Autor: EQUIPO EL DÍA Región de Coquimbo

Presunta red de corrupción: se querellan contra exliquidador de Minera Tres Valles
Presunta red de corrupción: se querellan contra exliquidador de Minera Tres Valles La Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SUPERIR) presentó una querella, ingresada ante el 40 Juzgado de Garantía de Santiago, en la que imputa una serie de delitos como otorgamiento de ventajas indebidas, negociación incompatible y cohecho, en contra del exliquidador de Minera Tres Valles SpA, en el marco de un proceso concursal que involucró activos mineros estratégicos ubicados en la provincia del Choapa. El origen del caso se remonta a febrero de 2023, cuando la justicia decretó la liquidación de Minera Tres Valles tras el fracaso de su proceso de reorganización. En ese contexto, Tomás Andrews fue designado liquidador, asumiendo el control total de los bienes de la empresa, incluyendo yacimientos, plantas y maquinaria. Durante el proceso, los acreedores acordaron mantener en funcionamiento la minera por un período limitado, lo que generó costos operacionales que debían ser cubiertos por el futuro comprador de la unidad económica.
Tras varios intentos fallidos de venta con precios iniciales que superaban los $40 mil millones -, en noviembre de 2024 se aprobó rebajar el valor mínimo a poco más de $12 mil millones, menos de un tercio del valor original. Finalmente, en diciembre de ese año, la unidad económica fue adjudicada sin competencia a la empresa Compañía Minera Tres Valles SpA (CMTV), representada por la abogada María Eugenia Sabbagh.
INCUMPLIMIENTOS Y DECISIONES CONTROVERTIDAS Según la querella, el proceso de venta estuvo marcado por una serie de irregularidades, entre ellas, que la empresa adjudicataria no habría cumplido con una condición esencial: financiar el déficit operacional de la minera durante el período previo a la compra. Asimismo, el propio liquidador reconoció ante los acreedores que "no se ha pagado ningún peso" por ese concepto. Pese a ello, se avanzó igualmente en la firma de la compraventa. En paralelo, existía una oferta alternativa de la firma internacional Thomson & French por cerca de US$75 millones, muy superior al precio adjudicado. Sin embargo, esta opción no fue debidamente considerada ni sometida a decisión de los acreedores. Para la SUPERIR, estas decisiones VALE BIENVENIDOS PROYECTO TRES VALLES INGRESO AREA DE FAENA Uso obligatorio de elementos dil de proteccion personal evidencian una gestión que no resguardo el interés colectivo de los acreedores. PAGO DE $544 MILLONES BAJO SOSPECHA El eje central de la querella apunta a un pago de $544.190.770 recibido por el liquidador como supuesto aumento de honorarios. Este incremento fue aprobado únicamente con el voto de CMTV y no habría sido debidamente discutido ni votado por el resto de los acreedores. Además fue pagado justo después de la firma de la compraventa. Por otro lado, el dinero fue canalizado a través de una sociedad vinculada al liquidador, lo que está expresamente prohibido por la normativa concursal. Según la SUPERIR, este pago no sería un honorario legítimo, sino un "beneficio económico indebido" asociado a la concreción de la venta en condiciones favorables para el comprador. La querella también pone énfasis en un eventual conflicto de interés: CMTV era simultáneamente acreedor, comprador y deudor de la masa concursal. Aun así, votó el aumento de honorarios del liquidador. Junto con lo anterior no se dejó constancia de abstenciones ni de oposición de otros acreedores.
REMOCIÓN DEL LIQUIDADOR Y NUEVAS OBJECIONES Como era de esperar, las tensiones escalaron hasta que, en junio de 2025, la Junta de Acreedores decidió remover a Tomás Andrews de su cargo, tras los cuestionamientos por la venta de la unidad económica, la existencia de una oferta superior no considerada y el pago de honorarios adicionales. Posteriormente, su gestión fue objetada formalmente tanto por la SUPERIR como por acreedores y el nuevo liquidador.
INVESTIGACIÓN PENAL Y DILIGENCIAS En la querella, la superintendencia solicita investigar la existencia de eventuales delitos de corrupción en el proceso concursal, determinar responsabilidades penales del liquidador y de terceros involucrados, e indagar un eventual delito de obstrucción a la investigación, debido a la desaparición de registros audiovisuales de juntas de acreedores. Además, se busca establecer si el liquidador actuó como funcionario público para efectos penales, lo que permitiría configurar delitos como cohecho. En este contexto, para la SUPERIR, este caso no solo afecta a los acreedores de una empresa minera, sino que compromete la confianza en todo el sistema concursal. En la querella se sostiene que lo ocurrido representa "un torcido ejercicio de una función pública", donde el liquidador habría dejado de actuar como garante del interés colectivo para favorecer intereses particulares. La investigación ahora queda en manos del Ministerio Público, que deberá esclarecer si las decisiones adoptadas en la liquidación de Minera Tres Valles constituyen delitos o simples irregularidades administrativas.
CMTV REAFIRMA LEGÍTIMA COMPRA A través de una declaración pública, la Compañía Minera Tres Valles (CMTV) ratificó ante la junta extraordinaria de acreedores la "absoluta legitimidad" de la adquisición de la unidad económica, un proceso validado por los propios intervinientes.
Respecto a los montos que han sido cuestionados, aclararon que "corresponden exclusivamente a honorarios permitidos y pactados con antelación, cuyo pago constituyó el estricto cumplimiento de una obligación contractual, cuya omisión habría expuesto a la firma a demandas". "Asimismo, la compañía lamentó la evidente falta de imparcialidad de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SUPERIR), la cual ha asumido como cierta la tesis de una de las partes fundamentando su acción en hechos flagrantemente falsos y negándose a recibir nuestros antecedentes tras rechazar tres solicitudes de audiencia", recalcan.
Asimismo, a través de los abogados Francisco Aninat y César Ramos, la CMTV aclaró que es solo un testigo en la querella contra el exliquidador, figura de la cual toma distancia, y que responderá punto a punto a la contraparte en la sede judicial correspondiente.
Sobre este aspecto, la compañía advierte sobre las verdaderas motivaciones detrás de esta ofensiva judicial. 'Las acciones del fondo Kimura no responden a los intereses legítimos de un acreedor, sino que responden a los intereses de Quintar Capital, su firma controladora con sede en Hong Kong, con el fin de anular el remate legal y forzar la entrada de Thompson & French, una sociedad vinculada a capitales de origen ruso y ucraniano", se señala en la declaración. Autor: EQUIPO EL DÍA Región de Coquimbo.
La demanda presentada por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SUPERIR) da cuenta de un complejo entramado de decisiones cuestionadas en el proceso de liquidación de la minera, poniendo en el centro al exliquidador concursal, Tomás Andrews, a quien se le acusa de haber favorecido de manera indebida a un acreedor-adjudicatario en desmedro del resto. Desde la compañía minera reafirmaron que la compra era legítima. INÉDITA ACCIÓN JUDICIAL CEDIDA A través de un comunicado, la Compañía Minera Tres Valles lamentó la "evidente falta de imparcialidad" de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.