LA INCREÍBLE HISTORIA de dos décadas en busca de la extradición de Apablaza
LA INCREÍBLE HISTORIA de dos décadas en busca de la extradición de Apablaza ¡ Quieto, levantá las manos, no te movás! ¿Andás armado? ¡ Busquen el fierro! Así comenzó la historia de la extradición de Galvarino Apablaza, el 29 de noviembre de 2004, cuando lo detuvo la policía trasandina. Desde abril de 1991, cuando asesinaron al senador y fundador de la UDI Jaime Guzmán, la justicia desconocía su paradero. Ese 29 de noviembre el “comandante Salvador” viajaba por la Ruta 7 del Gran Buenos Aires, en su camioneta Pathfinder, mientras comenzaba a oscurecer. Repentinamente se le cruzó un vehículo. Acostumbrado a estar alerta durante su larga clandestinidad, inmediatamente intentó escapar. Al hacerlo chocó a dos vehículos que estaban detrás. Acto seguido se vio rodeado de policías en tenida de combate. Lo apuntaron, lo esposaron y lo sacaron del vehículo. Tenés lindos perros y están adiestrados. ¿Y las cámaras de seguridad funcionan?, le preguntaron. Se dio cuenta de que conocían bien su parcela, donde ladraban cuatro perros pastores alemanes. Los hombres habían estado vigilando su casa. La “Operación Cordillera”, que venía gestándose desde hacía seis meses entre detectives chilenos y argentinos había tenido éxito. Con ese acto, Galvarino Apablaza dejó de ser Héctor Mondaca, su “chapa” en el país trasandino durante los ocho años que residía ahí.
En una quinta ubicada en la localidad de Moreno, a 40 kilómetros del Obelisco de Buenos Aires, llevaba una vida completamente simulada, haciendo pitutos como técnico en computación, plantando tomates y llevando a sus hijos al colegio. Era la misma dirección que dio cuando le comunicaron hace unos 20 días que el refugio político que le habían concedido se había terminado.
Después de 21 años y cuatro meses en que Chile tomó como razón de Estado conseguir la extradición de Apablaza para que respondiera por el homicidio del senador Jaime Guzmán, cometido en democracia el 1 de abril de 1991, recién comenzó el principio del fin del cumplimiento de la misión. Ese 2004 el gobierno de Ricardo Lagos contrató al abogado argentino Gustavo Gené cuando el panorama se puso oscuro para la consecución del objetivo.
Gené continuó en dos gobiernos de Bachelet, dos de Piñera, uno de Boric y unos días de José Antonio Kast, donde las cosas no fluyeron tan rápido como se esperaba, pese a la simpatía que hoy reina entre los presidentes de Chile y Argentina.
Como dice Gené, “desde el punto de vista legal, Apablaza está en condiciones de ser extraditado”. Pero al cierre de este despacho faltaba que el juez federal en lo penal Ariel Lijo le diera firma al escrito. Mientras, la defensa del líder del FPMR aseguraba que su representado tenía al menos cuatro enfermedades, como un último resquicio No le quedaban más recursos que presentar.
OCUPACIÓN, REVOLUCIONARIO Ese día que ante la policía recobró su identidad, Apablaza tenía 54 años y cuando le preguntaron cuál era su ocupación, dijo: “Revolucionario”. A la revista Punto Final le contaría más tarde en detalle lo que pasó entonces.
En ese medio tenía un contacto muy especial: su mujer, la periodista chilena Paula Chahín Ananías, quien, paradójicamente, ha trabajado en la Secretaría de Medios de la Casa Rosada durante los gobiernos de Cristina Fernández, Mauricio Macri y Javier Milei.
Después de pernoctar en la Unidad Antiterrorista, al día siguiente compareció ante el juez Claudio Bonadío, quien lo dejó en prisión preventiva a solicitud de Chile, que lo acusó como autor intelectual del crimen del senador Jaime Guzmán. A partir de ese momento, la justicia chilena tuvo 60 días para hacer efectivo el pedido de extradición. Los abogados chilenos Carlos Margotta (exrector de la Universidad Arcis y de la comisión de Derechos Humanos) y Hugo Gutiérrez (comunista, exdiputado) se trasladaron de inmediato a Buenos Aires a apoyar a Apablaza. Mientras, en Santiago, el juez Hugo Dolmestch solicitó su extradición el 1 de diciembre de 2004.
Pero cuando la Cancillería chilena oficializó el pedido de extradición, en enero de 2005, la defensa de Apablaza ya había hecho los trámites para el refugio político, alegando que en su país lo perseguían y que en Chile no había Estado de Derecho. El juez Claudio Bonadío rechazó el 4 de julio de 2005 la extradición. Apablaza quedó libre y anunció que conseguir el refugio en Argentina sería su gran arma. El gobierno de Chile tenía cinco días para apelar. En una verdadera batalla contra el tiempo, el abogado Gustavo Gené, representando a Chile, llegó días después a la Corte Suprema argentina con un escrito de 150 páginas, buscando revertir el fallo. Dos años tardó la Suprema trasandina en analizar la apelación chilena, justo coincidiendo con el fin del gobierno de Néstor Kirchner, tiempo en el cual Apablaza se sintió protegido y confiado en Argentina.
