Autor: CLEMENTE PÉREZ
Cartas: “Los consejeros”
Señor Director: María Paz Valenzuela rebate (ayer) mi carta respecto de los consejeros del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), señalando que este es un "ente técnico asesor del Estado” en materia patrimonial. Y que los consejeros actúan "ad honorem”. Ocurre que está equivocada en ambas cosas. El CMN no es sino resolutivo.
La Ley N* 17.288 establece sus competencias, entre las cuales se encuentra "conceder permisos y autorizaciones”. Y los consejeros que no forman parte de la administración pública, reciben una renta mensual, de acuerdo a la misma ley. Preocupa esta doble equivocación en alguien que fue consejera del CMN por seis años.
La polémica se ha producido, precisamente, no por causa de recomendaciones del CMN, sino por causa de decisiones vinculantes de este organismo, que han provocado el encarecimiento, retraso (o incluso, en algunos casos, la suspensión) de numerosos proyectos de infraestructura, como Metro, hospitales, edificios públicos y de actividades económicas, como parques de energía renovable. La integración del CMN es curiosa, pues algunos gremios tienen representantes en este importante organismo estatal. En un claro ejemplo de corporativismo, al más puro estilo medieval, los gremios de arquitectos, arqueólogos y paleontólogos tienen derecho a nombrar sus representantes.
Otros organismos también tienen el privilegio de nombrar consejeros, como el instituto de Conmemoración Histórica de Chile (ignoro el número de miembros), o el Instituto de Historia y Patrimonio de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, al que pertenece mi contradictora, que cuenta con 16 académicos. ¿Por qué esos organismos y no otros? ¿ Por qué esa facultad y de esa universidad? Bueno, porque la ley lo dice. Todos estos organismos son muy respetables, no es una crítica a ellos.
Lo que debe modificarse es la ley del CMN, para evitar que haya cuerpos intermedios participando no como asesores, sino directamente en la toma de decisiones (único caso en nuestra institucionalidad), pues eso conlleva riesgos de captura del Estado, de conflictos de interés y de falta de "accountability” o de rendición de cuentas por las decisiones que se adoptan.