Posible discriminación: Los pros y contras de la Suprema a proyecto que limita irreprochable conducta de extranjeros
Posible discriminación: Los pros y contras de la Suprema a proyecto que limita irreprochable conducta de extranjeros A petición del presidente del Senado, José García Ruminot, el Pleno de la Corte Suprema analizó el proyecto de ley presentado por senadores de sectores transversales, que busca modificar la aplicación de la circunstancia atenuante de irreprochable conducta anterior, especialmente respecto de extranjeros que cometan delitos en Chile.
En específico, la iniciativa, en primer trámite constitucional, plantea que "en el caso de personas de nacionalidad extranjera, cualquiera sea su situación migratoria, el tribunal no podrá reconocer la atenuante de irreprochable conducta anterior si no se hubiere acreditado, mediante incorporación del respectivo registro de condenas, que la persona no ha sido condenada por algún delito en su país de origen". Como argumento para lo anterior, los autores de la iniciativa --senadoras Luz Ebensperger (UDI), María José Gatica (RN), Paulina Núñez (RN), Ximena Rincón (Demócratas) y el senador Gastón Saavedra (PS)-apuntan a la crisis de seguridad que afecta al país, señalando que en Chile "se están dando condiciones que a ellos (crimen organizado) les favorecen para poder ampliar su actividad criminal". "Desafíos operativos significativos" El pasado 5 de junio, el máximo tribunal emitió un informe respecto de la iniciativa, donde consignan que si bien la propuesta "tiene la intención de ajustar el sistema a la realidad de la justicia criminal actual, también plantea serios interrogantes sobre los principios de no discriminación y proporcionalidad, así como desafíos operativos significativos derivados de la verificación de antecedentes penales internacionales". En esta línea, añaden que aunque la iniciativa "podría facilitar una aplicación más rigurosa de la ley, suscita preocupaciones sobre su implementación práctica y las potenciales implicancias en derechos fundamentales". Junto con esto, el Pleno advierte que "la dependencia de registros penales extranjeros, que pueden ser incompletos o inaccesibles, podría introducir un elemento de incertidumbre en el proceso penal, afectando la justicia del mismo". Así, acotan que en el sistema punitivo actual opera el principio de inocencia y el principio de objetividad del Ministerio Público, "por lo que una vez iniciada la investigación en contra de un imputado, su defensa puede requerir al Ministerio Público que recabe los antecedentes relativos al registro oficial de condenas previas en el país de origen, con el fin de demostrar la ausencia de antecedentes criminales fuera del territorio nacional, para luego aportar la información en el curso del juicio oral y/o procedimiento abreviado, sin perjuicio de que este procede de propia iniciativa.
De no obtenerse respuesta una vez requerida la autoridad extranjera, el juez tendrá que resolver conforme a la normativa actualmente vigente, teniendo presente los principios que inspiran el procedimiento penal". En conclusión, los magistrados sostienen que sería importante que los autores de la iniciativa "realicen ajustes para asegurar que las modificaciones propuestas no solo cumplan con los objetivos de justicia y seguridad, sino que también respeten los estándares legales actuales sobre la materia, y la plena vigencia de los principios de equidad y no discriminación arbitraria". Inexistencia de mecanismos Sobre la iniciativa y las conclusiones del máximo tribunal, Pía Greene, exjefa de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior entre 2018 y 2020, sostiene que "me parece adecuado que se busquen nuevos mecanismos para enfrentar la crisis de seguridad que se está viviendo, sobre todo porque esta gran inmigración que estamos teniendo hoy día, que está desordenada y es ilegal, también trae nuevas formas de criminalidad al país, y eso está súper comprobado y lo estamos viendo en el día a día". En esta línea, y aunque reitera que "el espíritu me parece adecuado", apunta que está de acuerdo con lo planteado por la Corte Suprema. "Nosotros, actualmente, ¿tenemos acceso a registros actualizados, ciertos, y totalmente accesibles, completos, respecto de esto? Porque si no tenemos un sistema en línea, donde estén los acuerdos de cooperación; los mecanismos; las responsabilidades de cada país; la forma de hacerlo; los responsables de esta información, no tenemos cómo comprobar esto, y sí se pasa a una forma de discriminación, y peor aún, puede atentar en contra de la presunción de inocencia de una persona", sostiene.
Advierten "injusticia" con infractores chilenos Por su parte, Fiorella Romanini, abogada integrante del equipo legislativo de Libertad y Desarrollo (LyD), señala que "una legislación que supone la ausencia de una atenuante por falta de información no parece adecuada, pero el proyecto tampoco restringe que se pruebe la irreprochable conducta anterior por parte de la defensa". No obstante, agrega que, "con todo, el peor ciego es el que no quiere ver que en Chile se juzgan personas respecto a las cuales no se conoce su prontuario criminal y se les beneficia con la irreprochable conducta anterior". Así, advierte que en la práctica se da otra injusticia: "El infractor de ley chileno es juzgado de forma más dura que el extranjero, pues se conocen sus condenas previas.
En cambio, un extranjero cuyo país no cumple con la entrega de antecedentes judiciales se ve beneficiado por una atenuante que quizás no le correspondería". La abogada dice compartir las preocupaciones de la Suprema, y agrega que "si se quiere avanzar en una medida de este tipo, debería ser con la mira en mejorar los acuerdos para la entrega de antecedentes penales de extranjeros, para efectos de que sean usados solo en casos extraordinarios en que el tribunal no haya podido acceder a la información". Iniciativa plantea que no se aplique atenuante sin acreditación de condenas en país de origen Posible discriminación: Los pros y contras de la Suprema a proyecto que limita irreprochable conducta de extranjeros OLIVER RODRÍGUEZ G.
Si bien señalan que la norma "podría facilitar una aplicación más rigurosa de la ley" y valoran su intención ante la crisis de seguridad, afirman que los registros internacionales pueden ser "incompletos e inaccesibles". A petición de la presidencia del Senado, el Pleno del máximo tribunal analizó el proyecto y emitió su informe esta semana. ATON TRÁMITE El proyecto fue presentado por senadores de oposición y oficialismo y está en primer trámite constitucional..