Tribunal Ambiental revisa cumplimiento de sentencia contra Engie por daño ambiental en ex Central Diesel Iquique
Tribunal Ambiental revisa cumplimiento de sentencia contra Engie por daño ambiental en ex Central Diesel Iquique El Primer Tribunal Ambiental revisó nuevos antecedentes en el marco del procedimiento de cumplimiento de la sentencia dictada en agosto de 2024 contra Engie Energía Chile S.A., fallo que condenó a la empresa a reparar el daño ambiental existente en el Lote 92-A, terreno ubicado en dependencias de Zofri, en la comuna de Iquique, donde funcionó la ex Central Diesel Iquique.
La resolución judicial ordenó una serie de acciones destinadas a desmantelar y retirar las infraestructuras existentes asociadas a la antigua sala de máquinas y turbinas, estanques de almacenamiento de combustibles y otras instalaciones presentes en la totalidad del predio. Estas medidas forman parte del proceso de reparación ambiental establecido por el tribunal, considerando el impacto generado en el terreno. A propósito del cumplimiento de dichas obligaciones, en agosto de 2025 Zofri solicitó la ejecución forzada de la sentencia, dando origen a un procedimiento de cumplimiento ante el tribunal. En ese contexto, Engie sostuvo haber ejecutado las acciones ordenadas y presentó diversos testigos para respaldar su posición ante los ministros. Uno de los principales testimonios fue entregado por Francisco Jímenez, ingeniero civil industrial, quien declaró haber estado a cargo del proceso de desmantelamiento de la infraestructura existente en el Lote 92-A por parte de Engie. Durante la audiencia, explicó el estado de avance de las faenas, las medidas ejecutadas y las dificultades técnicas enfrentadas durante el desarrollo de los trabajos.
Según expuso, la ejecución general del proceso presenta actualmente un 99,6% de avance, quedando pendiente únicamente el retiro de tuberías de cemento que contienen asbesto, labor que requiere un procedimiento especial y autorizaciones de distintas autoridades competentes debido a la naturaleza del material. "Todo fue demolido, todo el subterráneo fue demolido y retirado. En el sitio uno en conjunto con esta limpieza se realizó un testeo de los hormigones y todo fue retirado junto a la loza superior, entre otros. Hay un subterráneo en el menos dos y eso también fue removido y enviado a disposición final como residuo contaminado", señaló el testigo ante el tribunal. Respecto del Sitio 2, Jímenez detalló que los estanques de almacenamiento de combustible fueron trozados y cortados para su disposición en lugares autorizados, asegurando que toda la infraestructura del sector fue retirada. Sin embargo, también explicó que las obras enfrentaron desafíos relevantes, principalmente asociados a la antigüedad de las instalaciones, la falta de planos precisos y la necesidad de adoptar decisiones técnicas durante la ejecución.
El profesional agregó que algunos retrasos se habrían producido por dificultades en la comunicación con Zofri, pese a la existencia de una matriz de comunicaciones. "Debíamos hacer preguntas más técnicas o resolver, y no teníamos respuestas de Zofri como dueño, he insistido en varias de ellas y en algunas aún no tengo respuestas", sostuvo.
En la audiencia también declaró la abogada María Bernardita Reyes, quien entregó antecedentes en una línea similar, apuntando a demoras en las respuestas por parte del dueño del recinto durante gestiones necesarias para avanzar en el cumplimiento de la sentencia. La profesional relató que, durante los procesos para obtener permisos de demolición, se enfrentaron retrasos vinculados a la Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad de Iquique. Además, indicó que para realizar ciertos ingresos y trámites era necesario contar con un poder especial del dueño del terreno. "Para realizar ese ingreso, necesitábamos un poder especial del dueño del terreno. Realizamos el borrador con el mandato y luego de enviar la propuesta tuvimos retraso con las respuestas.
Nos solicitaron además ciertos documentos en relación con el predio, que son documentos que maneja el dueño lo cual también fue solicitado, pero solo podíamos enviar correos para solicitar, a veces nos respondían y otras dos o tres semanas después", testificó.
Otro de los testimonios correspondió a Raúl Víctor, ingeniero en biorecursos e integrante de la consultora ambiental WSP, entidad encargada de desarrollar muestreos y caracterización ambiental para la preparación de la Declaración de Impacto Ambiental asociada a la remediación del Lote 92-A.
El profesional explicó que las investigaciones ambientales de este tipo requieren procesos sucesivos de evaluación, tales como toma de muestras, perforaciones, análisis de laboratorio y estudios complementarios, con el objetivo de determinar la existencia, alcance y extensión de eventuales impactos en el terreno. En la misma audiencia declaró Anna Llenas Font, ingeniera ambiental y consultora con experiencia en investigación de sitios contaminados, quien abordó las etapas necesarias para este tipo de estudios. Según indicó, estos procesos requieren fases de identificación, muestreo, análisis, evaluación de riesgo y diseño de remediación, pudiendo tomar al menos seis meses y, en condiciones ideales, cerca de un año.
La especialista señaló además que, al revisar trabajos previos, se habrían detectado atrasos, debilidades metodológicas, problemas en el manejo de muestras y calicatas insuficientemente profundas, por lo que fue necesario realizar nuevas campañas de muestreo de suelo y agua para contar con antecedentes técnicamente válidos.
Tras la audiencia, los ministros del Primer Tribunal Ambiental deberán analizar los antecedentes presentados y la prueba rendida por las partes, con el fin de resolver las excepciones planteadas por Engie respecto del cumplimiento efectivo de la sentencia dictada en 2024. El caso mantiene especial relevancia para Iquique, no sólo por tratarse de un terreno emplazado en dependencias de Zofri, sino también porque involucra la reparación de un daño ambiental asociado a una antigua instalación industrial. La resolución que adopte el tribunal será clave para determinar si las medidas ejecutadas por la empresa cumplen con lo ordenado o si corresponde avanzar en nuevas acciones dentro del proceso de ejecución forzada..