Autor: Por Nicolás Álvarez Arrau
El golpe que asestó el caso Convenios a las fundaciones y ONG en la Región del Biobío
El golpe que asestó el caso Convenios a las fundaciones y ONG en la Región del Biobío A un año del escándalo, estas entidades dicen verse fuertemente afectadas C ecilia Ananías es directora de proyectos de la ONG Amaranta y fue coordinadora del programa Lilén, una iniciativa que en dos años realizó ciclos educativos para la erradicación de las violencias en los liceos de la Región del Biobío, a través de talleres de educación sexual, no discriminación, prevención de la violencia de género, salud mental y derechos humanos, además de otras actividades como la entrega de material educativo, capacitación a docentes y ferias. Con todo esto, estima que se benefició a 10 liceos de Concepción, San Pedro de la Paz, Coronel, Arauco, Curanilahue, Penco y Los Ángeles, que abarcan unos 2 mil estudiantes y 150 profesores.
A un año de conocido el caso Convenios, trama de corrupción quehallevadoalaFiscalíaainvestigar a 16 fundaciones a nivel localporelsupuestomalusodefondosdesdeentidadesfiscalescomo el Gobierno Regional o la Seremi de Vivienda y Urbanismo, parte delasfundacionesyONGcontrayectoria en la zona relatan el impacto que este caso ha tenido en su funcionamiento.
Para comenzar, Ananíascuentaqueelprimer golpe que notaron a raíz de las nuevasrestriccionesllegópormedio del exceso de burocracia, porquedesdeeliniciodelproyectoya tenían que presentar muchos papelesfísicosydigitalesquedieran cuentadelabuenaejecución, "pero esto se triplicó una vez estalló el caso Convenios". Sólo como ejemplo, afirma que al inicio entregaban informes mensuales de unas 60 páginas, lo que en los últimos meses subió a 150, "y eso ocurre todos los meses y al mismo tiempo que coordinamos con liceos y que trabajamos con estudiantes y una serie de problemáticas complejas". Así, tiempos demoledores y hasta la colección de los boletos de micros utilizados fueron parte de los elementos que debieron sumar a consecuencia del daño colateral que trajo consigo el mal comportamiento de otras entidades, "aunque asumimos esa labor como algo necesario para la transparencia y prevención y detección de casos de fraude". El proyecto hoy está por finalizar, pero no hay cómo continuarlo debido a que la línea de financiamiento cerró: "No es posible realizarunaasignacióndirectade fondos a un proyecto, no importa cuán bien haya sido ejecutado y cuánimportantehayasidosuimpacto.
Simplemente, hemos tenido que decirles a los liceos que no tenemos cómo continuar". Ananías agrega que en las comunidades que atienden hay desamparo, comunidades en las que, incluso, ocurrieron femicidios y donde encontraron múltiples casos de embarazo adolescente, aborto clandestinoyespontáneoypocos conocimientos de educación sexual, y que producto de estas limitaciones no será posible mantener el trabajo. "Esto tiene efectos en la continuidad de Amaranta. La ONG está a punto de quedar desfinanciada. La mayor parte de las profesionales quedan sin honorarios desde agosto, por lo que están buscando otros trabajos. Sólo el equipo de Tecnología y Género tiene algunos fondos para funcionar hasta diciembre a medio tiempo. Si no conseguimos financiamiento de aquí a esa fecha, no sólo se acaba el programa Lilén, sino que la ONG Amaranta entraría en un receso indefinido", subraya. Cuatro organismos con presencia local abordan los efectos de la crisis y las mayores restricciones a la hora de solicitar fondos. Algunos corren riesgo de no continuar, mientras que otros buscan recursos extranjeros. Impactos sociales y financieros son parte del relato.
Por Nicolás Álvarez Arrau / nicolas.alvarez@diarioelsur.cl MANOTAZO A LA DESCENTRALIZACIÓN Y FALTA DE CAPACIDADES Desde la fundación Huella Local plantean que, en términos generales, el caso Convenios, en una mala interpretación de parte del mundo político, representó "un quiebre absoluto" en la relación que había abierto el Estado con la sociedad civil, sobre todo a través de los gobiernos regionales. Su fundador y director ejecutivo, Gonzalo Vial, recuerda que debido al escándalo se eliminaron las glosas que permitían generar propuestas desde este sector para ejecutar proyectos y programas de interés. En lo que respecta a los programas que ejecuta Huella Local en Biobío, dice que han seguido un curso normal y que las rendiciones han sido revisadas sin ningún inconveniente.
Eso sí, reconoce que frente al panorama actual ya no pueden presentar nuevos programas que apoyen a los gobiernos regionales, en especial en materias en las que hoy carezcan de oferta, y que se generó además una "burocratización excesiva de los procesos, que es positiva, pero a veces es exagerada y no permite que se ejecuten bien las cosas". Hoy, la fundación termina dos programas de agua potable rural en la Región, algo que no se podrá replicar para las provincias de Arauco y Concepción, pese que hasta hace poco era algo que se evaluaba.
