Una migración segura para las familias
La Ley 21.325 de Migración y Extranjería, de abril de 2021, señala orientarse hacia una migración ordenada, segura y regular. Usa las palabras que se indican en la Agenda 2030 y el Pacto Mundial sobre Migración de 2018, el que sin embargo no ha sido suscrito por Chile.
La seguridad adoptada por nuestro país parece dirigirse al control fronterizo y el enfrentamiento del delito, pero no a la protección de los derechos de las personas migrantes y el abordaje de las vulnerabilidades que les afectan, fundamental en tratados internacionales sobre migración y derechos humanos. Las familias que ingresan irregularmente están en situaciones de riesgo y daño, arrastradas, además, desde los países de tránsito.
La Matriz de Seguimiento de Desplazamiento, realizada por la OIM Chile a migrantes venezolanos en marzo de 2021, así lo evidencia: inseguridad alimentaria severa, problemas de vivienda, salud y transporte, falta de información, exposición a robos y al tráfico de personas. El impacto de la vulnerabilidad es mayor en el caso de la niñez. Cerca de un 30% de las personas que entran en forma irregular son niños, niñas y adolescentes, sin las condiciones mínimas para su bienestar, y cuyo desarrollo podría verse afectado en forma irremediable. La migración irregular es una realidad nacional y mundial que podrá intentar controlarse, pero no detenerse. El control de fronteras y las expulsiones que hemos observado no resuelven el fondo del asunto, y refuerzan el prejuicio de la asociación entre migración y delincuencia. Es imperativo comprometerse con la seguridad en su sentido más amplio: abordar la protección efectiva de las familias migrantes, y con especial preocupación por la niñez.
En lo inmediato, debe responderse articuladamente a la crisis humanitaria, pero sin perder de vista la generación de respuestas institucionales efectivas y de largo plazo que otorguen seguridad, confianza y oportunidades a las familias y las comunidades. La migración irregular es una realidad nacional que podrá controlarse, pero no detenerse. El control de fronteras y las expulsiones que hemos observado no resuelven el fondo del asunto”. Andrés Echeverría, director de la Plataforma Migraciones de la Fundación Horizonte Ciudadano

Resumen

La seguridad adoptada por nuestro país parece dirigirse al control fronterizo y el enfrentamiento del delito, pero no a la protección de los derechos de las personas migrantes y el abordaje de las vulnerabilidades que les afectan, fundamental en tratados internacionales sobre migración y derechos humanos., La Matriz de Seguimiento de Desplazamiento, realizada por la OIM Chile a migrantes venezolanos en marzo de 2021, así lo evidencia: inseguridad alimentaria severa, problemas de vivienda, salud y transporte, falta de información, exposición a robos y al tráfico de personas., El control de fronteras y las expulsiones que hemos observado no resuelven el fondo del asunto, y refuerzan el prejuicio de la asociación entre migración y delincuencia.

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