Autor: J. P. PALACIOS

Larraín estima que no es necesaria la reforma tributaria para financiar alza de la PGU
Economista dice que reasignación de programas mal evaluados podría aportar 0,8 puntos del PIB. Mejoras en compras públicas contribuirían en casi 0,3 puntos del PIB adicionales.
En los últimos días se ha instalado el debate sobre el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) desde los actuales $194.000 a $250.000, a partir de una indicación presentada por diputados de oposición e independientes en el proyecto de Ley de Presupuestos 2023. El Gobierno ha enfatizado en ligar el mejoramiento de la pensión a la aprobación de la reforma tributaria, actualmente en trámite en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
Sin embargo, a juicio del exministro de Hacienda y director de Clapes UC, Felipe Larraín, “ello no es necesario, al menos no en la forma actual que tiene el proyecto”. El economista explica que, en primer lugar, hay un tema de magnitudes. “La reforma tributaria aspira a recaudar en régimen unos 3,6 puntos del PIB.
Sumando el proyecto de royalty minero (más avanzado en su tramitación, hoy en el Senado) se agregan del orden de 0,5 puntos del PIB, con lo que la recaudación total de ambos proyectos que aumentan tributos es de 4,1 puntos del PIB, o algo más de US$ 12.000 millones anuales en régimen.
Pero el aumento de la PGU cuesta en torno a 0,5% del PIB actual a 2029. ¿Y en el 2050? 1% del PIB (actual)”. Precisa que, “suponiendo que nuestra economía creciera del orden de 2,5% anual, el costo en proporción al PIB de cada año se mantendría en torno del PIB.
Por tanto, bastaría con el proyecto de royalty minero o un séptimo de la reforma tributaria para financiar el aumento de la PGU”. $66 El financiamiento de mayores beneficios sociales no solo puede hacerse a través de aumentar impuestos como se ha pretendido instalar”. FELIPE LARRAÍN EXMINISTRO DE HACIENDA “Al menos no en la forma actual que tiene el proyecto”, dice el exministro de Hacienda sobre aumento a $250 mil: larraín recuerda que, además, debe considerarse que “se han identificado 1,2 puntos del PIB de posibles mejoramientos en el uso de los recursos públicos que son susceptibles de aportar a causas como el aumento de la PGU, como argúimos en una columna reciente (“Un pacto fiscal para viabilizar una reforma tributaria”). De esta magnitud, el grueso viene de la reasignación de programas mal evaluados, los que podrían aportar 0,8 puntos del PIB”. “Añadamos a esto una serie de proposiciones concretas para mejorar nuestro sistema de compras públicas, identificadas por la Fiscalía Nacional Económica, que podrían contribuir en casi 0,3 puntos del PIB adicionales. Por último, un proyecto de mejoramiento de la carrera funcionaria en el Estado podría aportar otro 0,1% del PIB. Así, la recaudación de los proyectos de aumento de impuestos que están hoy en discusión en el Congreso exceden largamente lo necesario para aumentar la PGU”, agrega Larraín. Concluye que “el financiamiento de mayores beneficios sociales no solo puede hacerse a través de aumentar impuestos como se ha pretendido instalar.
También hay enormes oportunidades de mejorar el uso de los recursos públicos que hasta el momento no se están explotando”. El martes, el titular de Hacienda, Mario Marcel, enfatizó que “cualquier aumento de gasto requiere de financiamiento y el Presupuesto 2023 está cuadrado en términos de los ingresos y de los gastos, por lo tanto un aumento de esas magnitudes es muy significativo y requiere otro financiamiento. ¿Cuál es ese otro financiamiento? Es la reforma tributaria que está actualmente en discusión en la Cámara de Diputados, de tal manera que la primera condición para poder incrementar el valor de la PGU, que es tener el financiamiento, es en buena medida resorte de los propios diputados en la discusión de la reforma tributaria.
Aparece contradictorio que por un lado se plantee subir ya la PGU a $250 mil y, por otro, se diga que se va a demorar la discusión de la reforma tributaria”. La reforma previsional propone aumentar gradualmente —y dependiendo de la reforma impositiva— el monto que actualmente se entrega, de $193.917, hasta los $250 mil, lo que implica un incremento de 28,9 %. El proyecto propondrá ajustes vinculados a un universo de focalización de beneficiarios, lo que apunta al cuestionado test de afluencia de la ley hoy vigente. Esto implica que ya no será el beneficio al 90% de la población de menores ingresos mayor de 65 años, sino que usará como referencia el universo de población total.