Cuál es la estrategia de “transición socioecológica justa” que se dejó de tramitar
Cuál es la estrategia de “transición socioecológica justa” que se dejó de tramitar Uno de los 43 decretos que retiró el nuevo Ministerio del Medio Ambiente de la Contraloría General de la República era la propuesta de una “Estrategia Nacional de Transición Socioecológica Justa 2025-2035”. El documento de 144 páginas presenta una política de Estado diseñada por el Ministerio del Medio Ambiente del gobierno del expresidente Gabriel Boric para enfrentar la crisis climática, la contaminación y la pérdida de biodiversidad.
Su propósito central es “acompañar los principales procesos de cierre y/o reconversión de industrias durante su transición, para resguardar que se minimicen los impactos en territorios que históricamente han concentrado las cargas ambientales y sociales de nuestro modelo de desarrollo actual”, además de contrib u i r a q u e “ l a s i n d u s t r i a s emergentes implementen criterios para prevenir externalidades negativas sobre el medio ambiente y las comunidades de su entorno”. “El Mercurio” consultó al Ministerio del Medio Ambiente de la nueva administración respecto al estado de este decreto, debido a que la cartera a reingresado a la Contraloría al menos uno de los decretos que retiró. Desde el ministerio no respondieron la consulta. La estrategia corresponde, en su mayor parte, a una recopilación de medidas que ya estaban alojadas en otros ministerios. “(Hay) un montón de instrumentos que están segregados por muchos ministerios.
Por un lado, lo que se hace es darle una coherencia, como una columna vertebral”, dice Roxana Bórquez, investigadora del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile, quien además participó en un panel de expertos consultivo para la elaboración de esta estrategia.
Por ejemplo, una de las metas sobre el “trabajo decente” incluye que el Ministerio del Trabajo “fomente el acceso a nuevas oportunidades laborales, a través de la formación para el trabajo y la certificación de competencias laborales”. Las preocupaciones de la industria Sin embargo, la estrategia también incluye definiciones que resultaron preocupantes para las industrias minera y energética. El proceso de consulta pública de este documento se realizó entre octubre y diciembre de 2024.
Pese a que algunos de los comentarios de empresas y gremios que participaron de este proceso, como Colbún, SQM, la Asociación de Generadoras, Transmisoras y la Sonami, se subsanaron de alguna forma en el documento final, con otros no sucedió esto. Por ejemplo, el Consejo Minero criticó una de las metas que cambiaron levemente su redacción en la versión final. “El sector minero gestiona los depósitos de relaves críticos al año 2035, y todos los relaves en situación de abandono a 2050”, se lee en el documento. El gremio señaló que “los relaves abandonados son, prácticamente, por definición, de terceros que nada tienen que ver, directa o indirectamente, con las empresas de la gran minería que hoy operan.
Por lo tanto, no hay sustento alguno para asignar a los sectores minero e industrial, si por ello se refieren a las empresas que hoy operan, una responsabilidad por los relaves abandonados”. Un comentario de Generadoras de Chile y de Colbún fue que el plan ignorara problemas como la contaminación por leña, lo que ocurre principalmente en el sur del país. El documento final no hace ninguna alusión a la leña. Varios gremios y empresas sugirieron eliminar la revisión de la norma de ruido y las nuevas normas secundarias de calidad ambiental, por considerarlas un desvío de los objetivos o un riesgo para la inversión. Sin embargo, el plan final incluye una revisión a la aludida norma. Por otro lado, una de las preocupaciones se centró en si este documento era vinculante o no.
El texto final indica que es un “instrumento orientador”. Al mismo tiempo, una carta firmada por la exministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, señala que “el lanzamiento de esta estrategia es un compromiso del Estado”. ¿Responsabilidad del Estado o de privados? Otras observaciones sí fueron respondidas.
Por ejemplo, una de las críticas de la Sociedad Química y Minera de Chile S.A. fue que la propuesta indicaba que “el sector productivo asume la responsabilidad de reconversión y/o transición de sus empresas con sus trabajadoras y trabajadores directos, contratadas y contratados, y contratistas”, lo que al parecer de la empresa no era una responsabilidad que deba recaer en los privados, sino que en el Estado.
El documento final, en cambio, señala que, para las actividades productivas que estén en proceso de cierre o reconversión, “el Ministerio del Trabajo y Previsión Social acompaña la creación y funcionamiento de mesas de diálogo tripartito que incluyen a empleadores, sindicatos y el Estado”, y que estas mesas “abordan en su quehacer aspectos vinculados al resguardo de un entorno laboral seguro, la prevención de riesgos, fortalecimiento de capacidades y reconversión laboral, promoción del trabajo decente e igualdad de género”. RELAVES ABANDONADOS De quién es la responsabilidad de hacerse cargo de estos sitios fue una de las críticas de la industria minera.. El Ministerio del Medio Ambiente retiró el decreto de la Contraloría General de la República, pero no aclaró si lo volvió a ingresar para su toma de razón. Causó preocupación en el sector eléctrico y minero: RELAVES ABANDONADOS De quién es la responsabilidad de hacerse cargo de estos sitios fue una de las críticas de la industria minera. Uno de los puntos que aborda el documento son medidas en torno al cierre o reconversión de termoeléctricas.