SOLO 13 “PRESOS DE LA REVUELTA” están en la cárcel y hay 70 condenas contra uniformados
SOLO 13 “PRESOS DE LA REVUELTA” están en la cárcel y hay 70 condenas contra uniformados LAS HERIDAS ABIERTAS QUE MANTIENE EL ESTALLIDO:Entre el 18 de octubre y el 31 de marzode 2020, Carabineros detuvo a 29.660 personas. Restaurar las heridas e intentar hacer justicia después del 18-O ha sido difícil. Son varios los datos que lo reflejan, y también los errores que se han cometido en el camino.
En el contexto de la crisis iniciada en 2019,33 personas murieron, siete de ellas atribuibles a agentes del Estado, según el Ministerio Público (ver recuadro). Hay cuatro militares y un marino condenados, y un carabinero formalizado. Setenta uniformados recibieron condenas por atentado a los DD.HH. : 62 carabineros, siete militares y un efectivo de la Armada. En tanto, 55 carabineros fueron absueltos de distintas acusaciones. Entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020, Carabineros detuvo a 29.660 personas por hechos de violencia en las calles. Hasta agosto de 2021,77 personas estaban presas por graves delitos de orden público durante las protestas, 26 de las cuales cumplían condena. Hoy, según el covocero de la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos de la Revuelta, Osvaldo Durán, quedan 13 civiles privados de libertad, la mayoría por ley de armas. La situación ha sido más compleja que las frías cifras. LOS ALTOS MANDOS EN EL BANQUILLOMañana lunes se retomaría la formalización de los ex generales directores de Carabineros Ricardo Yáñez y Mario Rozas, junto al exsubdirector Diego Olate. Estaba suspendida desde el miércoles 2 de este mes. Los acusan por delitos omisivos de apremios ilegítimos y muerte en el marco del estallido.
La querella la presentaron la casa de memoria “Londres 38”, la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la U. de Chile y, al final, se sumó el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). El juez del 7 Juzgado de Garantía de Santiago deberá decidir las medidas cautelares que les impone, mientras termina la investigación de la fiscal Ximena Chong. Los ex generales directores de la institución habían pedido que la persecutora se inhabilitara junto a su jefe, Xavier Armendáriz, por supuesta “enemistad, odio o resentimiento” en contra de Carabineros, lo que fue rechazado. La fiscalía partió acumulando más de mil casos que les imputaban a los exgenerales, pero los formaliza por 228. Las defensas de los acusados han estado revisándolos uno a uno. Detectaron, según dicen, que 138 de las presuntas víctimas de omisión presentan detenciones o denuncias por distintos delitos; de ellos, 39 están con algún tipo de medidas cautelares. Veinticinco están o pasaron por centros penitenciarios y uno tiene una orden vigente de aprensión, con su situación migratoria vencida. Cincuenta y siete reciben pensiones de gracia (otorgadas a víctimas civiles del estallido) y 29 cometieron delitos posteriores. Hay otros casos llamativos, como el de Cristián Valdebenito, que recibió una bomba lacrimógena mortal en la cabeza y no hay formalizados. Es el único fallecido que le imputan al alto mando por omisión; es decir, se le acusa de no hacer nada para impedir que ocurriera, pudiendo hacerlo. Está incorporado en la causa como el caso 227. Otro, el 213, se refiere al periodista Jorge Iturrieta.
“No sabía; me enteré cuando estaba viendo la audiencia” (que su causa se le imputaba al alto mando), dice el reportero de Canal 13, quien acota: “La querella no iba al general director, sino contra los responsables”. Fue en enero de 2020, cuando estaba cubriendo los incidentes en la 7a Comisaría de Renca y recibió por la espalda el disparo de una lacrimógena. “Me provocó una herida en el talón de mi pie derecho, con una fractura expuesta. Tuvieron que hacerme una intervención y ahora tengo un talón con pernos.
Me parece que fui una más de las víctimas de lo que ocurrió en esa época”. LAS DIFICULTADES DE LAS PENSIONES DE GRACIAPara aquietar aguas de un sector de izquierda, y cumpliendo una promesa de campaña, en 2022 el Presidente Boric indultó a 13 reos, 12 de ellos condenados por violentas acciones en las protestas.
Uno de los indultados del 18-O, Luis Castillo Opazo, cuando salió de la cárcel dijo: “Los insurrectos no nos calmamos, no descansamos; los insurrectos damos la vida por la causa, compañero (... ), sigan así hasta la victoriaLas siete muertes atribuibles a agentes del Estado, según el Ministerio PúblicoSegún el Ministerio Público, siete de los 33 fallecidos durante el estallido son atribuibles a agentes del Estado. En Coquimbo murió Kevin Gómez. En medio de un saqueo, el 20 de octubre salía corriendo de una tienda y recibió un impacto balístico de un militar que hoy cumple condena. En La Serena, Romario Veloz, en medio de un saqueo en un mall, el 20 de octubre recibió un disparo fatal en el abdomen. Fueron condenados un capitán de Ejército, dos conscriptos y un cabo.
