CAE, compromiso incumplido
CAE, compromiso incumplido L a promesa de condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE) fue hecha sin un estudio serio que mostrara sus costos y la fuente para su financiamiento. Tampoco había un análisis básico de su retorno social.
Sí se sabía, en cambio, que la economía estaba en una trayectoria deprimida, que la situación fiscal era compleja y que la pandemia iba a dejar un conjunto de problemas pendientes, como la recuperación de los aprendizajes y la gestión de las atenciones de salud postergadas por la emergencia sanitaria. El abordaje de estos asuntos requería recursos que hoy han probado ser insuficientes, pero tampoco se pueden destinar más, porque deben generarse espacios para financiar la referida condonación. Mientras, el solo anuncio de esta ha generado un aumento considerable en la morosidad: a fines de 2021, los morosos eran 364 mil; dos años más tarde, llegaron a 539 mil.
De hecho, en el presupuesto de 2024 el Ejecutivo ya tuvo que destinar más de US$ 100 millones adicionales --totalizando US$ 300 millones-para cumplir con el aval del Estado frente al no pago de los créditos.
En la tramitación presupuestaria del año pasado, precisamente, el Gobierno firmó un protocolo en el que se comprometió a presentar un proyecto para materializar sus promesas y terminar con el CAE, antes de ingresar la Ley de Presupuesto 2025. Hace pocos días se crearon nuevas expectativas al trascender que hoy, en cadena nacional, el Presidente Boric delinearía el proyecto. Sorpresivamente, sin embargo, la iniciativa ha sido ahora postergada, con el argumento de que la agenda legislativa no daría espacio en estos momentos. Es un planteamiento que no resulta creíble. Después de todo, el tema fue una propuesta emblemática y el Gobierno está en la última parte de su tercer año sin dar esbozos precisos. La realidad es que se trata de una iniciativa cara y políticamente compleja. Ambos factores están entrelazados, más aún cuando el Ejecutivo tiene una situación fiscal difícil, sin grandes posibilidades de aumentar los ingresos estructurales y, por tanto, los gastos permanentes. Además, más allá de los morosos, había a diciembre pasado 356 mil personas al día y la autoridad ya anunció que no podía haber condonaciones sin incluirlas. Todo esto habla de la irresponsabilidad original del anuncio y de la poca capacidad del Gobierno, una vez comprendido el error, para gestionar el tema. Quizás se explique porque, en algún momento, algunas autoridades pensaron que una eventual sustitución del CAE generaría ahorros respecto de los desembolsos actuales, los que permitirían financiar, al menos parcialmente, la condonación.
Nunca estuvo muy claro cómo se hicieron esos cálculos, pero aquí no hay atajos: esta es una iniciativa onerosa, a menos que la condonación sea simbólica y se concentre en un grupo acotado de desertores, y se actúe para que morosos de ingresos suficientes se pongan al día y contribuyan al financiamiento de un crédito que debe ser sostenible. Ese camino no produce grandes dividendos electorales, pero, en las condiciones actuales, es la política responsable. Todo esto habla de la irresponsabilidad de haber prometido condonar esta deuda..