Jadue, Plan de Búsqueda y nueva cárcel: Los tres impasses que tensionan la relación entre Justicia y el PC
Jadue, Plan de Búsqueda y nueva cárcel: Los tres impasses que tensionan la relación entre Justicia y el PC n Diputados cuestionan trato directo en plataforma de detenidos desaparecidos, cartera descarta infracciones, pero admite que se pudo comunicar mejor el tipo de contrato La adjudicación, vía trato directo, del desarrollo de una plataforma informática para reconstruir "trayectorias" de detenidos desaparecidos a la empresa Unholster --por más de $600 millones-provocó la molestia tanto entre algunas agrupaciones de familiares de las víctimas, como también en legisladores del Partido Comunista, desde donde cuestionaron el manejo y la implementación con la que el Ministerio de Justicia ha llevado adelante el Plan Nacional de Búsqueda.
Por ejemplo, a través de su cuenta de X, la diputada Carmen Hertz calificó el hecho como "lamentable y doloroso", agregando que "no se hacen tratos directos con empresas privadas a espalda de los familiares para recabar antecedentes que ya existen, desde el trabajo de los abogados de la Vicaría de la Solidaridad hasta analistas del programa de derechos humanos". Mientras que la diputada (PC) y expresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, manifestó "preocupación por la forma en que se está llevando este plan". Debido a lo anterior, desde la bancada del PC oficiaron al mentado ministerio para que informe los motivos para realizar el trato directo, y si hay investigaciones o sumarios administrativos iniciados al respecto. Pese a que aún no reciben formalmente el documento, desde Justicia anticipan la inexistencia de este tipo de procesos.
Sobre las críticas, Paulina Zamorano, directora del Plan Nacional de Búsqueda, respondió por escrito a "El Mercurio" que "es efectivo que pudimos ser más activos en la comunicación del tipo de contrato contraído y, evidentemente, es un aprendizaje que nos llevamos para lo que sigue por delante". Por su parte, la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, en Radio Universidad de Chile, sostuvo ayer que "aquí no hubo ninguna infracción a la normativa administrativa ni de compras". Y agregó que "se hacía indispensable, precisamente por el sentido de urgencia, desarrollar una plataforma con determinadas características y eso se hizo a través de una licitación pública (... ). Tuvimos cuatro ofertas, la de Unholster fue la que tuvo el mejor puntaje en el análisis técnico y económico, y, por lo tanto, esa fue la que se contrató". Las diputadas del PC Carmen Hertz y Lorena Pizarro son firmantes del oficio a Justicia.
JONATHAN MANCILLA La más reciente polémica entre el Partido Comunista y el Ministerio de Justicia se generó a partir de la prisión preventiva del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue --hoy reemplazado por Fares Jadue--, pues desde la cúpula de la colectividad han cuestionado las condiciones en las que su militante está recluido en el anexo Capitán Yáber desde el 3 de agosto pasado, tras ser formalizado por fraude al fisco, administración desleal, entre otros delitos, en el marco del caso Farmacias Populares.
En conversación con Radio Nuevo Mundo, el presidente del PC, Lautaro Carmona, criticó el régimen de visitas bajo el cual se encuentra Jadue, y manifestó que "se lo hemos pedido incluso al propio subsecretario de Justicia (Jaime Gajardo), a quien conocemos mucho, porque es de nuestra militancia, por qué no se ha afinado un reglamento que sea para todos por igual". Apuntó, en ese sentido, que "no estamos pidiendo privilegios para Daniel (Jadue), pero para todos por igual. No es bueno esto, no le hace bien. Es casi abusar de la condición de `acá está la justicia' y aplastar la contraparte.
Eso a mí me preocupa mucho". Tras una semana marcada por la polémica en torno al Plan Nacional de Búsqueda, las declaraciones del timonel del partido vinieron a profundizar las diferencias entre la cartera y la colectividad.
Ante esto, fue el propio ministro Luis Cordero quien calificó como "poco común" el hecho de que desde un partido llamen a un funcionario de Gobierno para hacer una solicitud de este tipo. "Cuando una autoridad pública está en funciones, exponerla a ese tipo de requerimientos u opiniones genera situaciones impropias, pero el subsecretario ha sido muy claro de cuál es la regulación vigente y la que se tiene que aplicar, y no hay ninguna excepción para esto", dijo el secretario de Estado.
En relación con la situación particular de Jadue, el titular de la cartera sostuvo que "no hay ninguna razón para tener reglas excepcionales (... ) las reglas son las que son". Jadue ya había generado divisiones en el pasado, pues fue el propio imputado quien, en la previa de su formalización, acusaba una operación política en su contra, organizada también por el Frente Amplio. "Esto no solo viene de la derecha, aquí hay tráfico de influencias que vienen de otros sectores, que supuestamente son aliados, pero que le tienen la misma tirria al PC porque les disputa el espacio electoral", señaló en abril en el programa de streaming "Sin Maquillaje". Lautaro Carmona, presidente del PC. ATON Luis Cordero, ministro de Justicia.
JONATHAN MANCILLA n Carmona revela petición a subsecretario por prisión de alcalde y Cordero responde que esto genera "situaciones impropias" El llamado telefónico del presidente del PC, Lautaro Carmona, al subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo --militante del mismo partido--, por la situación del exalcalde Daniel Jadue en el anexo cárcel Capitán Yáber, fue objeto de duras críticas en la oposición.
Mientras el diputado Andrés Longton (RN) lo considera "al borde de la ilegalidad", su par Jorge Guzmán, jefe de bancada de Evópoli, y el senador Gustavo Sanhueza (UDI) acusan un "tráfico de influencias". "Me parece que interceder está al borde de la ilegalidad. No sé si habrá sido la intención, pero uno esperaría de la directiva de un partido que se respeten las decisiones judiciales y la independencia de los poderes del Estado.
