Editorial: Entre consensos y decretos
Editorial: Entre consensos y decretos La defensa cerrada que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, hizo de la Ley de Reconstrucción Nacional deja una señal política: el Gobierno parece asumir que el Congreso puede llegar a ser un obstáculo más que un espacio indispensable de deliberación democrática. Cuando una autoridad afirma que, si el proyecto no avanza, «vamos a seguir gobernando igual» mediante decretos y gestión interna, el mensaje implícito es que el diálogo legislativo puede transformarse en algo secundario. En tiempos de fragmentación política y desconfianza institucional, esa postura puede terminar debilitando aún más la legitimidad de las reformas. Es cierto que el Ejecutivo enfrenta un escenario económico complejo. Bajo crecimien to, déficit fiscal persistente y desempleo son problemas reales que exigen respuestas rápidas y eficaces. Sin embargo, precisamente por la magnitud de esos desafíos, las transformaciones estructurales requieren amplios consensos y no solo convicción técnica. La insistencia del ministro en «desmitificar» las críticas al proyecto parece ignorar que muchas objeciones provienen no de la negación de la crisis, sino de dudas legítimas sobre el contenido y alcance de la iniciativa. Gobernar no consiste unicamente en avanzar; también implica persuadir. Los acercamientos y acuerdos parciales muestran que el Gobierno necesita construir mayorías, pero también evidencian que todavía no logra generar confianza suficiente para asegurar respaldo estable. El problema de fondo no es que el Ejecutivo utilice herramientas administrativas disponibles; eso forma parte de cualquier gobierno. El verdadero riesgo aparece cuando los decretos comienzan a instalarse como sustituto del acuerdo político. Chile necesita reformas económicas, pero también necesita fortalecer sus instituciones y recuperar la capacidad de entendimiento entre poderes del Estado. Si la reconstrucción nacional termina edificándose sobre la lógica de la imposición y no sobre la del consenso, el costo político y social podría ser mucho más alto que el de cualquier retraso legislativo..