CARTAS: Financiamiento de la educación superior
Financiamiento de la educación superior Señor Director: El ministro Marcel y la directora de Presupuestos hacen una defensa cerrada del proyecto de ley que condona parcialmente y reemplaza el CAE, denominado FES.
Es lamentable que, al igual que en toda la tramitación del proyecto, hayan elegido ignorar las críticas que la propuesta ha recibido. se omite el perjuicio que el proyecto implicará para las instituciones de educación superior, en particular para las universidades, al expandir la fijación de aranceles y vacantes a la totalidad del sistema. El FES es un techo al financiamiento (público y privado) y a la calidad del sistema de educación superior. Nada se dice de que el FES es impuesto a los graduados, una fórmula que no se aplica en ningún lugar del mundo. Esta propuesta sumará a los descuentos por planilla de los graduados beneficiados hasta un 8% de retención adicional, hasta por 20 años.
Es sistema de reparto, en el que el 40% de los estudiantes pagará más de lo que costó su carrera para financiar al 60% restante, sin contar los gratuitos que no pagan nada. ¿Los más afectados por este sobrepago? Los estudiantes técnicos de institutos profesionales, no precisamente un grupo privilegiado. Por algo algunos la han llamado una reforma tributaria encubierta. Se dan por descartados los riesgos que identificara el Consejo Fiscal Autónomo en un informe preliminar. Las múltiples bondades del FES que el ministro enuncia dependen de supuestos sobre el mercado del trabajo, el crecimiento de los salarios, la capacidad de recaudación, la formalidad, entre otros. Estos riesgos no han sido transparentemente simulados. Si algo sale mal, habrá que pagar con gasto corriente o deuda. Pero al menos hay un reconocimiento explícito de ciertas características del proyecto que se han tratado de obviar. Se dice, al fin, que el proyecto elimina las becas de arancel, una forma de valoración del mérito académico que, de suprimirse, afectaría principalmente a las mujeres. Asimismo, se deja claro que la gratuidad de la educación superior, una política íntimamente identificada con nuestras autoridades actuales, nunca fue sostenible fiscalmente, por lo que ellos mismos hoy bregan por detenerla. DANIEL RODRÍGUEZ Director ejecutivo Acción Educar