En Talcahuano, Manuel Rebolledo fue arrollado por un camión de Infantería de Marina el 21 de octubre de 2019, frente a la población Libertad, cuando los infantes llegaron a controlar a manifestantes que pretendían saquear una pesquera. El marino que conducía el camión fue condenado.
En Santiago, a la salida del Estadio Monumental, en mediode desórdenes y lanzamiento de piedras, el 29 de enero de 2020 el barrista de Colo Colo Jorge Mora fue atropellado por un camión de Carabineros que trasladaba caballos. El cabo de Carabineros que conducía el vehículo está formalizado. También en la Región Metropolitana falleció Ariel Moreno, el 31 de enero de 2020.
En medio de una protesta donde arrojaban piedras contra la subcomisaría Padre Hurtado, a eso de las 22:30 horas recibió un disparo de un postón que le provocó una herida craneal que le causó la muerte seis horas después. El caso está sin formalizados. En Maipú, Álex Núñez sufrió traumatismo encefalocraneano provocado, supuestamente, por una paliza de efectivos policiales en medio de incidentes en la estación de metro Del Sol en Maipú, el 20 de octubre de 2019. Al día siguiente familiares lo llevaron inconsciente a laSEROLFROTCex Posta Central, donde falleció. Hasta hoy no hay imputados. Igualmente en Santiago, Cristián Valdebenito recibió una bomba lacrimógena en la cabeza el 6 de marzo de 2020, presuntamente arrojada por un efectivo policial, y falleció al día siguiente en la ex Posta Central. La investigación está vigente, sin formalizados.
Las otras 26 personas que murieron en el clima de violencia lo hicieron en distintas circunstancias: disparos de civiles, como Denisse Cortés, estudiante de la UAHC que colaboraba con la Defensoría Popular, quien recibió un artefacto pirotécnico en el oído mientras dialogaba con Carabineros, contra quienes iba el proyectil; por accidente en medio de los disturbios, como Mauricio Fredes, que cayó a un pozo con agua y cables electrificados mientras corría por Alameda con Irene Morales; o atropellos e incendios. nfinal, hasta que cambiemos todo”. Él no cambió nada, porque con su extenso historial policial que no solo incluía causar graves daños a las oficinas de la Empresa Aguas Chañar en noviembre de 2019, cuando actuó encapuchado, el 14 de diciembre de 2023 volvió a prisión por un secuestro extorsivo y robo con violencia a una mujer, en Copiapó.
El Gobierno también entregó 418 pensiones de gracia a víctimas civiles de la violencia de esos días (270 en administración Boric y 148 en período de Piñera). Sin embargo, en enero de este año un informe de Contraloría evidenció que 19 expedientes no presentaban antecedentes médicos, y 58 de los beneficiados tenían antecedentes penales por condenas por delitos de tráfico de drogas, producción de material de explotación sexual infantil, abuso sexual, robo con violencia, homicidio o violencia intrafamiliar. En febrero, el Gobierno ingresó a Contraloría 25 escritos para revocar pensiones de gracia. Y en marzo, el INDH denunció un falso testimonio de un beneficiario de pensión, en la Región de La Araucanía. El Instituto lo había declarado víctima de violación a los DD.HH. en el contexto del estallido, pero en realidad sus lesiones correspondían a un accidente de tránsito. Por eso, retiró la querella judicial y presentó una denuncia a la fiscalía junto con oficiar al Ministerio del Interior para que adoptara medidas. Desde la Subsecretaría del Interior informaron a este diario que finalmente el Ejecutivo revocó 27 pensiones de gracia y una la invalidaron. Probablemente la del lesionado no por el estallido, sino por un accidente de tránsito. Así como se desvirtuó ese caso, ocurrieron otros más dolorosos para imputados que terminaron siendo inocentes.
Como el del carabinero de Panguipulli Juan Guillermo González, a quien acusaron de matar al malabarista Francisco Martínez en febrero de 2021y terminó absuelto porque actuó en legítima defensa del hombre que lo persiguió con dos machetes con aparente filo. Y el del cabo Sebastián Zamora, acusado por la fiscal Ximena Chong de homicidio frustrado del adolescente que cayó al río Mapocho, en el Puente Pío Nono, en octubre de 2020. Paradojas de la vida: el adolescente era sobrino del malabarista de Panguipulli. En cuanto a Zamora, en julio fue absuelto. Lo reincorporaron a Carabineros, pero la fiscalía y los querellantes solicitaron anular el juicio. Y el próximo viernes, la Corte de Apelaciones de Santiago comunicará si se repite o no. Justo el 18 de octubre. Hay un caso emblemático pendiente: el de Gustavo Gatica, que perdió la vista por un proyectil disparado por un carabinero el 8 de noviembre de 2019, mientras lanzaba piedras. El juicio contra el exteniente imputado, Claudio Crespo, se inicia el 4 de noviembre. La historia del estallido continúa. n.
Con 27 pensiones de gracia que debieron ser revocadas y una declarada inválida, juicios contra uniformados que recién comenzarán y el ex alto mando de Carabineros formalizado por delito de omisión, todavía quedan varios capítulos del estallido por contar. | LILIAN OLIVARES LAS HERIDAS ABIERTAS QUE MANTIENE EL ESTALLIDO: É H