Autor: LIONEL VARELA Á
Tribunal decreta 15 días para efectuar desalojo de toma de La Rinconada del Sauce
SE REVOCÓ LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE OCUPANTES Tras dos años y medio desde la usurpación del terreno, los vecinos del sector esperan que esta medida se cumpla a la brevedad. Sin embargo, la defensa que representa a los habitantes de los dos campamentos cuestionados, presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones de La Serena, cuya resolución aún está por definirse.
SE REVOCÓ LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE OCUPANTESEsta vez, la existencia de la toma de La Rinconada del Sauce en Coquimbo pareciera llegar a su fin o, al menos, eso es lo que estiman los vecinos y los dueños del terreno usurpado desde enero de 2022. Y es que el pasado jueves 22 se realizó una audiencia en la que el tribunal acogió la medida cautelar de desalojo, dando a los ocupantes 15 días de plazo para abandonar el lugar.
Ámbar Díaz, vecina del sector de Rinconada, explicó que esta decisión se enmarcó en la audiencia que este mes, se realizó para revocar la suspensión condicional del procedimiento, decisión a la que se llegó recordemosluego de que las partes involucradas llegaran a un acuerdo, el que consistía en abandonar la toma en un plazo de 70 días, lo que finalmente, no ocurrió. “El pasado jueves, el tribunal, gracias a la reforma del delito de usurpación, permitió el desalojo como medida cautelar, algo que antes no se contemplaba. El tribunal acogió esta medida y les dio 15 días para efectuar el desalojo”, señaló Díaz, refiriéndose alos campamentos Rocas del Viento 2000 y Esperanza en Jesús, levantados en el sector. ANTES DE FIESTAS PATRIAS Díaz indicó que las personas involucradas están inscritas en comités de viviendas y reciben subsidios de arriendo, lo que significa que tienen solucionado su problema habitacional. “Ellos quieren que se espere hasta que les entreguen sus viviendas, pero eso no corresponde. Nosotros no podemos esperar más porque las promesas que les hicieron a ellos no tienen un plazo fijo. Podrían pasar uno, dos o diez años sin una solución. Nosotros, como vecinos, no podemos esperar tanto tiempo”, afirmó la dirigente, puntualizando que son alrededor de 20 familias las que se acogieron al procedimiento original y no cumplieron con abandonar el lugar. “Varias se han ido, pero las que se quedaron componen un comité. Han llegado personas después o son familiares de quienes estaban en la toma”, añadió Díaz. De esta forma, la dirigente espera que la segunda quincena de septiembre se realice el tan esperado desalojo de estas personas.
“Esperamos que sea pronto, porque luego vienen las Fiestas Patrias y losLS ELDÍA Enlos terrenos usurpados se levantaron dos campamentos, Rocas del Viento 2000 y Esperanza de Jesús, en donde se producirían una serie de incivilidades y delitos. contingentes de Carabineros estarán ocupados, lo que podría dilatar el tema", aseveró. Sin embargo, Díaz también reconoció que han insistido en que estas personas abandonen el lugar debido a que la situación de convivencia ya no es sostenible. “Las fiestas los fines de semana son constantes, y de vez en cuando hay disparos y peleas entre ellos, además del aumento de los delitos en las poblaciones colindantes”, explicó. DESALOJO CON NUEVA LEY Por su parte, el abogado Omar Vargas Páez, de la Inmobiliaria Olivar, propietaria de los terrenos tomados, aseguró que se aplicará la medida cautelar de desalojo utilizando la fuerza pública. “El tribunal ya dictó una sentencia que establece que dentro de los próximos 15 días deben abandonar el lugar, y Carabineros debe ejecutarel desalojo”, sostuvo Vargas. En ese sentido, destacó además, que es la primera vez que un tribunal de la región establece esta medida desde la vigencia de la nueva normativa de usurpación. “Es importante aclarar que no son tantas las familias que actualmente viven en la toma; no son más de 30 familias. Sin embargo, los catastros que ellos hicieron y presentaron a la delegación presidencial indicaban que eran 70, lo cual no es cierto. Solo basta con ir a ver para comprobar que no son tantas personas. Ellos intentan aparentar ser más para obtener un beneficio de la justicia. Es fundamental entender que un particular no puede asumir la entrega de beneficios a familias vulnerables. Eso es una obligación estatal”, finalizó el abogado. Aguilera, de la Fiscalía local de Coquimbo, confirmó que se solicitó la revocación de la suspensión condicional del procedimiento “debido al incumplimiento de los plazos previstos. Solicitamos que se dejara sin efecto esa suspensión y que la causa continuara hacia un juicio oral. Además, pedimos al Juzgado de Garantía de Coquimbo la medida cautelar de desalojo, a la cual el tribunal accedió. Sin embargo, la defensa presentó una apelación, que está pendiente de resolución por parte de la llustrísima Corte de Apelaciones de La Serena”, aseveró Aguilera.
CONCRETAR DESALOJO Por su parte, el general Juan Muñoz Montero, jefe de la zona de Carabineros de Coquimbo, indicó que, si existe una orden del tribunal, la institución deberá presentar el auxilio de la fuerza pública por ley.
“Tenemos que operacionalizar esa instrucción judicial y ver con los medios que podemos contar para desarrollar un desalojo de tal magnitud, considerando que hay menores de edad, personas de la tercera edad o con movilidad reducida”, indicó el general. Respecto alos plazos, Muñoz aseveró que todo se coordinará con el tribunal según las instrucciones que se den en su momento. DEFENSA APELÓ Por su parte, el fiscal Juan Pablo.