Esta en Chile rige, no como en Venezuela, y quizás a él le gustaría que nuestro país funcionara como Venezuela, donde Maduro controla hasta el Poder Judicial", planteó Longton. "Lo que hace el presidente del PC (... ) de solicitar un trato diferenciado para el imputado en prisión preventiva Daniel Jadue tiene nombre y apellido y se llama tráfico de influencias. Valoramos que el ministro (Luis) Cordero condene la práctica y en definitiva no se dé espacio a tratos diferenciados para nadie.
Eso es lo que se tiene que hacer en un Estado de Derecho", añadió Guzmán. "Claramente hay tráfico de influencias, es tratar de modificar las condiciones carcelarias de una persona que pertenece a un partido (... ). Llama la atención que siga ocurriendo, son conductas reprochables que tenemos que condenar todos", planteó Sanhueza.
Su colega Sergio Gahona, subjefe de los senadores UDI, estimó "impropio e impúdico" que el presidente de un partido llame a una autoridad "para interferir en los horarios de visitas a la cárcel a uno de sus militantes". A su juicio, el subsecretario Gajardo debe explicar en qué consistieron esos llamados, pues "se puede estar abriendo una caja de Pandora". Para el diputado Diego Schalper (RN), lo sucedido amerita un sumario "que verifique que el señor Jadue no ha sido objeto de ninguna preferencia". Alberto Undurraga, diputado y presidente de la DC, dijo que "las resoluciones judiciales las define el Poder Judicial, no el Poder Ejecutivo ni el Legislativo. Tampoco los partidos políticos.
Y si hay una resolución o solicitud pendiente, dejemos que el Poder Judicial haga su trabajo y respetemos lo que resuelva". En medio de la controversia, la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, aseguró que "entendemos claramente" que las normas de visitas penitenciarias "no tienen ninguna diferencia respecto de quién sea el involucrado", y negó que su partido haya hecho algún "tipo de solicitud especial" sobre las visitas de Jadue. Según la dirigenta comunista, "lo que hay es una preocupación permanente" por el exalcalde. Figueroa añadió que entienden lo planteado por el ministro Luis Cordero "y lo compartimos, entonces no entendemos ni queremos hacer de esto ningún tipo de situación.
Acá lo importante es que quede claro que no hay ningún tipo de excepcionalidad que se quiera plantear, ni ningún tipo de solicitud especial". Oposición acusa "tráfico de influencias" y PC niega haber pedido trato especial para Jadue En menos de un mes, la relación entre el Partido Comunista (PC) y el ministro de Justicia, Luis Cordero, se ha visto marcada por distintos impasses, los que se han traducido en cuestionamientos públicos hacia el secretario de Estado, y algunas de sus decisiones, por parte de legisladores y representantes de la colectividad integrante de la coalición del Presidente Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), así como también respuestas por parte del titular de la cartera.
Solo entre la semana pasada y el inicio de esta, se registran al menos dos episodios, relacionados con la inquietud en el PC por el régimen de prisión preventiva que cumple el alcalde de Recoleta Daniel Jadue --a quien reemplaza hoy Fares Jadue, del mismo partido-y con la molestia por la adjudicación mediante trato directo de un millonario contrato vinculado con el Plan Nacional de Búsqueda. A mediados de junio, en tanto, el motivo de la tensión era la ubicación del nuevo penal de máxima seguridad en la comuna de Santiago. Los distintos episodios se han registrado en un lapso inferior a un mes Jadue, Plan de Búsqueda y nueva cárcel: Los tres impasses que tensionan la relación entre Justicia y el PC O. RODRÍGUEZ, M. MATHIEU y J.
P. GUZMÁN Como factor común entre las desavenencias se encuentran los cuestionamientos públicos, en medios de comunicación y redes sociales, por parte de representantes del partido de la coalición del Presidente Gabriel Boric hacia decisiones de la cartera en distintos ámbitos. n Los reclamos de Hassler por nuevo penal Si bien fue el Presidente Gabriel Boric quien el 18 de julio anunció la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad en el país, el ministro Luis Cordero, el día 22 del mismo mes, fue el encargado de confirmar el lugar donde esta se emplazaría, señalando que se trata de una ampliación del penal Santiago 1, lo que significa un nuevo recinto diferenciado ubicado en el cuadrante Pedro Montt, donde funcionan al menos cuatro penales en la actualidad, además del Centro de Justicia.
Lo anterior produjo un enérgico rechazo por parte de la alcaldesa de la comuna, Irací Hassler (PC), quien desde entonces ha cuestionado públicamente la decisión del Gobierno y, de forma directa, al secretario de Estado, siendo secundada por legisladores de su partido, así como también por otros del Frente Amplio. "La medida improvisada anunciada por el ministro Cordero va en la dirección opuesta e implica una grave amenaza a la seguridad de la Región Metropolitana y de su comuna capital", expresó la jefa comunal el 22 julio, tras la confirmación del lugar por parte de Cordero.
Hace una semana, no obstante, Hassler volvió a tocar el tema, a partir del hallazgo de un auto con explosivos que, según antecedentes investigativos, serían utilizados para lograr la fuga de integrantes de la banda Los Trinitarios desde un penal capitalino.
A través de X, la alcaldesa señaló que dicha diligencia "confirma lo que hemos señalado respecto de ubicar una nueva cárcel en la capital: representa no solo una tremenda falta de visión de Estado por parte del ministro Cordero, sino que además demuestra una gran irresponsabilidad". `` La medida improvisada anunciada por el ministro Cordero va en la dirección opuesta e implica una grave amenaza a la seguridad de la RM".. ........................................................ IRACÍ HASSLER ALCALDESA (PC) DE SANTIAGO.