Regulación de la zona costera
Regulación de la zona costera El ministro de Hacienda, junto a las ministras de Bienes Nacionales y de Cultura, y a las subsecretarías del Patrimonio Cultural y de Hacienda, respectivamente, anunció una indicación sustitutiva al proyecto de ley de concesiones marítimas. En cuanto a su contenido, la propuesta consiste específicamente en traspasar la administración de estos permisos desde la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar) al Ministerio de Bienes Nacionales.
Su objetivo es agilizar los trámites y reducir los tiempos de espera, algo urgente y necesario. ¿Es lo más óptimo? Lo veremos. ¿El Ministerio de Bienes Nacionales cuenta con las capacidades técnicas y la experiencia para hacerse cargo? Por el momento, no. Actualmente, obtener una concesión marítima puede tomar hasta cuatro años, lo que afecta directamente a sectores clave de la economía. Este retraso desalienta la inversión y frena el desarrollo económico. El Gobierno busca cambiar esto, centralizando la administración en un solo ministerio para simplificar el proceso y evitar duplicidades que causan demoras. Sin embargo, el problema no es únicamente la burocracia. La falta de recursos es una barrera significativa. Actualmente, el sistema de concesiones marítimas carece de personal especializado suficiente y de la digitalización que podría acelerar los procesos. En un mundo donde la tecnología debe facilitar la gestión, el sistema actual parece estar al margen de ello. Sin modernización, es difícil que las cosas mejoren. Además, la gestión de la zona costera está inmersa en un complejo entramado normativo.
Las tensiones entre el desarrollo económico, la protección ambiental y los derechos ancestrales crean un escenario donde las concesiones enfrentan conflictos que no siempre tien e n s o l u c i ó n r á p i d a. R e s o l v e r e s t a s dificultades es crucial si se pretende avanzar hacia un sistema más ágil y efectivo. Ante la propuesta del Ejecutivo, surgen dudas sobre si el traspaso de competencias al Ministerio de Bienes Nacionales es la solución adecuada. Directemar ha gestionado estas concesiones durante años, con la experiencia y los recursos, aunque no siempre suficientes, para realizar estudios técnicos fundamentales. Directemar no solo otorga las concesiones, sino que también supervisa su cumplimiento. Con el traspaso de responsabilidades, existe el riesgo de que se pierda esa capacidad de control. Bienes Nacionales tendría que adquirir experiencia en áreas donde aún no ha demostrado capacidad. La incertidumbre sobre cómo se gestionará el cambio y los posibles retrasos durante el proceso de implementación podrían disuadir a inversionistas. Sectores como la salmonicultura y las energías renovables necesitan estabilidad y certidumbre en los plazos.
Y, quizás, por lo mismo, el Ejecutivo anunció que el proyecto se enmarcará dentro del Pacto Fiscal, particularmente en las medidas de impulso al crecimiento, con las que se espera contribuir a la disminución de un 30% en los plazos de tramitación para permisos de inversión. En tanto, el ministro Marcel anunció la intención de presentar la indicación sustitutiva a un proyecto de ley que aún no se aprueba en general por la comisión de Medioambiente y Bienes Nacionales del Senado. Para que se pueda presentar dicha indicación, la iniciativa debe estar en discusión en particular, lo que no es el caso.
En un intento por facilitar el proceso, se solicitó en dos ocasiones a la sala del Senado que autorizara a la comisión de Medioambiente y Bienes Nacionales discutir el proyecto en general y en particular, de forma simultánea. Sin embargo, tanto senadores del oficialismo como de oposición negaron la unanimidad requerida. Finalmente, en un tercer intento se logró el acuerdo del Senado para que la discusión fuera en general y particular y, así, facilitar el ingreso de la indicación sustitutiva. Este episodio ha generado preocupación sobre la coordinación y planificación del Ejecutivo.
Si problemas de este tipo surgen en etapas tan tempranas, ¿qué se puede esperar para el resto del proceso de discusión en la comisión? A pesar de las vicisitudes, la reforma sigue siendo una oportunidad para modernizar un sistema que, durante años, ha mostrado signos de agotamiento, pero para que sea efectiva, es esencial que el ministerio de Bienes Nacionales reciba los recursos necesarios para asumir esta nueva responsabilidad. Hay una oportunidad de oro para mejorar la gestión de nuestras costas y fomentar un desarrollo más sostenible. Con voluntad política podemos transformar un sistema lento y burocrático en uno ágil y efectivo. El éxito de esta iniciativa dependerá, en última instancia, de la capacidad del Gobierno para escuchar y adaptar su proyecto a las realidades que le presenten todos los actores que participarán de la discusión.
Regulación de la zona costera "... las tensiones entre el desarrollo económico, la protección ambiental y los derechos ancestrales crean un escenario donde las concesiones enfrentan conflictos que no siempre tienen solución rápida... ". SERGIO GAHONA Senador, presidente de la comisión de Medioambiente y Bienes Nacionales..