COLUMNAS DE OPINIÓN: Huelga en Escondida
COLUMNAS DE OPINIÓN: Huelga en Escondida L os sindicatos pueden cumplir un papel esencial en las empresas.
En efecto, el aseguramiento de condiciones laborales adecuadas se facilita con la existencia de una representación sindical efectiva, que vele por el cumplimiento de los contratos de trabajo y de las leyes, ofrezca ayuda y cooperación entre sus miembros, proponga mejoramientos en los sistemas de prevención de riesgos y, por supuesto, gestione los procesos de negociación colectiva. De esta forma, para una empresa, la existencia de sindicatos sanos y genuinamente comprometidos con los intereses de sus miembros representa un activo.
Particularmente en el contexto de la llamada cuarta revolución industrial, caracterizada por el rápido avance de la sustitución de hombres por máquinas, estas organizaciones están llamadas a contribuir a que el cambio tecnológico no sea una amenaza, sino una fuente de oportunidades. En este sentido, la situación que enfrenta BHP, una de las empresas mineras más importantes del mundo, frente a la negociación con el sindicato N o 1 de Escondida debe seguirse con atención.
Este sindicato representa a la mayoría de los operadores y mantenedores de un yacimiento que produce casi el 5% del cobre mundial, por lo que la paralización de sus actividades por huelga legal no solo tiene impacto para la compañía, sino que también es una fuente de incertidumbre global, con potencial incidencia sobre el precio del metal rojo.
El petitorio del sindicato incluye el aumento de los tiempos de descanso, ajustes en bonos, la distribución de un porcentaje de los dividendos entre los trabajadores y una indemnización en caso de despido más allá de los límites que establece la ley.
La última oferta de la compañía incluyó pagos por $27 millones, al sumar bonos y un crédito blando, sin intereses, por $2 millones; un reajuste salarial de 2% por sobre la inflación, planes de salud con 100% de cobertura y otros beneficios. A la fecha, las partes no han llegado a acuerdo. Las tensiones se asemejan a las observadas en las negociaciones del 2017 y 2021, pero las circunstancias son distintas. Análisis técnicos sugieren que ya el 50% de los empleos en el mundo podrían ser automatizados a partir de los desarrollos tecnológicos existentes. Industrias como la energía y minería no son excepciones, si bien enfrentan desafíos adicionales. En particular, la complejidad de sus procesos productivos tiende a atrasar la incorporación de las nuevas tecnologías, las que usualmente tienen largos períodos de prueba. Presiones sindicales también suelen demorar estos procesos, los que, se estima, tienen el potencial de aumentar hasta en un 20% la productividad. Frente a esta realidad, el equilibrio en la búsqueda de acuerdos entre sindicatos y empresas se ha complejizado. Los riesgos de sustitución pueden incentivar peticiones inmediatas más exigentes, pero generando en el largo plazo un resultado contraproducente para los mismos trabajadores. En este sentido, presiones sindicales desmedidas son señales para el desarrollo de futuras inversiones. En el pasado, dichas señales podrían haber desalentado la entrada de nuevas empresas. En el presente, el impacto puede ser otro, al incentivar el aceleramiento de los procesos de automatización. A esta realidad se suma el escenario que enfrenta el cobre, cargado de optimistas proyecciones de largo plazo, pero sujeto en lo inmediato a vaivenes e incertidumbres. Ello demanda responsabilidad y realismo por parte de todos los actores.
Tanto empresas como sindicatos deben comprender las complejidades del actual contexto y el impacto de la tecnología, de modo de llegar a acuerdos que aseguren buenas condiciones laborales y productividad, en lugar de simplemente incentivar el reemplazo de hombres por máquinas.
En estas circunstancias, por cierto, se hace notorio el sinsentido de los intentos por aprovecharse políticamente del conflicto, como las declaraciones de apoyo a la huelga expresadas por la secretaria general del Partido Comunista y por dirigentes de la CUT que se manifiestan contra la "precarización". Desde luego, no parece que ese concepto pueda aplicarse cuando se habla de bonos por decenas de millones de pesos, muy superiores a los ingresos de la mayoría de los chilenos.
Pero, junto con ello, alentar la exacerbación del conflicto arriesga graves costos para los mismos trabajadores y, por su incidencia en el PIB, para el país en su conjunto, además de contradecir los esfuerzos del Gobierno --del que el PC forma parte-por recuperar el dinamismo de nuestra economía. Exacerbar el conflicto arriesga costos para los trabajadores y el país, y contradice esfuerzos del Gobierno por reactivar la economía. Huelga en Escondida.