Autor: GUILLERMO MUÑOZ

“2025 es el año de la implementación y EXIGIR DESEMPEÑOS EN MATERIA DE SEGURIDAD”
Un cortavientos azul, talla M y con su nombre estampado, llegó la mañana del jueves a la oficina del subsecretario del Interior Luis Cordero. A diferencia de su cargo anterior, ministro de Justicia, ahora debe desarrollar muchas actividades en terreno. Llegar, por ejemplo, a Colchane, con chaqueta y corbata y maletín, como ocurrió hace un par de semanas, no fue bien evaluado por su equipo.
A dos meses y medio de haber asumido en su actual puesto, de manera repentina tras la salida de Manuel Monsalve, Cordero reflexiona: “Asumí este cargo en un contexto que, es un hecho público y notorio, era adverso”. Agrega que los desafíos de la Subsecretaría del Interior tienen dos dimensiones.
“Una es la dimensión vital; la Subsecretaría del Interior es algo así como el pulmón del Estado, donde se respira sistemáticamente lo que se hace en términos transversales, desde el norte al sur, en gobierno interior, seguridad y catástrofes. La Subsecretaría del Interior le imprime oxígeno a ese funcionamiento. La otra es la dimensión más de la urgencia; esta mesa de reuniones (señala un mueble de su despacho) puede ser algo así como la sala de emergencia de una posta rural. Todos los problemas llegan acá”, grafica. —¿ Se ha arrepentido de haber aceptado? —En los casos de exclusiva confianza, la idea de arrepentimiento no existe. Cuando me pidió que asumiera como subsecretario del Interior, yo le dije al Presidente las cosas en que yo podía ser útil y dónde están mis debilidades. Y bueno, me insistió en que yo asumiera.
Me siento muy honrado en los dos cargos que me ha pedido. —¿ Qué debilidades le expuso?—Uno tiene que ser honesto cuando le piden algo, ¿no? Yo soy una persona independiente, no milito en partidos, y esto es una subsecretaría que tiene un rol en la gestión política que es bien relevante. —Usted viene del derecho administrativo. ¿Qué sabe de seguridad? —Es una pregunta bien interesante, y también, ¿qué sabían de seguridad los que habían estado previamente? El tema clave es que la dimensión de seguridad, que tiene que ver con que la jefatura civil de las policías está acá, tiene que ver con que la Constitución mandata a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública a darle eficacia al derecho. Y buena parte de los temas de seguridad es gestión pública, es cómo integrar el funcionamiento de organismos administrativos que tienen muy distintos orígenes y competencias, pero que deben funcionar integradamente. Entonces, ser el jefe civil de las policías es, en algún sentido, como cerrar el ciclo de justicia que es la que le da eficacia al derecho. EL SUCESOR DE MONSALVE —Se criticó que Monsalve trajo a su equipo a mucha de su gente en Arauco. ¿Qué pasó con ellos? —Una buena cantidad de ellos se fueron ya. Ese equipo más de confianza del exsubsecretario Monsalve prácticamente se fue. —En cuanto a la denuncia por gastos reservados, ¿se sabe el destino de los $847 millones que ocupó Monsalve? —No tenemos ningún indicio. El único que está en condiciones de poder averiguar si hubo uso indebido o no, en rigor, es el Ministerio Público.
Nosotros no tenemos antecedentes de que él hubiese utilizado gastos reservados para fines personales. —¿ Es necesario cambiar el sistema de gastos reservados? —Para un Estado democrático, particularmente en materia de orden y seguridad, los gastos reservados son esenciales, al igual que en inteligencia. Pero además de eso, probablemente, es necesario abordar, desde el punto de vista de la rendición, manteniendo la reserva de la información, algún tipo de detalle adicional.
Algo de esto ya se avanzó en la discusión de la Ley de Presupuestos de este año, en el artículo 38, donde se incorporaron elementos adicionales que, manteniendo la reserva de la información, permiten identificar en modo genérico el destino, porque por ahora es una declaración jurada. Pero lo que uno no puede hacer es suprimir la figura de los gastos reservados.
LUIS CORDERO, SUBSECRETARIO DEL INTERIOR: A dos meses y medio de asumir en la repartición, asegura que los proyectos cruciales sobre orden público ya fueron aprobados y que serán puestos a prueba este año, asumiendo que él también debe ser evaluado en la tarea de revertir la denominada crisis de seguridad. | “Para un Estado democrático, particularmente en materia de orden y seguridad, los gastos reservados son esenciales”. Regularización de migrantes: “Chile necesita saber quiénes son y dónde están”. —¿Los montos también le parecen adecuados? $847 millones aparecen como una cifra alta. —Recuerde que en los tres años (Monsalve) tenía aprobado como $500 millones en gastos reservados por año. Es decir, tampoco se hizo uso de todos los gastos reservados. Creo que tenemos que ir apuntando hacia una despolitización de la seguridad.
No podemos transformar la seguridad en una refriega de la política contingente, porque quienes principalmente se ven beneficiados con este tipo de cosas son las organizaciones criminales, porque obligan a que el Estado tenga que entregar información de sus mecanismos operativos. —Se ha hablado que usted podría ser el próximo ministro de Seguridad. —Es una decisión del Presidente de la República. Mientras tanto, creo que primero, como ministro de Justicia y ahora como subsecretario del Interior, me siento muy honrado de los dos cargos en que he servido.
HOMICIDIOS Y VIOLENCIA —¿ Cree que se tuvo que hacer cargo de una papa caliente? Un sondeo de “El Mercurio” mostró que el 43% de líderes del mundo económico creía que la inseguridad era la noticia negativa del año, superando incluso el estancamiento económico. —Lo que pasa es que Chile tiene cifras muy altas de preocupación en materia de seguridad desde la década del 90.
En los últimos años las cifras en materia de delitos violentos venían aumentando, pero también es cierto, como lo publicó en el último informe paz Ciudadana, que tenemos un desacople entre victimización, que va a la baja, con los índices de temor que son muy altos. —Entre Navidad y Año Nuevo hubo 23 homicidios, dos más que el año pasado.
Esas cifras contribuyen al temor. —El temor es un elemento del cual el Estado tiene que hacerse cargo, que es distinto de la victimización; es cómo las personas perciben cotidianamente en su vida los aspectos vinculados a la seguridad y también son lo que las personas perciben de la información que reciben. Nosotros veníamos con un aumento de la tasa de homicidios importante en el 2016, algo bajó en pandemia, pero después aumentó, y lo que tenemos también son homicidios más violentos. Chile ha detenido la curva de ascenso de los homicidios. El gran desafío que tiene para el 2025 es disminuir esas cifras.
Pero ojo —agrega—, una cantidad importante de los homicidios violentos están asociados a disputas entre bandas nacionales que disputan mercados ilícitos, que están vinculados esencialmente al microtráfico. ¿Cuál es el elemento adicional del porqué ha aumentado la violencia? Es que para esa disputa de territorios hoy tienen más acceso a armas. Este contexto de disputa genera una condición de violencia que, por cierto, provoca temor en la población. Lo que uno tiene que hacer es focalizarse en eso e intervenir en determinados lugares.
Pero lo que no podemos hacer es que los líderes de opinión administren el temor como un mecanismo de adhesión política, porque eso corroe la confianza al final del día en el sistema democrático. —Usted llama a que los actores políticos no saquen provecho del tema de la seguridad, pero este año hay una elección presidencial. Si eventualmente la ministra Carolina Tohá fuese la carta oficialista, podría estimular que el tema de seguridad sea materia de discusión en la campaña. —Puede ser. Yo entiendo que las disputas electorales tienen sus códigos, y no va a ser la primera elección presidencial que esté marcada por el tema de seguridad.
Pero si el 2024 lo podemos definir como el año de los pactos de Estado en materia de seguridad, creo que es de responsabilidad pública que quienes participan y tienen funciones de liderazgo utilicen la seguridad como un medio donde tenemos un problema que estamos abordándolo con solución. Sino, no tiene sentido que hubiéramos tenido pactos tan transversales en la materia. Lo que a mí no me parece razonable es que se explote el temor como un mecanismo de gestión política. Porque explotar el temor es explotar la angustia de las personas.
MINISTERIO DE SEGURIDAD: “LA PRUEBA DE FUEGO” —En una carta al director, el excoordinador de seguridad en la macrozona sur, Pablo Urquíizar, señaló que 2022 y 2023 son los períodos con más homicidios desde el retorno de la democracia, y que, según el Sistema Táctico de Operación Policial (STOP), en 2024 se superó con 842. —El Estado de Chile tiene un acuerdo para unificar las cifras de homicidios, y personas como él, que trabajó en el Estado, tienen perfecto conocimiento de que eso es así. Y ese sistema descansa en unificar las estadísticas sobre la base de homicidios consumados que consolidan la información de Carabineros, de la PDI, del Ministerio Público, del Servicio Médico Legal y del Ministerio del Interior. Y ese es el reporte oficial del Estado de Chile. El STOP es un reporte policial para la rendición de cuentas de las policías que proviene de la gestión policial. Sea, que aumente esa cifra, ¿no es un indicador? —Es un indicador. Lo que pasa es que esa cifra no está consolidada.