Y llegó Cristina Fernández de Kirchner a asumir el cargo y las cosas siguieron mejorando para él, porque el gobierno de la mujer de Néstor contrató a la mujer de Apablaza, la periodista Paula Chahín, en la Secretaría de Medios de la Nación, que tiene sede en la Casa Rosada, donde se ha mantenido desde entonces. En 2010, la Corte Suprema argentina le otorgó la extradición a Chile para que Apablaza regresara al país a enfrentar la justicia por los crímenes terroristas. Pero, de acuerdo a las leyes trasandinas, quedaba una instancia: El mandatario en este caso la presidenta Cristina Fernández tenía dos opciones, decir que apoya a la extradición o bien quedarse callado. Hábilmente, Cristina no dijo ni sí ni no; solo recordó que estaba pendiente la decisión de la Conare y que, si ese órgano le otorgaba el refugio, se imposibilitaba la extradición. Había un dato clave: quienes integran la Conare son ministros del gobierno. Así fue como Cristina habría presionado a sus ministros para que le otorgaran oficialmente asilo a Apablaza, impidiendo que se concretara la decisión de la Corte Suprema argentina. Cuando Cristina se encontraba en Chile invitada por el Presidente Piñera a la celebración del Bicentenario, este le pidió que rechazara el asilo de Apablaza, para que se diera curso a la extradición.
Ella respondió en forma enigmática, pero reveladora: “Hay que respetar los convenios internacionales y las leyes”. Así operó la política de Cristina Fernández y la Conare le dio refugio al líder del FPMR, impidiendo su extradición. SIN REFUGIO, CON MACRI PRESIDENTE Pasaron 7 años.
Bajo el gobierno de Mauricio Macri, la Conare le quitó el refugio a Apablaza basado en dos hechos, según precisa el abogado Pablo Toloza, quien fue contratado por la UDI y por la familia de Guzmán, en reemplazo de Luis Hermosilla. El primer hecho en contra del refugio de Apablaza, según explicó Toloza, fue que el guerrillero solicitó y percibió beneficios económicos del Estado de Chile al amparo del último informe Valech.
Y el segundo fue que pidió la renovación de los pasaportes de su mujer y de sus tres hijos. ¿Cómo a un perseguido político el Estado le daba mesada y renovaba pasaportes para su familia? “Con esos hechos, Apablaza estaba reconociendo el Estado de Derecho en Chile”, dice Toloza, y por ello la Conare le revocó el refugio. La defensa de Apablaza interpuso distintos recursos, pero estos fueron rechazados. El último, en 2023. Al presidente de la Fundación Jaime Guzmán y exministro Hernán Larraín le correspondió enfrentar la extradición de Mauricio Hernández Norambuena. “Aquí la diferencia es que Apablaza no está condenado. Por eso tiene que enfrentar la justicia.
En Chile hay justicia y los tribunales determinarán cuál es su futuro”. No teniendo Apablaza ahora la calidad de refugiado, solo faltaba que el Presidente Milei la respaldara en forma expresa, diciendo sí, o en forma tácita, guardando silencio. El plazo venció el jueves a las 9:30 horas y Argentina la respaldó. Desde ese momento, la ministra Paola Plaza espera que en cualquier momento le avisen que Galvarino Apablaza ya está en Chile. Entonces lo llevarán ante su presencia para que ella inicie el juicio esperado. LO QUE LO INCULPA Aunque Apablaza intentó lavarse las manos sobre el homicidio de EFE Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards, sus propias palabras lo dejaron en abierta contradicción. En marzo de 2005 dijo al periódico argentino Página 12: “Me inculpan por la responsabilidad política que suponen que yo tenía respecto de quienes actuaron en estos hechos.
Pero ambos casos se dan justamente en el proceso de discusión interna del FPMR provocado por la salida de Pinochet del gobierno en 1990, donde algunos comandantes planteaban la continuidad de la lucha armada y otros apostábamos a la transformación del aparato militar en una fuerza política y social”. Fue lo opuesto a lo que afirmó en la entrevista que dio en El Rodriguista, órgano oficial del FPMR, en su edición del 14 de diciembre de 1992, casi un año después del homicidio de Jaime Guzmán.
“Hoy reivindicamos el hecho en términos totales y absolutos (... ). Las versiones de que supuestos miembros de la Dirección no estuvieron de acuerdo con la acción nada tienen que ver con la verdad”. En la entrevista, que la otorgó junto al Chele, el segundo hombre a la cabeza del FPMR, les preguntaron directamente: ¿ Cuál fue la participación de Salvador en dicha decisión?, pues se ha dicho que no estaba en Chile. A lo que él y el Chele respondieron: Su participación fue en correspondencia con la responsabilidad que detenta dentro de la organización. En 1991, cuando el FPMR asesinó al senador y secuestró a Edwards, Galvarino Apablaza era el jefe máximo de la Dirección Nacional del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
Lo llamaban “comandante Salvador”. Ahora le toca responder ante la justicia chilena, en un momento especial: a pocos días de haber asumido la presidencia José Antonio Kast, seguidor de Jaime Guzmán, y cuando el 1 de abril se conmemoran 35 años de su muerte. n. Pese a que la justicia argentina concedió su extradición en 2010, los organismos de derechos humanos y la propia Cristina Kirchner actuaron para que el exfrentista consiguiera refugio político.
Se lo quitaron cuando, pese a alegar que en Chile no había Estado de Derecho, se supo que cobraba pensión por el Informe Valech y tramitó la renovación de los pasaportes de sus hijos y su mujer, quien laboraba en la Casa Rosada desde la época de los Kirchner y se ha mantenido en los gobiernos de Macri y Milei. | LILIAN OLIVARES AD PORTAS DE LA CONMEMORACIÓN DE LOS 35 AÑOS DEL ASESINATO DE JAIME GUZMÁN: La extradición de Galvarino Apablaza se solicitó por primera vez en 2005, durante el mandato de Ricardo Lagos.