Proteger mejor al medio ambiente y acelerar los permisos
Proteger mejor al medio ambiente y acelerar los permisos Coincidimos con las necesidades que justifican el proyecto de ley que busca fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar su eficiencia, centrado en reformar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Estas son la necesidad de robustecer los instrumentos de gestión ambiental, de profundizar la participación ciudadana, y de otorgar mayores certezas y disminuir los plazos de tramitación de los proyectos de inversión. También concordamos con algunos contenidos fundamentales de esta iniciativa de reforma al SEIA.
Entre otros, con el fin de reducir el componente político en la calificación de proyectos, el reemplazo de las comisiones de Evaluación Ambiental por las direcciones regionales del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la sustitución del Comité de Ministros por la Dirección Ejecutiva del SEA como instancia recursiva, así como la unificación de los recursos administrativos dentro del proceso de evaluación. Asimismo, coincidimos con que se entregue a este Servicio la rectoría técnica respecto de los Organismos de la Administración del Estado con Competencias Ambientales. No obstante lo anterior, para que esta reforma al SEIA realmente logre fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar su eficiencia, se deben complementar y enmendar algunas normas del texto propuesto por el Ejecutivo.
En efecto, al conducir esta reforma a que prácticamente todo el proceso de evaluación ambiental quede en manos del SEA, resulta necesario que la jefatura de este servicio, en vez de seguir siendo unipersonal --a cargo del director ejecutivo--, pase a ser ejercida por un consejo colegiado. Esto le conferirá mayor estabilidad institucional e independencia de los ciclos políticos, reforzando su capacidad de rectoría técnica. Varias organizaciones hemos hecho propuestas en este sentido.
Asimismo, estimamos necesario acotar el alcance de la evaluación de los impactos sinérgicos de los proyectos, otorgar mayor certeza a la regulación de las declaraciones juradas que reemplazarían a las consultas de pertinencia e introducir a la participación ciudadana temprana elementos que impliquen un real aporte a la posterior evaluación en el SEIA. Aprovechando el impulso legislativo, consideramos necesario hacerse cargo de la permanente adaptación que van requiriendo los proyectos de inversión en ejecución, que ya fueron evaluados ambientalmente. Para esto, podría considerarse una mayor racionalización de las tipologías de ingreso al SEIA o bien desarrollar mecanismos más acotados de evaluación.
Reconocer que los proyectos evaluados requieren flexibilidad para adaptarse a condiciones cambiantes, muchas veces derivadas de innovaciones tecnológicas o de características de emplazamiento, es imperativo, no solo para la etapa de evaluación, sino también para la fiscalización posterior. Finalmente, varias asociaciones hemos sostenido que alterar para materias medioambientales la regla general sobre carga de la prueba, como propone esta iniciativa legal, incentivaría la presentación de demandas sin mayor justificación. Por esto, hemos sugerido como alternativa que órganos públicos especializados apoyen a las comunidades con antecedentes y estudios. Debe recordarse que el Ministerio de Economía está impulsando un proyecto de ley que establece una ley marco de autorizaciones sectoriales, iniciativa inédita para racionalizar permisos, cuyos contenidos resultan acertados.
Este proyecto, junto al que acabamos de comentar, así como con varias iniciativas reglamentarias, administrativas y financieras, tienen como objetivo reducir en un tercio los tiempos de tramitación de los permisos, tal como se comprometió el Ejecutivo en el caso de los proyectos mineros, durante la tramitación del nuevo royalty minero. Para el logro de lo anterior, resulta esencial que cada componente de este paquete de medidas cumpla con sus respectivos objetivos.
La reforma al SEIA se encuentra actualmente en primer trámite constitucional en el Senado, habiéndose abierto en su comisión de Medio Ambiente un plazo hasta el 12 de este mes de julio para que el Ejecutivo y los senadores presenten indicaciones. Este es "el" momento para introducir las modificaciones adecuadas, que habiliten a Chile para proteger mejor el medio ambiente y acelerar los permisos a los proyectos de inversión. Creemos que esto nos podrá permitir ir recuperando los niveles de competitividad y crecimiento perdidos y, esperamos, dar pronto el ansiado salto al desarrollo.
Proteger mejor al medio ambiente y acelerar los permisos "... alterar para materias medioambientales la regla general sobre carga de la prueba, como propone esta iniciativa legal, incentivaría la presentación de demandas sin mayor justificación... ". CARLOS URENDA ALDUNATE Gerente general Consejo Minero.