Detectan irregularidades en traspaso de recursos para paliar escasez hídrica
Detectan irregularidades en traspaso de recursos para paliar escasez hídrica EN DISTINTAS COMUNAS DE LA REGIÓN Más 160 páginas tiene el informe de Contraloría que da cuenta de eventuales irregularidades en la rendición de fondos entregados por la Delegación en el contexto de la sequía. CEDIDA La Contraloría dio a conocer un categórico informe en donde da cuenta de eventuales anomalías en la rendición de recursos traspasados por la Delegación Presidencial Regional a los municipios de la zona. Los antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que se indaguen eventuales delitos.
Diario El Día tuvo acceso a un informe de la Contraloría Regional de Coquimbo de más de 160 páginasen donde da cuenta de eventuales irregularidades en el traspaso de recursos desde la Delegación Presidencial Regional (DPR) en el contexto de la emergencia por escasez hídrica que afecta a la zona.
En este contexto, según se desprende del documento, el ente contralor ordenó iniciar un sumario y enviará los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE), para que se investiguen eventuales delitos. En la auditoría se constató que la Municipalidad de Ovalle adquirió cuatro bombas de agua por un valor de $1.442.500 sin IVA cada una.
Sin embargo, el precio pagado por el municipio resulta desproporcionado a juicio de Contraloríasi se compara con los valores publicados en Mercado Público, que oscilan entre $241.613 y $675.000, o con los informados por distintas empresas, que van entre $149.990 y $469.990. Al respecto, se advirtió un sobreprecio aproximado por unidad de $767.500, equivalente a un 187,95 % sobre el valor de mercado promedio.
Otro de los hallazgos de la fiscalización se relaciona con el pago de más de $99 millones realizado por la municipalidad de Punitaqui a tres empresas por prestaciones de servicios de arriendo de maquinarias, contratados mediante trato directo. En este caso, las empresas emitieron facturas electrónicas el 19 de diciembre de 2022, las cuales fueron recepcionadas de manera conforme por la municipalidad.
Sin embargo, se verificó que los servicios fueron ejecutados entre diciembre de 2022 y agosto de 2023, y que los documentos emitidos por el municipio que dan cuenta del término del servicio difieren de esas fechas. A raíz de estos hechos, la Contraloría ordenó a la Municipalidad de Punitaqui realizar un sumario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivar de ello. Por otro lado, de acuerdo con los convenios de transferencia aprobados por la Subsecretaría del Interior, se establece que los municipios pueden destinar fondos de emergencia para solucionar deudas con proveedores.
Tras examinar las rendiciones de cuentas de las municipalidades de Salamanca y Andacollo, proporcionadas por la DPR de Coquimbo, se detectaron rendiciones de gastos por $31.730.545 y $14.195.652, respectivamente, por concepto de deuda de agua potable.
Sin embargo, la Contraloría encontró que ambas municipalidades habían pagado los consumos de agua potable en 2020, lo que implica que, al momento de rendir esos gastos ante la Delegación Presidencial Regional, no tenían deudas pendientes con el proveedor. Por tal motivo, la Delegación deberá solicitar a las municipalidades de Salamanca y Andacollo la restitución de los recursos por un monto total de casi $46 millones.
Otro de los aspectos que llama la atención del informe es que las municipalidades de Andacollo, Paihuano y Coquimbo adquirieron bienes y servicios por más de $109 millones, sin embargo, en sus expedientes de pago no se encontró un listado consolidado con la firma de los beneficiarios que registre su recepción conforme.
DELEGACIÓN SE REFIERE A INFORME A través de un comunicado, desde la Delegación Presidencial indicaron que "hay que aclarar que se trata de recursos que se traspasaron oportunamente a los distintos municipios de la región, con el objetivo de hacer frente a los efectos de la sequía.
La ejecución de estos fondos depende directamente de las municipalidades, debiendo ellas efectuar las contrataciones de los servicios o la compra de insumos correspondientes". "De hecho, respecto al caso de la Municipalidad de Punitaqui, por eventuales inconsistencias en las fechas de pago y prestación del servicio por el arriendo de maquinarias, es el mismo ente contralor que le pide un sumario administrativo a este municipio", agregan.
En relación a los casos de las municipalidades de Andacollo y Salamanca, quienes habrían rendido pagos de consumos de agua potable ya saldados, indicaron que van a solicitar los reintegros de los recursos correspondientes. "Es deber de esta Delegación trabajar por la condición permanente de sequía de la región de Coquimbo, y de esta forma gestionar los recursos necesarios para ir en ayuda de las familias afectadas. Para ello, siempre trabajará de la mano con las municipalidades, pero también tendrá la firme convicción de que cada procedimiento administrativo se ajuste a la legalidad", indicaron desde la entidad gubernamental.
MUNICIPIOS ACLARAN SITUACIÓN En el caso de Ovalle, el alcalde Héctor Vega indicó que ya tomó conocimiento del informe de la Contraloría, y agregó que "hemos detectado esta y otras irregularidades durante estos dos meses de gestión al interior del municipio de Ovalle". "Como nueva administración, estamos enfocados en ordenar administrativa y financieramente el municipio y considerando las observaciones de la Contraloría, interpondremos una querella por estos hechos y por otras irregularidades detectadas, con el objeto de que se investigue y condene a quienes resulten involucrados y responsables de la afectación y eventual defraudación al patrimonio municipal", sostuvo.
En tanto, desde la municipalidad de Coquimbo informaron que se remitieron a la Delegación Presidencial todos los antecedentes que dan cuenta del cumplimiento del convenio en relación a la recepción conforme de los beneficiarios, por lo que las observaciones están subsanadas.
Finalmente, desde el municipio de Paihuano indicaron que se les está pidiendo que complementen el informe consolidado de los beneficiarios que recibieron ayuda en torno a la escasez hídrica. "Así es que no se nos solicita restitución de recursos, como a otros municipios. Recordar esta es una auditoría realizada a la Delegación Presidencial y nosotros estamos colaborando con todo lo que nos pidan", añaden. FRANCO RIVEROS B. Región de Coquimbo LA EJECUCIÓN DE ESTOS FONDOS DEPENDE DIRECTAMENTE DE LAS MUNICIPALIDADES, DEBIENDO ELLAS EFECTUAR LAS CONTRATACIONES DE LOS SERVICIOS O INSUMOS" DECLARACIÓN PÚBLICA DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL.