Editorial: CAE: entre la deuda social y la urgencia fiscal
Editorial: CAE: entre la deuda social y la urgencia fiscal E l Crédito con Aval del Estado (CAE) vuelve al centro del debate público, esta vez no por promesas de condonación, sino por una política decidida de recuperación de recursos.
Bajo la actual administración, el énfasis se ha puesto en perseguir la morosidad, especialmente entre deudores de mayores ingresos, con medidas como la retención de impuestos a más de 150 mil personas en la última Operación Renta, el cobro obligatorio a quienes perciben sobre $1,5 millones y la derivación de deudas a la Tesorería General de la República para acciones ejecutivas. Las cifras explican la urgencia: a marzo de 2026, la morosidad alcanza un 53%, mientras el costo fiscal se ha disparado producto de las garantías que el Estado debe cubrir ante incumplimientos. La deuda acumulada, que en 2017 rondaba los $500 mil millones, hoy bordea los $4 billones. No actuar ya no es una opción. Sin embargo, el problema es más profundo que la mera cobranza. Un estudio de la Universidad de Santiago evidencia una realidad incómoda: el CAE no solo fracasa en su sostenibilidad financiera, sino también en su promesa de movilidad social. Más del 40% de los egresados de sectores vulnerables presenta garantía ejecutada, es decir, el Estado ya pagó por ellos ante reiterados incumplimientos. En comunas de alta vulnerabilidad, esta cifra incluso supera ese umbral. Pero el fenómeno no distingue únicamente por nivel socioeconómico. Incluso en comunas de altos ingresos, donde la capacidad de pago debiera ser mayor, el cumplimiento apenas supera el 50% en algunos casos. Aquí emerge un problema distinto: no solo incapacidad de pago, sino también incentivos distorsionados, expectativas de condonación y, eventualmente, mecanismos para eludir obligaciones. Este doble rostro de la morosidad -vulnerabilidad estructural por un lado y comportamiento oportunista por otrotensiona cualquier política pública. Endurecer la cobranza puede ser fiscalmente necesario, pero socialmente insuficiente si no se reconoce que, para muchos, el crédito nunca fue una herramienta efectiva de progreso. En paralelo, el proyecto de Financiamiento Público para la Educación Superior (FES) aparece como alternativa, proponiendo eliminar la banca y reemplazar la deuda por contribuciones según ingresos futuros. Sin embargo, también genera dudas sobre su viabilidad y alcance real, especialmente si no aborda las falencias estructurales del sistema. El desafío, entonces, no es solo recuperar recursos, sino redefinir el modelo. Persistir en un sistema que endeuda masivamente, recauda poco y no asegura movilidad social es prolongar un problema que ya ha demostrado su agotamiento.
Chile enfrenta una decisión ineludible: corregir el CAE en profundidad o avanzar hacia un nuevo esquema que equilibre responsabilidad individual, sostenibilidad fiscal y justicia social.. El desafío no es solo recuperar recursos, sino redefinir el modelo. Persistir en un sistema que endeuda masivamente, recauda poco y no asegura movilidad social es prolongar un problema que ya ha demostrado su agotamiento. Chile enfrenta una decisión ineludible: corregir el CAE en profundidad o avanzar hacia un nuevo esquema que equilibre responsabilidad individual, sostenibilidad fiscal y justicia social. EDITORIAL