Son datos que responden a otro fin. —Algunos parlamentarios han expresado que el trámite de la reforma de pensiones puede retrasar la agenda de seguridad. —En cuanto a la cantidad de leyes despachadas en seguridad, hemos avanzado en los ámbitos más relevantes, en el combate al crimen organizado, en la reforma al Código Procesal Penal, en delitos económicos, en los vinculados a la Ley Antiterrorista, en la creación del Ministerio de Seguridad. Hay algunas muy importantes y que están pendientes: el fortalecimiento del Ministerio Público, la fiscalía supraterritorial, inteligencia, RUE, e infraestructura crítica.
Pero el grueso de las más significativas vinculadas a poner en movimiento otros temas, institucionales, “No podemos transformar la seguridad en una refriega de la política contingente, porque quienes principalmente se ven beneficiados son las organizaciones criminales”. persecución penal y aumento de delitos, está ya aprobado por el Congreso entre el 2023 y 2024.
Lo que queda ahora es poner en movimiento esa legislación y esos modelos de gestión que se han aprobado por ley. —¿ Es como una prueba de fuego el 2025? —Es una prueba de fuego en la instalación del Ministerio de Seguridad, porque no es la instalación de un simple ministerio, es la instalación de un modelo de gestión en materia de seguridad pública. 2025 es el año de la implementación, y es el año de exigir desempeños.
Y yo por eso creo, y lo he dicho estos días, que el país lo que hizo es que detuvo la curva de ascenso del homicidio, pero el gran desafío que tiene es bajar el número de homicidios. —2025 es el año de medir desempeño. Eso recae en usted también. —Sí, lo tengo justamente claro. INDULTO Y MIGRACIÓN —Usted llegó al Ministerio de Justicia tras la polémica de los 13 indultos de 2022, y dijo que era una potestad polémica.
Ahora, hubo un indulto con el caso de Katy Hurtado. ¿ Qué le pareció? —Bueno, las razones están expresadas en la dictación del decreto es una situación que está más bien asociada a la condición de Katy Hurtado como una persona privada de libertad. Reconocer que, en el caso de ella, sin hacer juicio sobre la sentencia judicial, mientras se encontraba privada de libertad, fue objeto de violación en un recinto del Estado, bajo la custodia del Estado. Y las razones humanitarias que explican el indulto fueron detalladas el día en que fueron comunicadas.
La potestad es una potestad que siempre es compleja, pero también ser transparente en los argumentos. —En cuanto al proceso de regularización de los migrantes, se dijo el año pasado que el empadronamiento no tenía que ver con eso, pero al final sí lo tuvo. O sea, hay dos dimensiones.
La primera es lo que comunicó el Gobierno, que estaba estudiando un proceso de regularización que es, en rigor, no regularizar a los 182.000, sino que establecer un procedimiento para que del universo de personas que habían sido empadronadas pudieran postular a la regularización. Hay una razón de seguridad muy evidente: Chile necesita saber quiénes son y dónde están, por dos motivos.
Uno, el hecho de que estén en la ilegalidad los impulsa al delito o los transforma en víctimas de delito muy fácilmente, y dos, porque necesitamos tener claridad de quiénes son esas personas. —¿ Qué datos arrojan hasta ahora? —Cuando uno ve la composición interna, claro, el 92% de ellos son venezolanos. Los tramos de edad son de edades productivas. Además, un porcentaje muy significativo de ellos tiene estudios terciarios terminados. Entonces, el Estado hizo ese proceso de empadronamiento biométrico. Hay muchísima información que está ahí. Y en materia de seguridad, nosotros tenemos que hacer la distinción. Pero que el Estado conozca y que el Estado disponga de esa información es clave en materia de seguridad.
Lo más fácil para el Gobierno era no haber dicho nada y dejarle este problema a la administración que sigue. —¿ No teme que entregue la señal del “efecto llamada” como se le ha denominado? —Esa no es una expresión técnica ni académica. Es una expresión que utilizó la ultraderecha española, esencialmente, para criticar los procesos de regularización, tanto los que hizo el Partido Popular como el PSOE. La situación de la migración no voluntaria, que es el fenómeno que existe actualmente en la región, es una situación de incertidumbre, por cierto. Está provocado, evidentemente, por un gobierno que ha afectado la vida y ha violado derechos humanos, como el caso de Venezuela. Y eso ha provocado una diáspora de personas que probablemente no deseaban salir de su país, y es un problema del continente.
Por eso la importancia del acuerdo que se suscribió semanas atrás con Bolivia respecto a la reconducción de ingresos irregulares de personas de terceros países. —¿ Hay algún plan pensado, a propósito, considerando que Maduro ahora va a reasumir, en cuanto a que quizá, eventualmente, podría aumentar la migración? —Nosotros estamos observando ese fenómeno, al igual que el resto de los países de la región. También se analiza la nueva administración en Estados Unidos. Ambos, por consecuencias potencialmente migratorias. Hasta ahora, de los datos que mantiene el Estado de Chile, permanentemente monitoreados, los flujos migratorios siguen siendo hacia el norte. M