LA SEMANA POLÍTICA
LA SEMANA POLÍTICA Las vastas repercusiones del denominado caso Audio han vuelto al primer plano noticioso a raíz de la formalización de la investigación contra los cinco imputados por diversos delitos tributarios, cohecho y lavado de dinero. Para tres de ellos, la fiscalía ha solicitado, además, la medida cautelar de prisión preventiva. Habiendo concluido este viernes los alegatos del Ministerio Público y de los querellantes, a partir del próximo lunes corresponderá el turno a las defensas. La intervención de estas últimas puede agregar antecedentes relevantes, ya que es frecuente que los principales argumentos de los imputados no se ventilen públicamente antes de esta audiencia. También servirá para apreciar el grado de colaboración en la investigación que están dispuestos a prestar los principales involucrados. Por lo tanto, en lo que respecta a esta dimensión estrictamente judicial del caso, aún falta por escuchar. Con todo, la gravedad de los hechos conocidos hasta ahora justifica con creces la conmoción pública producida.
Además de la responsabilidad de todos quienes puedan haber participado en delitos, en este caso hay una dimensión que no se puede soslayar: es la propia legitimidad y credibilidad de organismos del Estado clave para el funcionamiento institucional la que se ve cuestionada.
De ahí la necesidad de que el llamado caso Audio, y todas sus aristas, sea esclarecido en su integridad y se apliquen las sanciones penales a quienes corresponda; se distingan los hechos constitutivos de delitos de aquellos que, aunque cuestionables y éticamente reprochables, no son punibles; se aclare la participación de terceros que han sido mencionados en el proceso, para determinar si han sido nombrados injustamente como una forma de aparentar poder e influencia o forman parte de una trama delictual, entre otros aspectos.
En suma, es muy importante que todas las indagaciones se lleven a cabo con prolijidad y hasta el final, pero igualmente relevante es que se evite sacar conclusiones precipitadas y se estigmatice a un servidor público simplemente porque alguna vez mantuvo una relación profesional con una persona posteriormente imputada, o porque otras personas aprovecharon su relación de parentesco con él o con ella para obtener a sus espaldas algún beneficio.
Si el proceso logra llevarse adelante con transparencia, profundidad y seriedad, contribuirá enormemente a recuperar la confianza en las instituciones y promover un ambiente adecuado para el ejercicio honesto de la función pública y de la profesión de abogado.
El solo hecho de que se someta a un escrutinio detallado de la forma en que autoridades y funcionarios públicos se relacionan con los particulares, el modo en que ejercen sus facultades discrecionales y las redes de amistad o de poder en las que se encuentran inmersos, representa un gran avance en el combate contra la corrupción y las malas prácticas que han hecho presa a varias instituciones.
Los casos como este, en la medida en que sean bien llevados y no se caiga en desprolijidades o en una "caza de brujas", pueden terminar siendo fundamentales para que se discuta y promueva una genuina cultura de la probidad.
LA SEMANA POLÍTICA Sin "caza de brujas", pero hasta el final Si el proceso logra llevarse adelante con transparencia, profundidad y seriedad, contribuirá enormemente a recuperar la confianza en las instituciones y promover un ambiente adecuado para el ejercicio honesto de la función pública y de la profesión de abogado. En los últimos días, como pocas veces, ha quedado en evidencia la profunda crisis por la que atraviesa el país en las áreas más sensibles para la ciudadanía. Por el camino equivocado En los últimos días, como pocas veces, ha quedado en evidencia la profunda crisis por la que atraviesa el país en las áreas más sensibles para la ciudadanía.
Entre otros factores, tiene su origen en un déficit de gestión, carencias institucionales no resueltas y una mirada equivocada, ideologizada y, a veces, populista de enfrentar los problemas que se vienen arrastrando por demasiado tiempo (ver editorial arriba). A los malos resultados económicos --un desmentido al discurso oficial exitista de hace solo algunos meses-que dan cuenta de un estancamiento, baja inversión y precariedad laboral, se suma el drama del aumento de las listas de espera en Salud, que muestra un Estado incapaz de afrontar tamaño desafío, que ni siquiera cuenta con cifras creíbles y menos puede explicar la aparición en un basural de decenas de cartas dirigidas a pacientes.
A ello se agrega una nueva semana de delincuencia desatada, una ratificación más de que el combate a la criminalidad organizada se está perdiendo: más de una decena de homicidios, incluyendo una víctima por la llamada "detención ciudadana", con medidas y explicaciones de la autoridad que están lejos de convencer y menos tranquilizar (la más recurrida suele ser el "enfrentamiento de bandas rivales", como si ello quitara gravedad al suceso). Por si fuera poco, el millonario asalto a la empresa Brink's en Rancagua termina con un detective de la PDI dado de baja y la apertura de una causa por el Ministerio Público por omisión de denuncia y obstrucción de la investigación.
Otra evidencia de la necesidad de reformar las policías, instituciones esenciales que requieren nuevos diseños y mejores controles internos, y que, pese a las promesas, ninguno de los últimos gobiernos ha sido capaz de emprender con éxito. Y es que son demasiadas las alertas, estos son solo ejemplos, de que el país va por el camino equivocado. Una rectificación requiere mayor gestión y, sobre todo, nuevas ideas y liderazgos..