Siete claves para entender el caso Democracia Viva de Antofagasta y sus aristas en Atacama, el Maule y Los Lagos
Desde que comenzó la polémica por los convenios para efectuar trabajos relacionados con la erradicación de campamentos firmados por la fundación Democracia Viva, representada por Daniel Andrade, expareja de la diputada Catalina Pérez, y el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, se han abierto investigacione penales en otras tres regiones del país.
En este caso --que se conoció públicamente a mediados de junio-todos los involucrados son o eran militantes de Revolución Democrática (RD), pero con el paso de los días han surgido personas involucradas con otras afinidades políticas, aunque todas de izquierda o centro izquierda.
La causa que ha tenido más repercusiones es la de Democracia Viva, por ser la primera y porque, a la fecha, presenta la mayor cantidad de anomalías. por ejemplo, se cuestiona la fecha de su constitución, en febrero de 2022, un mes antes que asumiera el actual Gobierno; por quiénes fueron los suscriptores de los convenios y porque el monto rendido, sería del 3%, según dijo el propio ministro de Vivienda, Carlos Montes. Así, tanto Andrade como Contreras fueron expulsados de su partido, mientras que Pérez suspendió su vicepresidencia en la Cámara y desde ayer está con licencia médica.
En el mismo contexto, el Ejecutivo le pidió la renuncia a la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Tatiana Rojas (RD), al confirmarse que había sido advertida a inicios de mayo de los millonarios acuerdos firmados en Antofagasta y de los que no informó al ministerio.
Como consecuencia, en las últimas semanas se instaló en la cartera un equipo para revisar este y otros convenios cuestionados, como los del Maule, donde, además, ayer se abrió un sumario al seremi Rodrigo Hernández (RD), quien se habría inhabilitado un día después de la asignación de los fondos a una organización, Urbanismo Social, en la que trabajó por más de cinco años antes de llegar al Gobierno. También se iniciaron indagatorias en Atacama --tras la denuncia de la diputada RN Sofía Cid-y en Los Lagos, de oficio.
En el primer caso se investiga el traspaso de recursos públicos que efectuó la seremi Rocío Díaz (RD) a la fundación Comprometidos, ligada al PRO, para la ejecución de un plan piloto destinado a entregar agua potable en camiones aljibe a cuatro campamentos de Copiapó; mientras que en Los Lagos la fiscalía indaga transferencias de dinero desde la gobernación regional (Gore) a las organizaciones Chinquihue --presidida por el gobernador regional Patricio Vallespín (ex DC), quien descartó irregularidades--, Participa --vinculada con el excandidato a concejal por el PPD Daniel Ibáñez-y Kimün --que se asocia al excandidato presidencial por la extinta Lista del Pueblo, Diego Ancalao--. Asignación directa de fondos.
Las cuatro causas --Antofagasta, el Maule, Los Lagos y Atacama, conforme fueron abriéndose-tienen en común que la entrega de recursos públicos se realizó mediante convenios y, en varios casos, se ha confirmado que fue vía asignación directa. Pese a que la norma general obliga a que todas las transferencias que realice el Estado al sector privado sean concursables, hay excepciones ante situaciones que lo ameriten, como las emergencias. Vinculación a partidos políticos. También hay similitudes en el hecho de que la fundación o corporación, en cada caso, tiene vinculaciones con algún partido político, por ahora, de izquierda o centro izquierda. A la fecha se han detectado entidades ligadas, además de a RD --uno de los principales bloques de apoyo del Presidente Gabriel Boric--, al PPD, el PRO, la extinta Lista del Pueblo y la DC. Diligencias, allanamientos e incautaciones. Solo en el caso de Democracia Viva se han realizado allanamientos a domicilios relacionados con la fundación o los imputados Andrade y Contreras. Ellos ocurrieron tanto en Antofagasta como en Santiago y se incautaron teléfonos celulares, computadores y documentación. En los restantes casos, de momento, se han realizados requerimientos de información a las reparticiones públicas involucradas, como seremis y gobiernos regionales, entre otros. Montos comprometidos. El total de dinero comprometido sería de $5 mil millones.
Respecto de Democracia Viva, el monto asciende a $426 millones, mientras que en el Maule bordea los $600 millones, en Los Lagos --donde se indaga a tres entidades-suman casi $4 mil millones y en Atacama es de alrededor de $200 millones. Delito común entre los casos. El principal delito que se investiga es el de fraude al fisco, sin perjuicio de otros que pudieran ir apareciendo conforme avancen las pesquisas, como malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Paralelamente, la Contraloría decidió suspender la toma de razón de las transferencias que se hacen a fundaciones o corporaciones desde el Estado y que pasan por su aprobación, mientras se aclara la situación. Realización o no de trabajos. El Ministerio Público busca determinar si los fondos públicos entregados mediante convenios a las organizaciones involucradas acabaron convirtiéndose en trabajos realizados en beneficio de la comunidad, como se acordó en el convenio entre las partes. También por qué en algunos de estos casos la entidad cambió de giro durante las transferencias de dinero. En Atacama, por ejemplo, Comprometidos modificó su giro del rubro veterinario y de producción de películas agregando "actividades de asistencia social, sin alojamiento" y "Fundación y corporaciones", según información del SII. Estado de la causa. Actualmente, todas están desformalizadas, es decir, las personas indagadas no han comparecido ante los tribunales de justicia para que la fiscalía les comunique por qué hechos las está investigando. Sin embargo, ya hay una serie de querellas en el caso de Antofagasta --de Republicanos, UDI, RN y la propia RD-y eventualmente estas acciones se ampliarán a las restantes causas. La Fiscalía del Maule, además, decidió traspasar el caso detectado en esa región a su par de Antofagasta, al advertir la existencia de antecedentes que permitirían presumir la vinculación entre los hechos.
Anoche, en tanto, el fiscal nacional Ángel Valencia informó, mediante un comunicado, que no asumirá la dirección de la arista en Antofagasta, como habían solicitado RN, el Partido Republicano y Demócratas, al considerar que actualmente no se dan las circunstancias que justifiquen su intervención directa.
Aunque no descartó la posibilidad de que se tome otra decisión en el futuro, "basada en nuevos antecedentes o circunstancias que puedan surgir durante el transcurso de la investigación". A la fecha, son seis las fundaciones cuestionadas, la mayoría con convenios de trato directo: Siete claves para entender el caso Democracia Viva de Antofagasta y sus aristas en Atacama, el Maule y Los Lagos A. ZÚÑIGA Tras conocerse el primer caso que involucra a militantes de RD, la fiscalía ha ido detectando irregularidades en organizaciones de otras regiones, que podrían constituir fraude al fisco. La Fundación Democracia Viva recibió $426 millones por convenios firmados entre su representante y el exseremi de Vivienda de Antofagasta, ambos militantes de Revolución Democrática. CLAUDIO CORTES En el Maule se cuestiona la asignación de fondos a Urbanismo Social, donde trabajó el seremi de Vivienda.
Tras la denuncia de una diputada RN, la fiscalía investiga a la fundación Comprometidos, ligada al PRO. 1 2 3 4 5 6 7 Siete claves para entender el caso Democracia Viva de Antofagasta y sus aristas en Atacama, el Maule y Los Lagos.