilidad no es el operativo sino el financiero. Atacar el flujo de dinero es más efectivo que arrestar operadores de bajo nivel que son reemplazados en días.
Lo que falta, en síntesis, es un Centro Nacional de Inteligencia Criminal con mandato legal, presupuesto autónomo, acceso a datos de múltiples instituciones y accountability ante el Congreso que sobreviva a los cambios de gobierno y opere con continuidad estratégica”. n N U L D A D I R U G E S E D O I R E T S I N I M EL DIAGNÓSTICO DE JORGE NAZER: “A mi entender, falta que se nos exponga un camino, una ruta con medidas concretas y medibles”, dice el exsubsecretario del Interior Felipe Harboe.
Autor: MATÍAS BAKIT R.. Mientras expertos y políticos acusan un lento andar de la agenda —una de las más claves para esta administración—, La Moneda prepara un anuncio que contendrá una batería de acciones relativas a mejoras para las policías y medidas en torno a las cárceles. Todo, con el 1 de junio a la vuelta de la esquina.
A UN MES DE LA CUENTA PÚBLICA: EL DIAGNÓSTICO DE JORGE NAZER: “A mi entender, falta que se nos exponga un camino, una ruta con medidas concretas y medibles”, dice el exsubsecretario del Interior Felipe Harboe. La gestión de la ministra Steinert ha estado marcada por las visitas a terreno y los operativos. Jorge Nazer, CEO del Grupo Alto