A diferencia de Amaranta, en Huella Local aseguran que sí es posible mantenerse dado que el 70% del financiamiento viene de las donaciones de empresas, pero insisten en que este quiebre con el Estado echa pie atrás a la profundización del trabajo con los territorios y la posibilidad de llegar mucho más rápido a comunidades lejanas del Biobío, en especial en áreas donde faltan firmas que puedan patrocinar. "Aquí hay un manotazo a la descentralización, porque los gobernadores regionales están con serias dificultades para ejecutar su presupuesto, ya que las entidades de la sociedad civil eran un tremendo brazo ejecutor de políticas públicas", subraya Vial.
María José García, fundadora y directora ejecutiva de fundación El Árbol, organización con 13 años de vida en Biobío que busca fomentar la acción medioambiental, recuerda que en 2022 por primera vez postularon a una asignación directa del Gobierno Regional, a través de un FNDR por $ 300 millones, iniciativa que tuvo su evento de cierre este viernes.
En este nuevo contexto de mayores restricciones y polémicas, asegura que la afectación del caso Convenios les significó, primero, un impacto social: "Hemos sido puestos en la palestra desde personas naturales que nos cuestionan sólo por el hecho de ser fundación (... ) Nos dicen `ustedes son fundación, son los que se roban la plata', y eso, aunque puede ser menor, afecta al equipo de trabajo". Además, instituciones con las que tienen convenios de colaboración por más de cinco años les cerraron la puerta el año pasado con el argumento de que "no podemos hacer nada con fundaciones en este minuto". En lo financiero, García indica que lo recursos que se asignan desde el Estado demoraron hasta cuatro meses en entregarse el Gobierno Regional disminuyó también los montos de asignación directa y los períodos de ejecución a la mitad y que se ha evidenciado un aumento de exigencias administrativas y trabas a fondos concursables, situación que hace necesario un bagaje administrativo que muchas organizaciones de la sociedad civil no tienen en este momento. "Muchas de ellas no las pueden cumplirynoslascumplirán, yademás de eso no se están entregando herramientas ni capacidades para que la sociedad civil se prepare técnicamente para estas nuevas exigencias(... )Pordarunejemplo, antes nosotros rendíamos un recurso en particular, pero hoy nos piden tres documentos adicionales, un nivel de detalle que entendemos, aunque muchas no están preparadas", grafica. Si bien el año pasado fue complejo para El Árbol, este 2024 pudieron salir adelante diversificado sus ingresos, buscando fondos internacionales y, al mismo tiempo, privados.
Otra mirada la entrega la directora ejecutiva de fundación Trascender, Claudia Castañeda, quien, ante los cambios de criterios, el "golpe en la confianza", la mayor burocracia y los menores fondos disponibles, dice que han podido resistir gracias a un modelo de financiamiento mixto, con un bajo aporte de recursos fiscales, "lo que ha sido un resguardo para nuestra sostenibilidad ante esta crisis". Eso sí, plantea que cuando el caso salió a la luz, la entidad estaba en pleno proceso de ejecución de un programa que buscaba fortalecer el liderazgo de mujeres y dirigentes sociales en diversas comunas del Biobío, iniciativa financiada por fondos públicos que cerró en enero y que resintió un impacto administrativo directo. "El cambio permanente de contrapartes derivó en criterios de rendición diversos que exigían ajustes a tareas ya realizadas y que retrasaban procesos de pago.
Todo esto se traduce en un mayor costo de ejecución, más horas administrativas dedicadas al proyecto, muchas más de lo que estaba presupuestado (... ) A partir de esta experiencia, hemos tomado distancia de la postulación a fondos públicos, porque la falta de claridad genera costos administrativos que dichos fondos no alcanzan a cubrir, es decir, son costos hundidos que absorbe la fundación. Esto finalmente atenta contra la sostenibilidad económica de las organizaciones ejecutoras", advierte Castañeda. Con todo lo anterior, la meta ahora es fortalecer el trabajo de voluntariado profesional y corporativo, aunque por medio de un modelo de financiamiento privado en Biobío. La ONG Amaranta prevé un receso indefinido si la situación se mantiene igual. En fundación El Árbol no sólo advierten un impacto financiero y administrativo, sino que también una afectación social.
El análisis del Gobierno Regional ante los cuestionamientos Desde el Gobierno Regional analizan esta situación y explican que el cambio de normativa presupuestaria para el 2024 no permite el traspaso de recursos públicos a entidades privadas. "Por ley, ahora todas las instituciones, sean ONG o fundaciones que están bajo ese parámetro, no pueden acceder a financiamiento a sus programas, por muy bien que estén planteados o por mucha trayectoria que tengan", dice el administrador regional, Iván Valenzuela. Añade que antes de que cambiara la legislación, las fundaciones podían presentar proyectos y ser aprobados. Asimismo, destaca que tramitan más de 3 mil iniciativas, "por lo que se han aumentado los controles y se han implementado 18 medidas de transparencia para garantizar la transparencia de estos procesos.
Además, hoy todas las iniciativas relacionadas a financiamiento deben ser aprobadas por el Consejo Regional". Respecto al lamento de la sociedad civil, agrega que es una consecuencia de la legislación actual y que esa es una queja legítima. páginas ha debido completar la ONG Amaranta en sus informes mensuales. El número, que más que se duplica respecto a otros meses, representa una "burocratización excesiva". 150 del financiamiento de algunas fundaciones proviene de entes privados. Eso les ha ayudado a sortear los actuales problemas y no depender de lo público. 70%.